Impactos de las hidroeléctricas en Latinoamérica: "Pasamos de un ecosistema donde el agua fluye a un lago estancado"

Ahora estamos viendo que, ante la necesidad de generar nuevas fuentes de energía, se vuelve a pensar en las grandes represas. Así describe Elba Stancich, encargada del área Aguas del Taller Ecologista de la ciudad de Rosario, una de las problemáticas que aborda la ONG: cómo las obras de infraestructura ponen en riesgo la calidad del agua.

Trabajamos en temas relacionados a lo ambiental desde una perspectiva política y social, dice Stancich, de 49 años. Con un discurso de que son energías limpias vuelven a ser reflotados antiguos proyectos, señala sobre el renovado impulso que tienen los emprendimientos hidroeléctricos en la Argentina y la región.

Según explica Stancich, la Argentina cuenta con alrededor de 100 represas de las grandes ―con una altura mayor a los 15 metros o embalses de más de 3 millones de metros cúbicos, según la Comisión Mundial de Represas (WCD, por sus siglas en inglés)―, dos de las cuales son binacionales. Actualmente, varias provincias del país tienen licitaciones en marcha y otras dos represas binacionales estarían avanzadas: Corpus (Argentina-Paraguay), en el Alto Paraná, y Garabí (Argentina-Brasil), en el Río Uruguay. Los países están trabajando en conjunto para empujar estos proyectos, apunta.

Una cuestión de injusticia ambiental

―¿Cuál es la dimensión de los daños que ya han ocasionado las represas en el país?

Stancich.―Toda represa afecta la calidad del agua del río, porque pasamos de un ecosistema donde el agua fluye a un lago estancado. Hay una transformación importante en cuanto a cómo funciona el ecosistema acuático. Los grandes reservorios de agua generan microclimas y hay un cambio en ese sentido cerca de la represa. Generan problemas con el agua subterránea y afloramiento de agua en varios lugares. Las que han desplazado a poblaciones generan grandes impactos sociales.

Nosotros tenemos dos casos llamativos: la represa Salto Grande con Uruguay, en la que se relocalizó una ciudad completa (Federación); y el otro caso, que tiene relevancia mundial por la gravedad de sus impactos sociales, es la represa de Yacyretá en el Río Paraná, donde hasta el día de hoy quienes han sido relocalizados no han recuperado la calidad de vida que tenían antes. Incluso hay muchos que todavía no tienen las reparaciones justas que hubiesen correspondido. Todavía no llegó hasta su cota final, la altura final del nivel de agua. Por lo tanto, todavía hay mucha población que tiene que ser relocalizada.

―Entre los beneficios que se les atribuyen a las hidroeléctricas y los impactos que finalmente conllevan, ¿cierra la ecuación?

Stancich.―Hay un informe muy interesante de la WCD que se encaró a nivel global y por instituciones diversas: participaron gobiernos, empresas constructoras, afectados, organismos como Naciones Unidas y demás... Tiene unas conclusiones donde sale a la luz, después de haber revisado muchos casos, que los beneficios a lo largo de la vida de una represa no han sido tantos como los que se habían previsto. Los daños que causan las represas siempre han sido mayores que los que se preveían originalmente; el balance es negativo. Nosotros estamos planteando que es un tipo de generación de energía que habría que revisar, sobre todo estos grandes emprendimientos.

En algunos sitios de nuestro país se pueden plantear pequeñas represas hidroeléctricas que no generan impactos. Esto tiene que ser visto de manera cuidadosa: si en una misma cuenca vamos a poner muchas pequeñas represas pueden acumularse los impactos. Habría que analizar proyecto por proyecto para ver si los daños pueden ser minimizados. Un factor fundamental es que la población que va a ser beneficiada o perjudicada sea parte de la toma de decisiones. Lamentablemente, esto es algo que nunca es suficientemente tenido en cuenta.

Además, se genera una cuestión de injusticia ambiental importante: la mayor parte de la electricidad la disfrutan los grandes centros urbanos, donde hay un despilfarro energético enorme. La población afectada a veces ni siquiera tiene acceso a servicios de energía. En América Latina todavía hay 40 millones de personas que no tienen acceso a la energía. El aumento de la generación eléctrica generalmente satisface a grandes emprendimientos como la minería e industrias de alto consumo energético, que generan nuevos impactos ambientales y poco empleo. Si realmente es necesaria más energía, hay que poner en la balanza todas las cuentas.

