Colombia: HidroItuango: corrupción empresarial produciendo desastres ambientales

La imagen que presenta el empresariado antioqueño en el país es de eficiencia y alta responsabilidad social. Lo reafirman en planes, revistas, libros y en toda su maquinaría de relaciones públicas lo cual incluye el juego limpio con el medio ambiente, una prioridad en sus políticas dado el alto grado de impureza que tiene el aire de Medellín encajonado en el estrecho valle de Aburrá.

En realidad es mera retórica, por lo menos para sus actuaciones más allá de su ciudad capital. Hay que palpar la suciedad que produce el carbón en las antiguas instalaciones de cementos del Caribe de la empresa Argos en Barranquilla o su planta de mezclado en la circunvalar cerca de la Vía 40. La renuencia de Isagen en la habilitación de varios tramos de una carretera inundada en la cuestionada represa de Hidro Sogamozo en el río del mismo nombre, en el departamento de Santander y los problemas con las comunidades cercanas, entre ellas La Playa y El Llanito.

Por desgracia, estos sucesos son una perfecta nimiedad frente al desastre que ha generado en el río Cauca la todopoderosa Empresas Públicas de Medellín, una multinacional latina con un portafolio de inversiones en diversos países y sectores que decidió, frente a voces disonantes de protestas, acometer la construcción de la represa de Ituango en el caudaloso río Cauca, en el departamento de Antioquia.

¿Y de qué trata el proyecto HidroItuango?

Ubicado en el noroccidente del departamento de Antioquia, en un cañón entre las cordilleras central y occidental, Hidroituango es la obra de infraestructura de mayor envergadura construida en el país, tanto que su área de influencia incluye a 12 municipios.

La obra empezó durante la gobernación de Sergio Fajardo con la entrega de tierras como aporte, aunque ahora el candidato presidencial niegue enfáticamente este hecho. Consiste en el desvió del cauce del río Cauca, en un cañón, para allí levantar una presa de 225 metros de altura y 20 millones de metros cúbicos de volumen con el propósito de generar energía eléctrica.

Para acometer el gigantesco proyecto, las Empresas Públicas de Medellín hizo una tala de árboles de 4500 hectáreas de bosque seco tropical, con la consecuente afectación de la flora y la fauna y que acuerdo a un estudio del Instituto Alexander Von Humboldt en el año 2015 solo dejó el triste 8% de los 9 millones de hectáreas de ese ecosistema. Para mitigar el proceso, en el 2016 se planteó un Foro Ambiental que fue más bien una muestra publicitaria que un plan de acción que incluía un Plan de Manejo Ambiental para restaurar 17.000 hectáreas de bosque tropical discriminadas en 14.000 en bosque seco y 3000 en bosque húmedo con un área de protección de 1650 hectáreas de manejo y conservación de ecosistemas con establecimiento de corredores biológicos, regeneración natural, revegetalización y plantaciones forestales. Todo muy bonito en planes pero reducido en la práctica a un manual de buenas intenciones. El “dulce” para las comunidades es la promesa de la práctica de actividades turísticas en la zona inundada de la represa y el control sobre las inundaciones del río Cauca que ha resultado exactamente lo contrario.

Todo un crimen empresarial contra el medio ambiente, “apagado” convenientemente en los ultraconservadores medios de comunicación de Medellín y sin aparente interés por los bogotanos. Lo terrible de la destrucción de estos árboles es que funcionan –funcionaban- como georreferenciación para la búsqueda de los cuerpos sepultados tras las masacres producidas en esa zona por el conflicto armado y que obviamente sus parientes no podrán encontrar en una desaparición insólita de la memoria, pues pese a las advertencias sobre este hecho, la empresa decidió en aras de la prisa, seguir adelante.

A dónde van los desaparecidos

Según el Centro de Memoria Histórica en la zona se encuentran 643 víctimas de la desaparición forzada, el Registro Único de Victimas contabiliza 622 mientras que el Registro Nacional de Desaparecidos indica 343.

