Argentina, Misiones: ya tiene dictamen proyecto de Ley que reglamenta obligatoriedad de identificar productos transgénicos
La ley busca garantizar el derecho a la información adecuada y veraz que debe tener todo consumidor o usuario. Por esto toda vez que se comercialicen productos alimenticios que hayan sido modificados genéticamente -transgénicos-, deben estar debidamente identificados
La iniciativa, que fue promovida por el diputado renovador Pablo Hulet contempla que los infractores a las disposiciones de la ley serán sancionados con apercibimiento, multa y/o clausura del local. Y los importes que provengan de las infracciones a la norma integrarán el Fondo Especial de Defensa del Consumidor.
En los fundamentos de su proyecto Pablo Hulet sostiene que la modificación genética no es nueva, los humanos han estado alterando la composición genética de las plantas y semillas durante milenios, pero en los últimos 30 años ha habido tantos descubrimientos sobre los posibles daños que pueden causar estos alimentos -algunos de ellos desmentidos al poco tiempo de ser anunciados- que nos hemos acostumbrado a esas advertencias de peligro.
Debido a ello, remarca Hulet y teniendo en cuenta la polémica que despierta el tema en cuestión, es que el presente proyecto apunta a resguardar los derechos del consumidor, tal como lo indica el artículo 42 de la Constitución Nacional: "Los consumidores y usuarios de bienes y servicios tienen derecho, en la relación de consumo, a la protección de su salud, seguridad e intereses económicos; a una información adecuada y veraz; a la libertad de elección y a condiciones de trato equitativo y digno.
Las autoridades proveerán a la protección de esos derechos, a la educación para el consumo, a la defensa de la competencia contra toda forma de distorsión de los mercados, al control de los monopolios naturales y legales, al de la calidad y eficiencia de los servicios públicos, y a la constitución de asociaciones de consumidores y de usuarios.
La legislación establecerá procedimientos eficaces para la prevención y solución de conflictos, y los marcos regulatorios de los servicios públicos de competencia nacional, previendo la necesaria participación de las asociaciones de consumidores y usuarios y de las provincias interesadas, en los organismos de control".