Uruguay: alternativas a la forestación

Idioma Español
País Uruguay

El conflicto con Argentina por las plantas de celulosa desvió los ejes principales de un debate que liga lo político y lo ambiental. Poco y nada se habla hoy sobre los problemas que trae el modelo forestal para el desarrollo local, algo que vienen denunciando desde los años noventa varios grupos ambientalistas uruguayos

Por Víctor L Bacchetta

La organización Redes-Amigos de la Tierra Uruguay es uno de los grupos ambientalistas locales que cuestionaron la política forestal desde su inicio. Brecha entrevistó a la socióloga María Selva Ortiz, oriunda de Tacuarembó, casada y con dos hijos, que integra Redes hace 16 años y coordina sus campañas públicas.

—¿Cómo funciona el grupo nacional de una organización ambientalista internacional?

—Amigos de la Tierra Internacional es una federación presente en 65 países. Los grupos en cada país tienen independencia en cuanto a las temáticas que trabajan y la forma cómo se organizan. En Uruguay somos una ONG de acuerdo con las leyes del país.

—¿Qué los llevó a empezar a enfocar en Uruguay el tema de la forestación?

—A principios de los noventa, cuando comenzamos a analizar junto con otras organizaciones los impactos ambientales, sociales y económicos de la forestación, ya se veía lo que está pasando hoy y el error político de haber adoptado este modelo para el país.

—¿A qué error político se refiere?

—En ese momento, Luis Stolovich hizo estudios que mostraban desde el punto de vista económico el error de dedicar las tierras agrícolas del país a la forestación. Tenemos tierras muy fértiles en un planeta en el que cada vez, a pesar de aumentar la frontera agrícola, se reducen más las áreas dedicadas a producir alimentos. Uruguay está destinando sus tierras a plantar árboles, cuando en el mundo se valoriza cada vez más la producción de alimentos. Entre el valor de una tonelada de madera y una de carne no hay comparación. Además estaban todas las externalidades de este modelo: subsidios, exoneraciones impositivas, créditos blandos, desgaste de la red vial, costos que eran asumidos por el Estado y recaerían sobre la población.

—Si desde comienzos de los noventa empezaron a movilizarse, ¿qué balance hacen de todos estos años de campañas de información y cuestionamientos a este modelo?

—Sucedió lo que decíamos que iba a pasar. En el libro Forestación, ¿un negocio para quién?, que publicamos en 1996 con otras organizaciones, pronosticábamos una serie de impactos. Hace dos o tres años, por una radio, Rosario Pou estaba reclamando, en nombre de la Sociedad de Productores Forestales, más apoyo aun, para que les resolvieran problemas como la caminería, el riesgo de incendios. Nosotros dijimos a principios de los noventa que esto iba a pasar y las empresas en aquel momento lo negaban totalmente.

A su vez, hay otro indicador. En las audiencias públicas de las plantas de celulosa hechas en Fray Bentos, en donde participaron unas 600 personas, los ambientalistas no tuvimos que hablar, porque la gente del lugar (Río Negro y Soriano) planteó las cosas que nosotros veníamos denunciando hace diez años. O sea, a pesar de que el modelo se ha ido consolidando, creo que hay una gran conciencia en la gente de que no le sirve a Uruguay y a los uruguayos.

—No obstante, estamos a unos meses del inicio de operaciones de la planta de Botnia y el gobierno no parece estar dispuesto a frenar su inauguración.

—Creo que los uruguayos nos hemos cuestionado el modelo de país que tenemos, por algo se votó un cambio, por algo llegamos a una crisis tan fuerte. Y el modelo forestal es parte de ese modelo de país. Sin embargo, no sólo no hemos cambiado el rumbo sino que este gobierno ha dado un respaldo mucho más fuerte al modelo forestal. Los productores históricos cercanos a las plantaciones, gente que conoce el campo, están sufriendo los impactos, se sienten perjudicados y no tienen a quién recurrir. Se sienten absolutamente impotentes para revertir un proceso que los está agrediendo y que los presiona para irse.

