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Autor Raquel Schrott y Ezequiel Miodownik - Agencia de Noticias Biodiversidadla Idioma Español Pais Argentina Publicado 14 febrero 2011 14:25

Argentina: Paula Ferreira sobre el respaldo del Ejecutivo mendocino a San Jorge

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7 de febrero, Coro Mining Corp. anunció que el gobierno de Mendoza firmó la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) que autoriza el funcionamiento del Proyecto San Jorge en la localidad de Uspallata y que la misma fue enviada a la Legislatura para su ratificación. La Asamblea Popular por el Agua dijo que el emprendimiento sólo se detiene en la calle. Entrevista a Paula Ferreira (21), estudiante de Letras y activista de la Asamblea Popular por el Agua de Mendoza.

Por Raquel Schrott y Ezequiel Miodownik para la Agencia de Noticias Biodiversidadla <agenciabiodla@gmail.com>.*

P: Famélica empresa canadiense. ¿Por qué se refieren de esa forma a la controladora de Minera San Jorge (MSJ)?

R: Hemos visto las cifras de las acciones de Coro Mining; no les van a permitir afrontar ni la etapa de construcción ni de explotación de un proyecto de esa magnitud. Decimos famélica porque no tiene el dinero para afrontar las etapas que se vienen, si es que San Jorge se llega a aprobar. Especulamos, sabiendo cómo se maneja el mercado de las mineras, que una vez que logre la aprobación venderá a otra empresa el proyecto. No sabemos siquiera contra quién vamos a tener que estar luchando el día de mañana. Coro es una empresa muy pequeña en comparación a las grandes trasnacionales. Y por eso ha cometido tantos errores de procedimiento. Hay otras empresas que, por decirlo de alguna forma, la tienen muy clara para que los gobiernos aprueben sus proyectos.

P: Aunque la producción de cobre y oro no comenzó, afirman que el proyecto ya contamina, pero que esa contaminación es social.

R: Fue muy gráfico en la audiencia pública, el 26 de octubre de 2010, porque la población de Uspallata ha quedado muy dividida. Es lo que está sucediendo en Andalgalá (Catamarca): No le compres a ese mercadito porque es pro minero. Una maestra de escuela dijo que los chicos van con gorras distintas al colegio: la asamblea de autoconvocados ha hecho remeras, ha hecho gorras, y en Uspalllata se ha creado, tratando de imitar esta organización asamblearia, una supuesta asamblea que se llama Uspallata 2030, que en teoría está apoyando el proyecto. La división es terrible. Tuvimos que organizar una radio comunitaria para tener una voz confiable respecto al tema; los otros medios estaban todos comprados.

P: ¿Cuáles son las condiciones a las que tendría que someterse San Jorge para poder operar?

R: El proyecto, extraiga como extraiga, va a ser destructivo. Lo que se le ha impuesto es que impermeabilice no sólo la playa de maniobras, sino también la escombrera y no recuerdo que otro sector de la planta. Estaba la posibilidad de que la cuenca de Yalguaraz, que es donde estaría el proyecto, tuviera conexión con la cuenca del río Mendoza y que, si llegara a haber algún derrame, se contamine el agua de todos los mendocinos. Se ha creado una Unidad de Gestión Ambiental (UGA), que supongo que implicará visitas periódicas al lugar... Tampoco es garantía de nada, pero esto es lo que ha tratado de hacer el gobierno para dejar tranquilos a los mendocinos.

P: Y creen que esos condicionamientos son ridículos... Parches.

R: Quienes van a estar controlando tienen íntima relación con los miembros de la empresa... El ministro de Infraestructura tiene a su cargo la Dirección de Minería, que es una de las partes que otorgaron la DIA, y es miembro del bufete de abogados que representa a Minera San Jorge. El ministro se ha retirado de este bufete cuando asume sus funciones en 2007. Además, se vio a la directora de Minería con el presidente de la empresa; es muy evidente la relación que hay. Ya sabían que se iba a aprobar este proyecto, sino la empresa no hubiera desembolsado la cantidad de plata en prensa que desembolsó, porque ha tenido que luchar contra la imagen negativa que tiene la actividad minera en la provincia.

P: Según la compañía, 141 litros de agua por segundo equivalen al consumo de una viña mendocina de sólo 70 hectáreas. Sin embargo, la asamblea ha señalado que permitirle a una empresa como San Jorge utilizar una cantidad semejante es vergonzoso.

R: Estamos en emergencia hídrica desde el año pasado. Nos piden que restrinjamos el consumo de agua: a los ciudadanos no nos dejan regar, no nos dejan lavar el auto, cosas de la vida cotidiana... Los productores agrícolas y vitivinícolas nos dicen cómo les están recortando el suministro, sin embargo, van a aprobarles el consumo de agua... No es para consumo humano, no es para consumo animal, no es para regar la producción agrícola, sino para lavar metales. La empresa en su informe establece que el agua la va a extraer del arroyo El Tigre, pero los mismos pobladores de Uspallata, que conocen el arroyo mejor que cualquier empresario y funcionario, nos dicen que en años secos, en invierno, no corre por el arroyo esa cantidad de agua. ¿De dónde va a estar extrayendo el agua San Jorge cuando no tenga el caudal que necesita?

P: Llevan cuatro años de lucha, el mismo período que dura una gestión de gobierno. ¿Piensan instalar sus reclamos durante la campaña política que se espera para este año?

R: Sí, completamente. El gobernador ha defendido con garra la aprobación de este proyecto y quiere que se apruebe antes de que termine su gestión, en diciembre de este año. Siempre se complica el panorama para las asambleas en un año electoral, porque hay oportunismo: muchos partidos se nombran parte de la causa. Ya ha dicho gente de la oposición que van a retardar lo más que puedan el proceso, que quieren estar seguros, que quieren informarse, que no van a votar en bloque, que van a votar con conocimiento. Aprobar San Jorge es una cuestión fundamental para la gestión actual: para la oposición será bandera de batalla.

P: Si la Legislatura finalmente confirma el espaldarazo que San Jorge obtuvo del Ejecutivo provincial, ¿cómo se detiene el proyecto en la calle?

R: Tendremos que hacer lo mismo que han hecho asambleas a lo largo del país, como lo han hecho La Rioja y Andalgalá: estar deteniendo la llegada de los camiones e impedir que se construya. Eso requiere obviamente un nivel de radicalización que Mendoza no tiene, pero que en el momento que se apruebe San Jorge es muy probable. Esas cuestiones surgen de la sociedad cuando tienen el conflicto presente. Nosotros sabemos que si es necesario estar en la calle y cortar Uspallata todos los días para que los camiones no se instalen, vamos a estar ahí. La gente tiene la decisión tomada.

* Raquel Schrott y Ezequiel Miodownik estudian el desarrollo de conflictos por los bienes naturales en Argentina y el potencial de Internet para la distribución de información dedicada. (http://www.autistici.org/ocrn/).

Esta obra está licenciada bajo una Licencia Creative Commons Atribución 2.5 (Argentina). (http://creativecommons.org/licenses/by/2.5/ar/).

Temas: Minería

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