Guatemala

La semana pasada, el activista ambiental Rigoberto Lima Choc fue asesinado en el norte de Guatemala. Esto ocurrió justo después que un tribunal ratificara la denuncia presentada por Rigoberto contra la empresa de palma aceitera Reforestadora de Palmas de El Petén (REPSA), por la contaminación masiva que ha provocado.

El líder comunitario y recién electo concejal quinto por la Municipalidad de Sayaxché, Petén, Rigoberto Lima Choc, fue asesinado este viernes frente al Juzgado de Paz de esa localidad. El activista fue uno de los primeros en señalar el caso de contaminación en el río La Pasión.

Apenas 24 horas después de que una jueza suspendiera temporalmente a la empresa palmera Repsa, ésta mostró su enorme prepotencia, promoviendo que sus trabajadores bloquearan la carretera a Sayaxché, secuestraran a un líder comunitario y asaltaran el Centro de Administración de Justicia de Santa Elena. Durante el conflicto fue asesinado el dirigente Rigoberto Lima, recién electo concejal de Sayaxche.

Las integrantes de la Central Campesina Chortí Nuevo Día manifestaron su preocupación frente a la problemática ambiental, económica y social que se vive en su región, que tiene al centro el tema de la escasez de agua, por lo que “la lucha por el vital líquido es una lucha por la vida misma”, indicaron.

Sirva este trabajo para dejar memoria y hacer visibles los impactos sociales de las justas luchas de las comunidades de San José del Golfo y San Pedro Ayampuc contra el proyecto minero Progreso VII Derivada, punta de lanza de la industria extractiva contra una vasta región ubicada al norte de la ciudad de Guatemala y que se le ha denominado la “T” del Tambor.

Comunidades de la Franja Transversal del Norte, la Costa Sur y Sayaxché, Petén, manifestaron su rechazo a las compañías de Palma Africana instaladas en el país y exigieron a las autoridades investigar su posible responsabilidad en la contaminación de los ríos donde operan.

Desde CEIBA-Amigos de la Tierra Guatemala nos comparten testimonios de la consulta que rechazó megaproyectos en Malacatancito, Huehuetenango, siendo el municipio número 29 en decir no al extractivismo minero y las hidroeléctricas, de un total de 32.

Mujeres indígenas de Guatemala que se oponen a la presencia de proyectos mineros en sus comunidades denunciaron la situación de criminalización que afrontan por parte del Gobierno y empresas, así como la discriminación de la que son objeto al interior de sus comunidades.