Según la corporación Ríos Vivos en los 12 municipios que abarca el proyecto, durante el conflicto armado se presentaron 62 masacres que dejaron un total de 372 asesinatos distribuidas así por municipio: Valdivia (6 masacres y 68 víctimas), Ituango (11 masacres y 71 víctimas), Yarumal (6 masacres y 38 víctimas), San Andrés de Cuerquia (5 masacres y 32 víctimas), Santa Fe de Antioquia (5 masacres y 23 víctimas), Briceño (5 masacres y 22 víctimas), Peque (4 masacres y 31 víctimas), Buriticá (5 masacres y 22 víctimas), Sabana Larga (4 masacres y 26 víctimas), Toledo (4 masacres y 23 víctimas) y Liborna (3 masacre y 19 víctimas).

La financiación del proyecto

La EMP en desarrollo de su Plan de Financiación 2017-2020 firmó el 29 de diciembre de 2017 un crédito por US $1000 con IDB Invest, del sector privado del Banco Interamericano de Desarrollo buscando una fuente parcial de financiación de Hidroituango que queda en lo concerniente a estructuración financiera así: recursos propios de la EMP 36% y deuda 64%. En el fondo IDB Invest se encuentran recursos de China Fund, un fondo de cofinanciamiento de ese país. La operación fue autorizada por el Ministerio de Hacienda mediante la resolución No. 4497. Otros aportes de financiación del proyecto provienen de los fondos CDPQ, KAFW IPEX, BNP Paribas, ICBC, Sumitomo Mitsui, BBVA y Banco Santander. En otras palabras, grandes jugadores financieros de Norteamérica, Asia y Europa.

En total el proyecto Hidroituango tiene una inversión total de 11.4 billones, un avance de obra del 80% con un horizonte –ahora incierto tras la crisis- de generar a finales de 2018 los primeros 300 de los 2400 megavatios de su capacidad total de generación.

Los estudios ambientales y geológicos

En los estudios previos del proyecto Ituango, las Empresas Publicas de Medellín contrataron un estudio sobre los diversos impactos que podría tener eventualmente la obra de la represa en todas sus variables: geológicos, fauna, aguas, flora, culturales, poblacionales que permitía adecuar un plan de mitigación de sus impactos.

Por lo menos en teoría así deber ser. El estudio previo de geomorfología dice sobre las condiciones del escenario del proyecto: “Geomorfología de estrechez y vertientes empinadas, estabilidad de terreno: en general no representa un problema importante de estabilidad del macizo, pero si generan segmentos que podrían requerir esfuerzos para evitar desplomes de roca. La foliación sin planos irregulares, onduladas, no siempre puede considerase esta estructura un plano de debilidad, pues puede presentarse soldada”. En síntesis, una estabilidad geomorfológica irregular que en un evento especial –por ejemplo un terremoto, lluvias torrenciales o intervención inadecuada- es susceptible de ceder.

En el impacto ambiental el informativo del estudio de la EPM tiene mayores niveles de concreción en lo referente a la modificación de la calidad del suelo: “Los movimientos de tierra requeridos para realizar el descapote, las excavaciones superficiales y la disposición de sobrantes de excavación, afectan la estabilidad estructural del suelo y lo exponen a una degradación de su estructura disminuyendo el tamaño de los agregados. El transporte, acarreo y la pavimentación compacta y sellan el suelo por disminución del espacio poroso, disminuye la capacidad de filtración, flujos de aire y agua, aumentando la densidad”. Más adelante veremos como la mala disposición del descapote en zonas especiales delimitadas en el proyecto, además de la tala de árboles, fue causa de enfrentamientos entre grupos de la comunidad con la EPM.

Lo curioso del caso es que diversos grupos de ambientalistas y corporaciones habían advertido, antes del inicio de las obras, de la inestabilidad del terreno y del peligro consecuente para las comunidades involucradas, de su construcción. Hoy, parte de esas pesadillas iniciales se han convertido en desalentadora realidad.

