Los megaproyectos violan gravemente los derechos humanos y generan muerte, sostuvo la Red Mexicana de Afectados por la Minería (Rema), que lamentó, en un boletín, la declaración del gobernador Héctor Astudillo Flores, quien dijo la semana pasada que no ve violación a los derechos de los pueblos indígenas en la presa La Parota y las concesiones mineras.
"La certificación individualizada de las tierras ejidales ha generado un nuevo mercado de tierras ejidales en el que participan empresarios foráneos. Este mercado, aunque legalmente permitido, significa el despojo del patrimonio comunitario principalmente para las mujeres, jóvenes y niños residentes de los ejidos y comunidades que no tienen derecho a participar en la toma de decisiones sobre el destino de las tierras ejidales y comunales, que por lo general son poco beneficiados de los ingresos monetarios obtenidos con la venta de tierras”.
Participación de Cecilio Mota Cruz, integrante de la Fundación Semillas de Vida, en el cine-debate organizado por Otros Mundos A.C. el 18 de septiembre 2018 en el Foro Cultural Kinoki de San Cristóbal de las Casas, Chiapas, México.
El pasado 19 de septiembre, un grupo de sujetos sin identificar (cargadores y golpeadores), acompañados por un cuerpo de 400 granaderos, desalojaron a la comunidad Otomí, quienes mantenían un campamento en las calles de Roma 18 y Liverpool en la delegación Cuauhtémoc de la CDMX.
"Los mayas que somos, y que caminamos con dignidad, no nos vamos a callar ni mucho menos nos vamos a hincar ante la empresa-gobierno y sus “atractivas” ofertas para engañarnos en las comunidades. Son muchos los megaproyectos que acechan a la Península de Yucatán, tienen como finalidad despojarnos de nuestro territorio para apoderarse de nuestros recursos naturales y explotarlos para beneficio de unos cuantos".
“Se ha hecho en sigilo, utilizando un camino alterno, pero se ha visto a camiones con cerdos tomar el camino que lleva a la granja”, señalaron los integrantes de la organización, quienes aseguraron que se trata de una violación por parte de la empresa Kekén al acuerdo de “esperar a que concluyan todos los procesos jurídicos antes de entregar cerdos a la megagranja”.
El gobierno ha establecido la obligación a las empresas de presentar a la Secretaría de Energía una Evaluación sobre el Impacto Social (EIS) de sus proyectos extractivos en el Sector Energético, según se establece en los Reglamentos de la Ley de Hidrocarburos y de la Ley de la Industria Eléctrica.
Nuestros tiempos de resistencia y sus tiempos de devastación se agolpan y colisionan estallando un futuro incierto pero angustioso para las comunidades de la llamada Cuenca del Valle de México.
El 8 se septiembre llegaron personas armadas al domicilio de Margarito Díaz González, representante del Consejo de Seguridad de Wirikuta, en Aguamilpa, municipio del Nayar, estado de Nayarit, y lo asesinaron con disparos en su rostro.
Más de 15 ejidatarios de Acuexcomac, Atenco, fueron atacados “a punta de balazos y golpes” y desalojados del campamento que mantenían desde meses atrás para impedir el paso de góndolas y transportes que conducen material pétreo hacia el polígono del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (NAICM), denunció el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra (FPDT).
La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) está por resolver, este miércoles 12 de septiembre, el amparo en revisión de un juicio iniciado en 1999 por la comunidad indígena de Tepoztlán para la restitución de 280 hectáreas en donde una empresa pretende construir un campo de golf.
"Durante el Primer Encuentro Regional de comunidades de la Sierra Juárez en defensa del Territorio, celebrado el pasado fin de semana en Guelatao de Juárez, reflexionaron sobre los posibles impactos que podrían causar los megaproyectos que se pretenden implementar en su región, así como articular esfuerzos para la defensa de su territorio".
Se les conoce como “sembradores de agua” porque lograron recuperar el manto acuífero de su región, en el valle de Ocotlán. Ahora temen que la decisión de EPN permita la explotación del recurso y lo vuelvan a perder.
El Colegio de la Barra de Abogados de Campeche anunció hoy que se sumará a la lucha que los indígenas mayas han emprendido contra la siembra de transgénicos, y a favor del cuidado y preservación del ambiente, en el marco del anuncio de la suscripción de un convenio con mujeres emprendedoras mayas para la constitución legal de su empresa comercializadora de miel y sus derivados.
En esta temporada de cosecha, no espigarán las milpas, ni habrá fiesta en los bienes comunales de Cacahuantepec porque el gobierno se obstina en darles trato de delincuentes a los campesinos que se han atrevido a empuñar su acero para defender sus tierras. Su consigna de que ¡la tierra no se vende, se ama y se defiende! les ha costado muy caro. ¡Demandamos el cese de la persecución contra miembros del CECOP!
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