Argentina: una solución definitiva e integral al problema de la tierra campesina e indígena, la mejor forma de hacer Justicia

Es urgente establecer responsabilidades sobre este hecho y que se haga justicia, pero consideramos que es a la vez prioritario que este acontecimiento sirva para avanzar en una solución definitiva e integral al problema de la propiedad y uso de la tierra en nuestras zonas rurales, en particular en nuestra región chaqueña.

Por el trabajo cotidiano que desarrollamos quienes somos parte de la REDAF, sabemos que lo que ocurrió en Santiago del Estero no es un hecho aislado ni inevitable. Es el resultado de la imposición de una mirada del desarrollo puramente extractivista, que alentada por acción u omisión por algunos funcionarios y autoridades, no respeta leyes vigentes, ni tampoco la vida de quienes habitan las zonas rurales de nuestra región chaqueña.

En este documento exponemos algunos de los hechos que creemos son relevantes de analizar, con la esperanza de aportar al necesario debate de fondo que la muerte de Cristian Ferreyra debiese generar respecto al Derecho a la Tierra.

No es un caso aislado

Según datos del último informe de nuestro Observatorio de Tierras, Recursos Naturales y Medioambiente, publicado en octubre de 2010 , en el norte del país existen cerca de 8 millones de hectáreas afectadas por conflictos por la propiedad de la tierra o por la devastación y/o contaminación de otros recursos naturales, como el agua, el aire y los bosques. Estos conflictos afectan a cerca de 1 millón de personas, la mayoría comunidades campesinas y aborígenes. Estos datos emanan del análisis de sólo 164 casos. Desde ese último informe a la fecha hemos sumado otros 80 casos.

Estos datos son sólo una pequeña muestra de un problema que, si bien no es nuevo, se hace cada vez más visible en nuestra región, por la violencia de las amenazas y desalojos, pero también por la intervención cada vez más decidida de las organizaciones campesinas e indígenas.
Una muerte evitable

Antes de la muerte de Ferreyra, a fines de 2010 el MOCASE mantuvo por más de tres meses un corte en la ruta nacional 34, denunciando amenazas con armas de fuego y tiroteos a la comunidad de Pozo del Castaño, en el norte de la provincia. Luego de la muerte de Roberto López, de la comunidad Qom de La Primavera, sus compañeros fueron hasta Buenos Aires y acamparon cinco meses en plena 9 de julio esperando ser escuchados por las autoridades. Todas las semanas sabemos de denuncias, de cortes de ruta, de marchas que exigen freno a los desalojos y respeto por el derecho a la tierra campesina e indígena. Estos reclamos, sin embargo, tienen escasa repercusión y prácticamente nula respuesta de parte de las autoridades.

El análisis de los casos relevados por nuestro Observatorio de Tierras, Recursos Naturales y Medioambiente nos muestra que las familias afectadas perciben que el Estado en sus distintos niveles, incluyendo aquí al poder judicial, actúa contra sus intereses, identificándolos como aliados de las personas y/o empresas que directamente realizan la usurpación o amenazas. Policías que no actúan o lo hacen defendiendo a quienes intentan usurpar; o jueces que fallan generalmente a favor de quien ostenta los documentos de propiedad sin reconocer los derechos históricos de posesión de la tierra, son las situaciones más cotidianas denunciadas por las familias.

La contracara es la criminalización de la protesta de las familias campesinas e indígenas. En la región, existen innumerables casos de campesinos, dirigentes indígenas y técnicos de ONGs que a la fecha tienen procesos abiertos en la justicia por defender sus territorios.
Sin voluntad política, la ley es letra muerta

Estas situaciones ocurren, pese a que existe un marco normativo que reconoce los derechos territoriales de las familias campesinas e indígenas, y que exige que estos sean garantizados por los Gobiernos.

Son derechos no sólo contemplados por nuestra Constitución Nacional, el Código Civil y diversos convenios internacionales a los cuales ha adherido el Estado Argentino, incluso dándoles rango constitucional (como el Convenio 169 de la OIT). Están también expresados en normativas de promulgación reciente, como la Ley 26.160 de Emergencia de los Territorios Indígenas -que obliga a frenar los desalojos de estas comunidades y realizar un catastro de sus territorios de uso ancestral -, y en la Ley 26.331 de Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental de los Bosques Nativos, que incluyó el respeto por las zonas de uso campesino e indígena, como uno de los criterios para los Ordenamientos Territoriales que debía realizar cada provincia.

Pero lo concreto es que en las provincias de nuestra región chaqueña la aplicación de todas y cada una de estas normativas ha implicado un proceso de vigilancia permanente de parte de ONGs y organizaciones campesinas y aborígenes, dónde los espacios casi nunca han sido dados espontáneamente por las autoridades, sino exigidos desde la sociedad civil; donde la lentitud ha sido una constante y la información ha brillado por su ausencia.

Es preocupante que normativas de nivel nacional que manifiestan un espíritu superador respecto al uso y propiedad de nuestros recursos naturales, se desdibujen o simplemente se ignoren a la hora de aplicarlas en las provincias. Ejemplos de esto es lo ocurrido con el OTBN de Córdoba, el OTBN de Formosa. O con la Ley 26.160 en todas las provincias de la región, tal como lo dio a conocer un informe del Equipo Nacional de Pastoral Aborigen (ENDEPA) en mayo de este año .

La gran responsable: Una visión extractivista del “desarrollo”

De los 164 casos analizados por nuestro Observatorio de Tierras Recursos Naturales y Medioambiente, el 89% de los conflictos de tierra se iniciaron en la década del 2000, fecha que coincide con el boom de los monocultivos de exportación en la Argentina.

