Guatemala

"Los intereses de los narco finqueros y personajes como Otto Pérez, Sinibaldi, Lainfiesta y otros, hacen que el MP promueva los desalojos de los comunitarios, también en esa estrategia se implica al Consejo de Áreas Protegidas (Conap), institución que no realiza ninguna acción en zonas del Biotopo Choco Machacas que están siendo deforestadas para la palma africana."

La semana pasada, cientos de pobladores xinkas se movilizaron hacia la capital guatemalteca, exigiendo el cierre definitivo del proyecto minero El Escobal y el respeto a su identidad como pueblo originario. Se estarían utilizando 1253 m³ de agua al día para extraer minerales, que equivale a lo que una familia campesina promedio consumiría en 96 años.

"A todas luces, esta Guía de consulta, que se plantea como documento base para la elaboración y aprobación del próximo reglamento de consulta en el Congreso de la República, tiene por finalidad fulminar todos los procesos de las resistencias comunitarias en los territorios indígenas y campesinos".

Las licencias El Escobal, aprobada en 2013, y Juan Bosco, en 2012, quedan suspendidas y como consecuencia la minera San Rafael debe detener sus operaciones. Las plantas extractoras cuyas licencias quedan sin efecto están ubicadas en Mataquescuintla, Jalapa, y Nueva Santa Rosa, Casillas, y San Rafael Las Flores, Santa Rosa.

"La violencia machista y física, así como las amenazas de asesinato y violación sexual de los hombres armados en contra de Lolita Chávez y sus acompañantes son la expresión visible de las lógicas del patriarcado colonial capitalista y neoliberal que entretejen el exterminio de la vida humana de los Pueblos Indígenas, así como la vida de las montañas, bosques, ríos, lagos, etc".

"Las organizaciones firmantes expresamos que impulsaremos todas las acciones legales que correspondan, dentro y fuera del país, al tiempo que desarrollaremos las acciones de reclamo que consideremos convenientes para divulgar estos hechos y proteger los derechos de las comunidades de los pueblos originarios".

El Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), instrumento de derechos humanos que adquirió carácter constitucional al ser ratificado por el Estado de Guatemala en 1996, ha sido objeto de constantes violaciones por parte tanto del Estado como de empresas que han impuesto proyectos extractivos en territorios de comunidades y pueblos indígenas.

"La Puya se ha convertido después de todo este largo proceso en un referente de la lucha por el agua, la vida y la defensa del territorio de manera pacífica y organizada. Desde el Movimiento Mesoamericano contra el Modelo extractivo Minero -M4- celebramos la decisión de la Corte Constitucional de Guatemala".