Agua que no has de beber

Si por los lados del estudio del terreno no “pintaba” bien, por las aguas menos. Nada menos que el sector primordial del proyecto, tal como es la desviación del río Cauca, su represamiento y la posterior devuelta –tras la generación de energía – a su cauce.

Según el estudio la magnitud del problema es muy alta con una calificación de 0.6 que señala que “según los resultados de la caracterización del río Cauca, el cual contiene altas cantidades de nutrientes como nitrógeno y fosforo, el embalse tenderá a ser eutrófico con puntos donde habrá anoxia total, lo cual afectará la calidad del río aguas debajo de la presa”.

Traduzcamos el lenguaje técnico. Eutrófico es un medio natural rico en nutrientes lo cual indica que en algunos puntos precisos el embalse tendrá esta especial condición ya traída por el río Cauca. Anoxia significa falta de oxigeno en las aguas, lo que produce la muerte de los seres vivos que allí se hallan. Así que las aguas del embalse saldrán con esta calidad de anoxia afectando, lo dice explícitamente el estudio, la calidad del río Cauca aguas debajo de la presa.

Aquí viene una contradicción en el mismo estudio sobre el nivel de vulnerabilidad: “aunque el agua del embalse es de mala calidad, aguas abajo el río Cauca se recuperará por las condiciones de turbulencia. Sin embargo, en el embalse como tal, la afectación será permanente”. Ello significa que las actividades turísticas, recreacionales y de pesca en las aguas de la represa es simple espejismo publicitario.

El reconocimiento general del estudio de la EPM sobre el entorno del proyecto señala que “la etapa de operación y mantenimiento implica la modificación de las dinámicas y comportamientos de los cuerpos de agua”.

La crisis de la represa antes de su puesta en marcha

El primer llamado de alerta se dio el 28 de abril de 2018. Uno de los túneles de llenado y desvío de la presa se taponó por la inestabilidad del terreno –hecho cuya probable ocurrencia había sido advertido en estudios y por miembros de corporaciones ambientalistas (en especial la Ríos Vivos de Antioquia) con la consecuencia que las aguas quedaron, literalmente, “represadas” ocasionando una inundación en la parte alta del embalse.

Eso por un lado. Detrás de la pared, de la represa cuya altura es de dos veces el tamaño del icónico edificio Coltejer de Medellín, dejaron de pasar las aguas al rio Cauca con la consecuente pérdida de su caudal, el surgimiento de playas e islas y la mortandad de peces por los bajos niveles. Además, la comunidad en las riberas, ante el extraño fenómeno, temió una gigantesca avalancha que arrasará con lo que encontrara a su paso.

Mientras que EPM se aferra a la causa de la emergencia, según ellos producto de una falla geológica inesperada, la corporación Ríos Vivos dio otra versión. Señalan que por la no disposición adecuada en las áreas delimitadas para tal fin, se produjo un taponamiento con gran cantidad de material vegetal. Por supuesto que los partes de control del suceso a cargo de la empresa y de las autoridades han estado en el orden de estos días, pero los tozudos hechos los desmienten.

Ante el matiz que lentamente fue adquiriendo la tragedia ambiental y el ruido mediático, la EPM adoptaron un plan de choque en todos los sentidos. En el plano técnico, ante el peligro de un rebosamiento de la represa y la carencia del mínimo control sobre las aguas, decidieron inundar el costoso y sin entrar en servicio, cuarto de maquinas, tratando de evacuar la gran cantidad de agua represada. Al soltarla en toda su intensidad en el cauce desguarnecido del río Cauca, subió su caudal a niveles históricos nunca vistos, sumergiendo y tumbando puentes. Uno de ellos, en temporada normal, se encuentra casi a 40 metros sobre el nivel del río. Total, poblaciones inundadas en sus partes bajas, carreteras desaparecidas o llevadas por la corriente en un escenario de catástrofe ambiental.