La perspectiva de alta rentabilidad a corto plazo ha hecho que en las últimas décadas los ojos se vuelvan hacia el vasto territorio chaqueño, con la perspectiva de “habilitar” para el monocultivo áreas con vocación eminentemente ganadera y forestal (y no agrícola intensiva). En la provincia de Santiago del Estero se pasó de 95 mil a 1,1 millones de hectáreas sembradas con soja poco más de una década (1996 – 2010). Este proceso, cuyos protagonistas principales son empresarios extraprovinciales e internacionales, ha generado una presión altísima sobre los ecosistemas existentes en la provincia y por consiguiente sobre sus habitantes.

La cara económica de la muerte de Cristian Ferreyra y de la presión cotidiana sobre las comunidades campesinas e indígenas de toda la región, es la reactivación del mercado de tierras rurales en el territorio chaqueño, cuya avanzada se expresa también en el desmonte creciente. Según datos de la Secretaría de Ambiente de Nación, entre 2002 y 2006 dejaron de existir en Argentina 1.108.669 hectáreas de bosques nativos, que equivalen a 759 por día. El 70% de esta explotación ocurre en la región chaqueña.

Esta situación de acaparamiento de tierra ha implicado la migración forzada de las familias campesinas y aborígenes hacia poblados y centros urbanos, obligándolos a vivir dependientes de subsidios sociales por la escasez de fuentes de trabajo y porque el bosque, su fuente de sustento tradicional, ya no existe.
Un Plan Estratégico Excluyente

Es a la luz de estas situaciones que como REDAF hemos manifestado nuestra preocupación por algunos de los principios contemplados en el Plan Estratégico Agroalimentario y Agroindustrial 2020 (PEA2), presentado por el Ejecutivo en septiembre pasado.

Si bien en esta propuesta existen anuncios a primera vista positivos, como la diversificación productiva y el agregado de valor en origen, lo cierto es que el objetivo de pasar de 100 a 150 millones de toneladas de granos, manteniendo la matriz productiva actual, no puede más que preocuparnos. Esto porque si bien es posible aumentar el rinde de las hectáreas ya sembradas, con todas las consecuencias para el ambiente que esto pudiera traer (agrotóxicos, degradación de los suelos, entre otros) será de todas formas inevitable la necesidad de habilitar nuevas tierras para el monocultivo: desde REDAF tenemos la convicción que estas saldrán de nuestra región chaqueña, es decir de Chaco, Formosa, Santiago del Estero, Salta y norte de Santa Fe, por nombrar sólo algunas de las provincias más expuestas a esta avanzada.

La convicción se reafirma al constatar que en el documento del PEA la Región Chaqueña, la mayor área forestal de la Argentina, no figura como un área ecológica relevante.

Para el documento del PEA2, tal como hoy está planteado, no existen ni los campesinos del MOCASE, ni la comunidad Qom de La Primavera, ni tantos otros. Para este documento los sujetos agrarios son sólo dos: los pooles de siembra y los productores capitalizados, quedando a los campesinos e indígenas, en el mejor de los casos, incluirse como mano de obra en esta cadena productiva o bien migrar forzosamente hacia los centros urbanos, como ya viene ocurriendo.

El documento del PEA niega la conflictividad que hoy existe en las zonas rurales, al separar la propiedad de la tierra del proceso de producción. Al asumir esta situación como algo dado, como un rasgo más del funcionamiento del sistema, lo que se hace es negar la lucha histórica de las organizaciones campesinas e indígenas que ven a la tierra como un bien social, eje de sus sistemas económicos, sociales y culturales.
Conclusiones

Las organizaciones y personas que integramos la Red Agroforestal Chaco Argentina (REDAF), vemos que la muerte de Cristian Ferreyra debe ser un elemento concluyente para avanzar en una solución integral e inclusiva respecto a la Tierra en nuestro país, para que no tengamos que lamentar otra vida por esta lucha.

En este sentido consideramos que:

* Es urgente promulgar una Ley de Emergencia que prohíba los desalojos de las familias campesinas, a la vez que se de cumplimiento a normas ya vigentes que van en esta misma dirección, como la Ley 26.160 de Territorios Indígenas y lo contemplado en los OTBN de distintas provincias en el marco de la Ley de Bosques.

* En segundo lugar, creemos que es importante ampliar el debate respecto a proyectos como la Ley Contra la Extranjerización o la Ley de Arrendamientos, cuyo espíritu nos parece positivo, pero no suficiente.

* Consideramos que se debe avanzar en la discusión de una Ley Integral de Tierras, que integre los distintos aspectos que hacen a esta problemática. Una norma de estas características debiese como base garantizar el derecho a la tierra a las comunidades campesinas y pueblos originarios de todo el país, y por otro lado contemplar aspectos que promuevan su arraigo y sus formas de producción.

* Garantizar el arraigo implica por un lado, el freno a las actividades que atentan contra la vida campesina y de las comunidades originarias: como los desmontes, fumigación con agrotóxicos o la privatización o contaminación de fuentes de agua. Pero por otro lado significa una mejora en las condiciones de infraestructura, servicios y apoyo a sus actividades económicas.

* Implica también remirar el proyecto que expresa el Plan Estratégico Agroalimentario, para incluir a las comunidades campesinas y pueblos originarios no como sujetos de asistencia o las inevitables víctimas de nuestro avance hacia un mal entendido “progreso”, sino como un sector con la potencialidad de aportar, como ya lo viene haciendo, a un desarrollo más sustentable económica, social y ambientalmente.

Es la suma de voluntades y el posicionamiento del tema de la Tierra como algo que compete a todos los sectores, y no sólo a quienes viven en el campo, el que nos hará avanzar en esta dirección. Como siempre, nos ponemos a disposición para construir.

Red Agroforestal Chaco Argentina (REDAF)
Noviembre de 2011

Fuente: Enredando