Argentina

A una semana de la aprobación de la importación por las autoridades regulatorias de Brasil (Comisión Técnica Nacional de Bioseguridad - CTNBio) del Trigo Transgénico HB4, que habilita a la empresa Bioceres a su liberación comercial en todo el territorio argentino, la Justicia Federal dictó una resolución judicial recepcionando los cuestionamientos de la sociedad civil y los planteos del Fiscal Federal Fabián Canda y la Defensora Pública Florencia Plazas sobre dicho evento transgénico, ordenando varias medidas urgentes, en razón del grave déficit que presenta la autorización del Estado Nacional, previo a resolver sobre la medida cautelar en la que se solicita su suspensión.

En esta tercera entrevista de la serie, conversamos con Marcos Filardi, abogado e integrante de distintos colectivos que luchan por la Soberanía Alimentaria.

El próximo martes, lanzamos una nueva serie audiovisual realizada con el apoyo de la Fundación Rosa Luxemburgo. Un viaje de la tierra a la mesa que, a lo largo de cinco capítulos, desanda el recorrido de los alimentos en busca de alternativas para lograr una armonía en nuestra relación con el ambiente. 

“Humo verde” no es un título deseado, es un título impuesto. Impuesto por quienes transforman la urgente y necesaria transición energética en un negocio y las posibles soluciones, en nuevos problemas.

Anteayer se realizó la audiencia pública por fumigación ilegal que intoxicó a más de 700 personas en Presidencia Roca, Chaco. Marcha dialogó con el ingeniero zootecnista Mauricio Tinari, integrante de “El Futuro está en el Monte”.

Ante la concreción de la autorización comercial del Trigo Transgénico de la empresa Bioceres, con tolerancia al agrotóxico Glufosinato de Amonio y resistencia a la Sequía, tras la aprobación realizada por las autoridades regulatorias de Brasil para la importación de dicho cultivo en forma de harinas, que habilita su liberación a cielo abierto en toda la Argentina; manifestamos su rechazo y denunciamos el gravísimo retroceso institucional y democrático que representa un profundo menoscabo a la soberanía alimentaria y viola el fin preambular de nuestra Constitución Nacional (el bien común) ya que las autoridades nacionales han decidido priorizar los intereses económicos particulares de una corporación (Bioceres) por encima de los derechos de la población en su conjunto.

"Se decreta suspender por el plazo de emergencia declarada la ejecución de sentencias, actos procesales o administrativos, cuyo objeto sea el desalojo o desocupación de las tierras contempladas en el artículo 1° de la presente medida. La posesión debe ser actual, tradicional, pública y encontrarse fehacientemente acreditada".

En este tercer episodio de compartimos desde Argentina el trabajo del Consultorio Técnico Popular (COTEPO) de la Unión de Trabajadores y Trabajadores de la Tierra (UTT).