El río Cauca en el cañón, es un inmenso río repleto de árboles muertos en proceso de descomposición apilados sobre las riberas en medio de una inundación generalizada. Según las víctimas, nada de lo que se predijo en informes y estudios del proyecto se encuentra funcionando y por ellos es necesario evacuar la represa, de forma controlada y segura, con una búsqueda de las personas desaparecidas en la correntona general por la venida impetuosa de las aguas, la emergencia humanitaria de las comunidades en riesgo del bajo Cauca y la sanción a los responsables de esta hecatombe.

Las comunidades amenazadas y perseguidas

No solo ha habido un engaño sistemático a las comunidades involucradas con este proyecto. Se les ha perseguido con escuadrones del ESMAD e incluso se ha llegado al asesinato de 2 sus líderes. Desde la corporación Ríos Vivos, Isabel Cristina Zuleta dijo “es indignante que EPM siga diciendo que tiene bajo control la situación. La empresa debió haber previsto que en el cañón las montañas y laderas se derrumban con mucha frecuencia”. Como si fuera poco, usando medios legales e ilegales, a la citada corporación se le descalifica y hostiga por su oposición decidida al proyecto que incluye la presencia de miembros de este grupo dentro de las comunidades amenazadas por la fuerza para hacerlas huir de sus parcelas.

Dentro de este cruel panorama de corrupción empresarial y política, dos líderes de la comunidad Ríos Vivos fueron asesinados: Hugo Albeiro Georgio Pérez y Alberto Torres a quién la Secretaría de Gobierno de Antioquia Victoria Eugenia Ramírez, indicó que no pertenecían a esta organización y para colocarle una fresa al pastel, que la Corporación Vivos carecía de personería jurídica como si el derecho de asociación no fuera libre para ejercer derechos ambientales colectivos.

La Procuraduría General de la Nación pidió la activación del Comité Nacional para el Manejo de Desastre para garantizar la prevención sobre el represamiento artificial del río Cauca por parte de un proyecto empresarial. Lo curioso del caso es que en todo este proyecto se encuentran vinculados, como socios o aportantes; la Alcaldía de Medellín a través de EPM y la Gobernación de Antioquia, que se constituye en juez y parte del proceso. La comunidad afectada requiere, según lo indican en un comunicado, “por enésima vez que el Ministerio del Interior atienda nuestro llamado para poner en marcha el Plan de Protección y Prevención colectiva del Movimiento Ríos Vivos. Que la Agencia Nacional de Licencias Ambientales, ANLA, se pronuncie sobre la visita técnica de emergencia realizada al proyecto Hidroituango tras la obstrucción de los túneles generados por el proyecto mismo y que la Gobernación de Antioquia, mayor inversionista del proyecto, cumpla con los compromisos pactados con Ríos Vivos en el marco de la mesa para solución de conflictos minero energéticos”.

El río Cauca nunca más será el mismo después de esta intervención del represamiento de sus aguas. Las autoridades ambientales han tenido un comportamiento laxo con el proyecto y el eje del poder empresarial antioqueño, desde Medellín, ha demostrado una vez más su profundo desprecio por las poblaciones alejadas del valle de Aburrá y el rico nororiente antioqueño. Las comunidades cercanas a las riberas del río Cauca, del Magdalena y de su zona caribeña no cuentan para ellos.

Es que con un proyecto de 12 billones de pesos, considerado el más grande construido en la infraestructura nacional, las leyes, reglamentos, resoluciones, comunidades y el sentido común, no interesan. Un capitalismo salvaje en que para colmo de males se encuentra vinculado como socios entidades territoriales actuando contra sus propias comunidades sin que nadie les diga nada.

Un panorama general que implica, por acción u omisión, la corrupción galopante de los aparatos del estado.

15 de junio, 2018

Por Jan Slodvak / Corrupción Al Día

Fuente: El Salmón