Argentina: los transgénicos de la discordia
La comercialización de alimentos que contienen organismos genéticamente modificados fue regulada, con estrictez, por el Parlamento europeo
La medida pone en riesgo las exportaciones argentinas a ese continente por 2 mil millones de dólares. Los legisladores comunitarios impusieron una serie de normas que imponen, a partir de enero próximo, la obligación de etiquetar alimentos importados que contengan mas del 0,9% de transgénicos.
La Argentina se dispone a recurrir a la Organización Mundial de Comercio para denunciar lo que a su juicio, constituye una barrera paraarancelaria.
La regulación incluye a todo tipo de OGM, sean materias primas (como soja y maíz), sus derivados (harinas y aceites) o aquellos alimentos preparados a partir de dichos insumos.
Además, la UE determinó que también habrá que identificar la carne y la leche de animales alimentados con granos transgénicos.
Hay quienes señalan que no existen alegaciones científicas suficientemente sólidas que señalen taxativamente que las semillas transgénicas afectan al ser humano de algún modo.
Por el contrario, científicos y organizaciones como Greenpeace han manifestado que esos cultivos afectan el medio ambiente y pueden provocar daños en los consumidores. En muchas oportunidades, incluso, han solicitado moratorias antes de que un evento de ese tipo fuera lanzado al mercado para comprobar si tiene efectos no deseados.
Los consumidores europeos presionaron para lograr que se etiqueten los alimentos elaborados, sea en parte o en su totalidad, con material transgénico.
No hay que descartar, también, que muchos de ellos decididamente dejen de consumir alimentos que puedan estar preparados con semillas genéticamente modificadas.
Esto supone para los productores que utilizan ese tipo de cultivos (los de EE.UU. Y la Argentina están a la vanguardia) costos adicionales para etiquetar la mercadería que se vaya a exportar.
La Secretaría de Agricultura calculó en 280 millones de dólares anuales el costo para diferenciar los envíos argentinos al exterior.
La legislación comunitaria pone fin, de alguna manera, a la moratoria no declarada que existe en Europa sobre los transgénicos a partir de 1998 cuando los consumidores comenzaron a manifestar su desaprobación respecto de los alimentos con OGM.
Uno de los argumentos sostenidos por los consumidores es que tienen derecho a saber si un alimento tiene material transgénico o no.
Esta demanda fue creciendo ante la natural oposición de países como EE.UU., Argentina, Canadá y Australia que interpretan que la decisión comunitaria encubre un propósito menos altruista que el de defender a sus consumidores.
La soja argentina es casi toda transgénica y existen otros cultivos que contienen modificaciones genéticas y están en el mercado.
Los detractores de estas semillas afirman que una vez que éstas están en el ambiente ya nada puede hacerse y todo quedaría librado a que nada salga mal.
Por cierto, que la puja no sólo se nutre de posiciones que sólo piensan en el ambiente y en el hombre sino también de los argumentos que exhiben poderosos intereses económicos. Las empresas norteamericanas están a la vanguardia del desarrollo de semillas transgénicas y no está en sus planes dejar el mercado así porque sí.
Se avecina, sin duda, una lucha sin cuartel, encarnizada, en la que la Argentina tiene mucho que perder.
El Diario de Entre Ríos, Argentina, 8-7-03