Los daños nunca son suficientes

―¿Las represas sólo forman parte del sueño faraónico de algún funcionario o hasta cierto punto son de utilidad?

Stancich.―Han sido siempre un negocio. Por lo tanto, quienes están en el negocio de construir represas tienen un interés económico claro. Hacen presión sobre los gobiernos para que estos proyectos se aprueben. Por el otro lado, quien está en el gobierno de turno ve estas obras como un emprendimiento que le puede dar poder, credibilidad... Después está el desconocimiento, en el sentido de decir que se minimizan los daños. Lamentablemente, los daños a la naturaleza nunca son suficientes como para que alguien decida suspender una obra. Esto sucede sólo si hay una gran presión de la gente y una gran resistencia, como ocurrió en Argentina con el proyecto de la represa Paraná Medio, que fue detenido después de mucho tiempo de movilización de las comunidades que vivían a lo largo del río, sobre todo en las provincias de Entre Ríos, Santa Fe y Corrientes.

―¿Cómo se financian?, ¿representan una puerta abierta a la corrupción?

Stancich.―Ese es otro tema que esta comisión mundial ha revisado. Se han detectado cantidad de episodios de corrupción en este tipo de proyectos: Yacyretá es uno; la represa Tres Gargantas (China) es otro. Se empezaba diciendo que iban a tener un costo determinado y después terminaban costando muchas veces más. Muchas de estas represas se construyeron, además, en épocas donde había gobiernos militares.

Estos emprendimientos no son inocentes

―¿Cuál es su incidencia en el suministro energético nacional?

Stancich.―La represa de Yacyretá aporta un 14% de todo lo que es el sistema eléctrico de Argentina. Teniendo en cuenta el total de las represas el porcentaje es bastante mayor. En el caso de Brasil, por ejemplo, el aporte de las represas hidroeléctricas en el sistema es mucho más significativo todavía. La represa de Itaipú (Paraguay-Brasil), una de las represas más grandes del mundo en cuanto a generación eléctrica, aporta casi un 20%, lo cual es importante en cuanto a suministro energético.

―¿Y en relación a la modificación del clima?

Stancich.―Es algo que se está estudiando en los últimos años porque siempre se decía que las represas eran un tipo de energía limpia que no generaba gases de efecto invernadero. Esto depende de la localización de la represa. En el caso de lugares tropicales, la descomposición que se produce cuando se llena una represa, con la vegetación que queda sumergida, a lo largo del tiempo sigue provocando emisión de gases de efecto invernadero. Estos emprendimientos no son inocentes en la emisión de gases. En los últimos años hay cada vez más estudios que están demostrando esto.

La población afectada queda dentro de la cuenca

―¿Cuántas personas han sido desplazadas en la Argentina por la construcción de represas?

Stancich.―Solamente en el caso de Yacyretá se estima que cuando esté concluida se van a desplazar unas 80.000 personas, teniendo en cuenta que la mayor parte corresponde a Paraguay. No sabría decir una cifra exacta de toda la gente que se ha desplazado en la Argentina. En el sur se han desplazado poblaciones más pequeñas en cantidad por el hecho de la baja densidad de población que nosotros tenemos en nuestro país. Esta es una de las cosas que se critican de este tipo de emprendimientos, que no se han hecho estudios suficientes como para saber exactamente la cantidad de población que ha sido desplazada. Pero se estima que son entre 40 y 80 millones de personas en el planeta.

Hay otro dato que es interesante tener en cuenta: la población afectada no es solamente aquella que ha sido relocalizada; en realidad, es la que queda dentro de la cuenca afectada por una represa. Pescadores que están más abajo de la represa de Yacyretá, que nunca fueron considerados en los proyectos oficiales, han quedado afectados porque su actividad de pesca ha sido completamente diferente después de construirse la represa. Por eso hay tanta diferencia en la estimación de la cantidad de personas. En Brasil se estima que hay todavía un millón de personas que tienen problemas pendientes no resueltos con respecto a la construcción de represas.

―¿Y qué ocurre cuando la gente se niega a dejar el lugar que le pertenece?

Stancich.―Se recurre a la fuerza o a la represión. Hay imágenes muy impactantes, sobre todo en India, de personas que se negaban a dejar su lugar sumergidas en el agua y que finalmente fueron sacadas con helicópteros.