Algunos países de la UE decretan el embargo de varias partidas de soja procedentes de Argentina
Este embargo se debe a que la empresa Monsanto, que comercializa en Argentina semillas de soja transgénica portadora del gen RR resistente al glisfofato, reclama el pago del derecho de patente a los productores argentinos
Los tribunales de varios países de la Unión Europea, tras solicitarlo la empresa Monsanto, han decretado el embargo de varias partidas de soja procedentes de Argentina, según recoge el último número del Boletín de Noticias del Exterior del Ministerio de Agricultura.
El motivo principal que ha llevado a la firma a hacer esta petición es que, según asegura, sólo el 30 por ciento de las ventas de semillas en Argentina son legales, mientras que el 70 por ciento restante se vende en mercados paralelos “en los que no se abona ningún tipo de patente por este tipo de semillas”.
Lo que pretende esta empresa es que se le reconozcan sus derechos sobre la patente de esta soja que es resistente al glisfosfato y de gran importancia en Argentina. De hecho, la superficie sembrada con soja transgénica en este país es de 15,17 millones de hectáreas, lo que supone el 98 por ciento de la superficie total sembrada de soja.
Durante los últimos cuatro años la empresa ha intentado negociar con el Gobierno argentino y asociaciones agrarias para cobrar en Argentina por el uso de la semilla RR, es decir, lo que propuso Monsanto es recibir una compensación de todos los agricultores que cosechen este tipo de soja.
Sin embargo, nunca se ha llegado a un acuerdo y lo que ha hecho la empresa ha sido llevar a cabo acciones como que se detuvieran embarques con soja procedente de Argentina en Holanda, Dinamarca y en los puertos de Liverpool, Bilbao, Santander y Cartagena.
Además, tras analizar las muestras de la soja exportada y confirmarse la presencia en la misma del gen RR, la empresa inició demandas judiciales contra los exportadores argentinos, por infringir las normas vigentes en la UE sobre protección de los derechos de propiedad intelectual.
Por su parte, el Gobierno argentino asegura que cuando la empresa comenzó la comercialización de la semilla de soja RR hace diez años “no la patentó en el territorio argentino por lo que no tiene derecho al cobro de ningún tipo de indemnización”, y añade que si no tiene esta patente es porque la empresa presentó la solicitud de la misma fuera de plazo reglamentario.
A su vez apunta que además Monsanto firmó contratos de licencias con otras empresas de semillas para la comercialización de la soja RR por las que obtuvo beneficios. Concretamente estas empresas cobraban a los agricultores 20 dólares por bolsa de semilla, de los cuales tres correspondían a derechos por hacer usos de la misma.