Paraguay

Unas 140 familias campesinas reocuparon las tierras en las que residen desde hace 13 años, tras un operativo de desalojo registrado esta semana en San Vicente, Departamento de San Pedro.

Con un llamado a defender la vida ante el modelo de muerte que plantea el agronegocio culminó ayer el Seminario Regional sobre Agronegocios, Derechos Humanos y Soberanía Alimentaria. El espacio organizado por BASE-IS junto a las organizaciones de La Vía Campesina en Paraguay reunió a un centenar de hombres y mujeres referentes de organizaciones Campesinas e Indígenas.

"Con el análisis de los principales temas abordados en el Informe se lanzó ayer Con la Soja al Cuello 2021, la séptima edición del informe sobre agronegocios en Paraguay. Los expositores y el público presente, marcado principalmente por la presencia decenas de dirigentes de organizaciones campesinas e indígenas, coincidieron en la necesidad de aunar esfuerzos para superar la crisis provocado por el modelo productivo excluyente".

La oleada de desalojos forzosos que vienen siendo ejecutados en las últimas semanas y que afectan a comunidades campesinas e indígenas ha generado una gran preocupación en el sector campesino,ante esta situación las organizaciones del campo articulan fuerzas para defender el territorio.

En la última semana al menos 300 familias campesinas fueron víctimas de desalojos forzosos, comunidades con varios años de existencia sufren la violencia estatal que busca liberar los territorios para el avance del modelo sojero. Los casos de las comunidades Edilson Mercado, de Canindeyú, y Cristo Rey, de San Pedro, muestran un patrón de actuación por parte de las instituciones estatales que no respetan las normativas vigentes a nivel nacional e internacional y que se presume buscan dejar vía libre para el avance de la sojización.

"El dictamen del Comité reconoce las violaciones de los Derechos Humanos de la Comunidad y obliga al Estado paraguayo a sancionar a los responsables, reparar integralmente a la comunidad y tomar medidas para que estos hechos no vuelvan a afectar a otras comunidades. "

En una extensa sesión y tras más de cinco horas de discusión el Senado aprobó por 29 votos a favor y 13 en contra la Ley que criminaliza la lucha por la Tierra. Con esta Ley los representantes del sector terrateniente en el congreso pretenden perpetuar la injusta distribución de tierras existente en Paraguay, donde el 85% de las tierras está en manos de el 2,5% de los propietarios.

Trabajos realizados después de los incendios indican que uno de los principales riesgos ambientales en Jasuka Venda tienen relación con la invasión de especies exóticas y la falta de medidas efectivas por parte de las instituciones públicas.