Argentina, Salta: la Lhaka Honhat lucha por sus tierras

Idioma Español
País Argentina

La Lhaka Honhat lucha por el reconocimiento de sus tierras. Sin embargo el gobierno de Salta inició la construcción de un puente internacional y un plan de urbanización en el territorio reclamado

El 23 de octubre de este año, el mismo día que se celebraban las elecciones legislativas nacionales en Argentina, en el nordeste de la provincia de Salta se celebró un referéndum inconstitucional pergeñado por el gobernador Juan Carlos Romero que consistió en realizar una consulta popular a los habitantes de ese departamento para saber si estaban de acuerdo en otorgarle las tierras ancestrales –que le corresponden por derecho constitucional- a 40 comunidades aborígenes o si, por el contrario, se les negaba ese derecho.

Curiosamente, unas semanas antes del referéndum y las elecciones, algunos caciques wichís de General Pizarro, con el apoyo de Greenpeace y una “troupe de famosos”, lograron ser atendidos por el presidente argentino, Néstor Kirchner, en su propio despacho. El conflicto de la Lhaka Honhat ni siquiera fue mencionado a pesar de que data desde 1984 y la resistencia al referéndum comenzó en junio.

“Nosotros discutíamos sobre cómo con una movida mediática de Greenpeace y los caciques de Pizarro levantan el tema y logran encontrarse con el presidente” contaba Pablo Ceriani, abogado del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) que desde hace varios años trabaja con la Asociación Lhaka Honhat en las presentaciones judiciales del reclamo que ha llegado hasta la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

Las razones para que uno y otro caso tengan trascendencias “absolutamente diferentes” está relacionada con la compleja trama de intereses que se ciñen sobre los lotes 14 y 55 del Departamento de Rivadavia: “son 600 mil hectáreas que están en juego, en una zona que es fronteriza con Bolivia y Paraguay, zonas muy estratégicas especialmente tanto para el tráfico legal como ilegal”. También se habla de la posibilidad de que en esas tierras hubieran recursos gasíferos o petroleros, además de que el subsuelo de esa zona forma parte del Sistema Acuífero Guaraní, la reserva de agua dulce más grande del mundo.

En 1995, sin realizar ninguna consulta a las comunidades, el Estado provincial comenzó la construcción de lo que hoy es el puente internacional que une a las ciudades de Misión la Paz (Argentina) con Pozo Hondo (Paraguay) y es una de las vías de comunicación que busca integrar a esa zona de Salta al desarrollo del Mercado Común del Sur (MERCOSUR). También está programado el trazado de la ruta nacional 86 que pasa por los territorios que habitan las comunidades. En este punto los intereses, del gobierno nacional y el provincial parecen conectarse.

Uno de los elementos que siempre han trabado las negociaciones entre la Lhaka Honhat y el gobierno salteño fue la forma en la cuál se entregarían las tierras a las comunidades. En este punto Ceriani señala que “desde antes que existiera la Lhaka Honhat el reclamo de todas las comunidades es por el título único y tiene que ver con su vida cotidiana como cazadores-recolectores” ya que “la propiedad comunitaria no se respeta dando un título por comunidad sino dando un título único a todas las comunidades, porque hay muchas zonas que los utilizan todos para subsistir”.

“Frente a los proyectos económicos o lo que sea que tiene el gobierno de Salta en su cabeza, entregar un título único a todas las comunidades es un obstáculo frente a la posibilidad de negociar con una sola comunidad”. De esta manera, la insistencia del gobierno salteño en propiciar el título por comunidad tiene que ver con una estrategia de negociación a largo plazo, mientras las condiciones de vida de los aborígenes son de las peores en toda la provincia.

El cacique Francisco Pérez, representante de la Lhaka Honhat y señalado por el gobierno como un “operador de la corona británica”, sufrió hace dos meses la pérdida de su nieto, por una agudísimo cuadro de diarrea que le quitó la vida a los dos años de edad.

Sin embargo, el gobierno salteño a lo largo de los años, “con prácticas de lo peor de la política argentina”, viene dividiendo a los aborígenes por dos vías: cooptando familias a través de empleos precarios en el Estado o planes asistenciales y manipulando la información a través de su principal órgano de difusión, el diario El Tribuno de Salta, del cuál el gobernador Romero fue director hace algunos años y hoy su hermano es uno de los principales accionistas.

“Da la casualidad que cada vez que encontramos a indígenas que apoyan la propuesta del gobierno, ya sea el referéndum o el título por comunidad, todos tienen un trabajo para el Estado como enfermeros o maestros bilingües y a esos referentes el gobierno los reconoce como caciques cuando no lo son”. Por ejemplo, Indalecio Palermo es un operador del gobierno desde hace años y ni siquiera vive en la zona de conflicto pero es reconocido del gobierno como representante de los “intereses de los aborígenes”.

Luego de la realización del referéndum, los caciques de Alta la Sierra y Misión la Paz firmaron un acta con Francisco Pérez y los demás caciques de las demás comunidades reafirmando su posición respecto de la voluntad de que la entrega de tierras sea a través de un “título único”.

“Decir que detrás de Francisco Pérez está el Reino Unido es realmente alucinante”, comenta Ceriani en un tono que quiere ser irónico pero que es triste. Asociana, es una de las asociaciones que junto con el CELS, apoya al reclamo de las comunidades. Supuestamente, los vínculos que Asociana mantiene con la Iglesia Protestante confirman que Francisco Pérez trabaja para el Reino Unido. “De hecho”, aclara Ceriani, “si uno reconoce las tierras a los indígenas, por la Constitución, esa propiedad termina siendo inembargable e inenajebale, es decir, no puede pasar a otras manos de ninguna manera”.

En otro orden, el CELS y la Lhaka Honhat tienen esperanzas que para fin de año la CIDH sancione al Estado nacional por el incumplimiento y la pasividad frente a estas serias irregularidades en el reconocimiento de derechos consagrados por la Constitución Nacional, a través de, por ejemplo, la sanción y ratificación del Acuerdo de la OIT número 169.

En 1998, con asistencia técnica del CELS, la Lhaka Honhat presentó su reclamo ante la CIDH. Lo que se propuso era lo que se llama un diálogo entre las partes a través de una “solución amistosa”. El proceso fue interrumpido por el mencionado referéndum inconstitucional de Romero que fue decidido por afuera de este ámbito.

Asimismo, el proceso de “solución amistosa” a la que el gobernador Romero se comprometió frente a los representantes de la CIDH nunca logró consolidarse. Mientras se hacían reuniones entre caciques y representantes del gobierno para llegar a una solución consensuada el gobierno contrataba ingenieros y agrimensores que iban a las comunidades, familia por familia, para empezar a lotear y mojonar el terreno.

“El proceso de solución amistosa duró cinco años, no porque las comunidades, sino porque el gobierno siempre fue para atrás, rompiendo todo compromiso y palabra empeñada” cuenta Ceriani con gran desilusión y “por eso la estrategia está hoy en la sanción de la CIDH al Estado Nacional”.

Agencia Periodística de Mercosur, Internet, 1-12-05

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