—¿Tienen algún ejemplo?

—Productores de Tacuarembó cercanos a las plantaciones forestales tienen graves problemas con sus corderos ya que los jabalíes les matan las crías. En la zona de Lambaré, cerca de Laureles, en Bañado de rocha, un productor tenía 60 ovejas con sus crías, pero en una noche los jabalíes le mataron 55 corderos y a su vecino unos 35. El problema siguió, a un promedio de cinco o seis corderos por noche, a pesar de que salieron a matar jabalíes. Esto es una pequeña muestra. Una pérdida económica que nadie va a cubrir, a la que se suma la falta de agua en el verano. Muchas veces los productores se sienten cada vez más presionados por los problemas económicos y tienen a una empresa multinacional ofreciéndoles cada día más dinero por sus campos. Esta gente no quiere irse, son productores como todavía quedan en Uruguay, que se hacen los abrigos con la lana de sus ovejas, pero las condiciones son cada vez más inhóspitas.

—¿Cuáles son las perspectivas?

—En primer lugar, esto es un cuestionamiento como país. En este invierno estamos viendo cómo sube el precio de la carne y de otros alimentos básicos para la gente común. En un país productor de alimentos, estamos enfrentando problemas alimentarios. El ministro de Ganadería dice que hay que seguir exportando carne porque esto es lo que sostiene a la economía nacional, pero las mejores tierras se están dedicando a monocultivos de pinos, de eucaliptos o de soja, que no están destinados a la alimentación humana.

Por otro lado, si miramos el país a futuro. ¿Cómo podremos colocarnos frente a las demandas de los mercados internacionales dentro de cinco o diez años? Hoy ya están pidiendo alimentos de calidad, naturales, certificados, en un mundo en el que hay una crisis muy fuerte en su calidad. Nosotros podríamos ser un país particularmente apropiado para alcanzar una buena posición en este campo. Si nos demandan más carne, más lácteos, ¿qué vamos a ofrecer? ¿Celulosa?

—¿Este modelo es elegido por el país o impuesto al país? ¿Cuál es su lógica?

—Este es un modelo que viene desde afuera debido a la presión de la banca multilateral, el Banco Mundial, y Europa. Es fruto de una sociedad de consumo que cada vez requiere más papel, incluso para usos superfluos, y que a su vez no quiere dentro de su territorio estas industrias. Entonces, lo bueno es trasladarlas a otras zonas. Se llevan la materia prima, que es la celulosa, y la fabricación de
papel, el valor agregado más importante y de menor impacto, la hacen allá. La parte sucia, que son los impactos sociales y ambientales del proceso, la dejan para nosotros, el vecino de atrás.

—Estas empresas dicen que su actividad en el país es social y económicamente beneficiosa, así como ambientalmente sustentable. ¿Es un doble discurso?

—Hace poco estuve con un periodista finlandés que había visitado la planta de Botnia y otros lugares. Yo le contaba que estas empresas no pagan ningún impuesto en toda la cadena productiva, no pagan cuando plantan los árboles, ni cuando construyen la fábrica en una zona franca, y además tienen un puerto para sacar la producción. El periodista me preguntó: "¿Pero esto es igual que la United Fruit?".
Esto es economía de enclave del siglo xxi, le dije. El problema es que es una economía de enclave con un gobierno de izquierda. Los europeos, muchas veces, no entienden por qué estas empresas cuando entran con la producción en sus países pagan impuestos pero aquí no lo hacen. Es un gran negocio para estas compañías, no para nosotros.

* Esta nota forma parte de una serie de entrevistas que el autor realizó a representantes de ong y diversos investigadores en la perspectiva de la inminente puesta en funcionamiento de la planta de
celulosa de Botnia

Fuente: Brecha

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