Guatemala

Al Gobierno de Guatemala y autoridades competentes la urgente necesidad de garantizar los derechos campesinos, el acceso a la tierra y respeto a las formas de producción ancestrales y agroecológicas, los derechos campesinos no deben ser postergados, pedimos al Gobierno cumplir con la declaración suscrita por Naciones Unidas sobre los derechos de los campesinos y otras personas que trabajan en las zonas rurales. 

Que los pueblos, comunidades indígenas, multiculturales, agricultoras y campesinas del país han sufrido pérdidas considerables de sus cultivos a consecuencia de las sequías y efectos derivados del cambio climático y de la sobre explotación de los recursos naturales por actores externos a sus territorios, situación que es acentuada con la emergencia generada por la pandemia del COVID-19. En la temporada en que deberían estar cultivando sus tierras, acorde al calendario agrícola, están en sus hogares como una acción inminentemente necesaria y urgente.

Rechazamos rotundamente está ley. Por una parte el uso de agrotoxicos para las fumigaciones y asperciones aéreas son una fuente de contaminación del aire, suelo y biodiversidad, atentan contra las especies nativas y nuestros bienes naturales y diversidad biológica. 

La industria de la caña de azúcar esta provocando desplazamientos forzados, enfermedades renales, contaminación y perdida del cultivo tradicional en las comunidades de la costa sur de El Salvador, Nicaragua y Guatemala.

En Guatemala, un reglamento que permite la producción y comercialización de semillas transgénicas entre los países del Triángulo Norte se encuentra suspendido de manera temporal.

La Alianza de Autoridades Ancestrales del Departamento de Sololá 13 Imox hizo una invitación memorable y convidó a la “Declaración del Lago Atitlán como ser vivo”. Las autoridades indígenas, representando a sus comunidades, fueron directas: “Al agua se les respeta, se le habla, se le conversa, se le acaricia, se le transmite alegría y tristezas”.

Organizaciones sociales se pronuncian en rechazo a la normativa de transgénicos que permite la producción y comercialización de semillas genéticamente modificadas en el país.

"A partir de su función como defensor de los derechos humanos ha sido atacado en los medios de comunicación conservadores, amenazado de muerte y criminalizado y acusado falsamente por parte de personas y entidades que promueven el odio. Dentro de estas acusaciones se encuentra la acusación por difamación, calumnia e injuria, realizada el 10 de junio de 2013 por del presidente de la Fundación contra el Terrorismo, Ricardo Menéndez Ruiz, hijo del exgeneral y ministro de gobernación en tiempos del dictador Ríos Montt".