Costa Rica

La Sala Constitucional ha determinado que la manera en la que se otorgan los permisos para liberar transgénicos en Costa Rica es inconstitucional, pues viola los derechos de todas las personas.

La biología sintética "es una tecnología que suma todos los problemas de los transgénicos, pero va mucho más allá en el quiebre de los equilibrios evolutivos naturales y en sus impactos sociales, económicos y ambientales." Del tema nos hablan Eva Carazo, ambientalista y Silvia Ribeiro, investigadora y quien actualmente reside en México.

Mientras las grandes transnacionales de la alimentos suben los precios a sus anchas, campesinos e indígenas costarricenses se les prohíbe comercializar carne a causa de una legislación desprendida del Tratado de Libre Comercio con Republica Dominicana Estados Unidos y Centro América (CAFTA por sus siglas en ingles) que impone requerimientos pretendidamente sanitarios pero que en realidad ha tenido un impacto negativo en el campo costarricense aún no cuantificado.

Una inquietud inusual rodea el informe de los primeros cien días después de décadas de gobiernos de turno que poco o ningún cambio era de esperar, sin embargo para la administración Solís la expectativa de cambio de su gestión puede ser inversamente proporcional a la erosión y descapitalización política que puede sufrir el nuevo gobierno.

Este jueves (7/8) el movimiento ecologista costarricense se movilizó nuevamente hacia la Corte Suprema de Justicia, donde la Sala IV (Constitucional) realizaba la primera audiencia sobre el recurso de inconstitucionalidad de tres artículos (117, 118 y 132) del Reglamento a la Ley de Protección Fitosanitaria, una herramienta jurídica usada por la Comisión Técnica Nacional de Bioseguridad (CTNBio) para otorgar a Monsanto el permiso de sembrar maices transgénicos en el país.

"La discusión sobre las violaciones a la Constitución Política giró sobre dos puntos. En primer lugar que el reglamento para otorgamiento de permisos para la liberación de transgénicos prohíbe el acceso a la información técnica evitando una participación efectiva e informada de la ciudadanía. En segundo lugar, que la actividad no exige una evaluación de impacto ambiental como requisito para otorgar los permisos."

Varias agrupaciones sociales latinoamericanas se dieron cita en Costa Rica para compartir experiencias de lucha y resistencia contra la expropiación agraria por parte de las transnacionales, en el marco de la celebración de los 20 años de la revista “Biodiversidad”.

"Gilberto Vázquez, agricultor de Juan Días de Nicoya, sabe que todos los años cuando inician las lluvias, tiene que preparar su macana y su churuco, porque llegó el momento de empezar la jornada que culminará con la cosecha, dos meses y medio después. “El maíz está para mediados de julio, pero hay que cosecharlo cuando se acerca la luna llena porque si no, se pica (ataque de insectos)”, afirmó el productor de 49 años de edad."