Bolivia: indígenas del oriente denuncian conspiración de oligarcas
Los indígenas aglutinados en la Confederación de Pueblos Indígenas de Bolivia (Cidob) denunciaron hoy que la oligarquía cruceña busca desestabilizar al gobierno para consolidar grandes extensiones de tierra que consiguieron al amparo del favor político y por ello conspira en complicidad de algunos medios de comunicación
A través de la Dirección Nacional del Cidob, los habitantes de los pueblos originarios del oriente señalan que “los grupos oligárquicos de Santa Cruz, están buscando la desestabilización del país con intenciones políticas, y consolidar ese esta manera grandes extensiones de latifundios mal habidos”.
En un documento público de ocho puntos, el Cidob indica que “los latifundistas, acaparadores, traficantes y negociantes de la tierra, camuflados y expresados en organizaciones cívicas y agropecuarias de Santa Cruz, y utilizando sus medios de comunicación, están instigando permanentemente a la violencia tergiversando todo lo que está haciendo el actual gobierno”.
Señalan que primero se opusieron a la nacionalización de los hidrocarburos, luego intentaron lucrar “regalando el Mutún” y hoy se oponen a la distribución de las tierras fiscales a favor de indígenas, originarios y campesinos.
Los pueblos originarios del oriente destacan que los decretos sobre el tema tierra promulgados por el gobierno el 3 de junio de 2006, han sido trabajados y consensuados entre todas las organizaciones indígenas, originarias y campesinas y aprobados en la Comisión Agraria Nacional, instancia legal establecida por la ley 1715 (Ley INRA) en la que tiene participación el sector agropecuario y a la cual no asistió pese de estar convocado.
También señalan que la ley que modificará la 1715 será discutida y tratada en el Congreso Nacional donde todas las fuerzas políticas están representadas, en consecuencia no se puede afirmar alegremente que el gobierno este gobernando por decreto.
Acaparadores por decreto
Los indígenas orientales aseguran que durante los últimos 20 años quienes sí gobernaron por decreto fueron los sectores empresariales agropecuarios y forestales que mediante sus representantes y operadores políticos aprobaron normas sobre el manejo de las tierras y las reservas forestales sin consultar a ninguno de las organizaciones indígenas, originarias y campesinas.
También critican al pusilánime gobierno del ex presidente Carlos Mesa, porque éste promulgó decretos supremos de 2005 (a menos de un mes de su caída) que se violaron la Ley 1715 y la Constitución Política del Estado creando una nueva forma de propiedad al margen de la ley (propiedad forestal), para favorecer a sectores oligárquicos del oriente boliviano. Estas normas fueron derogadas por el gobierno del presidente Evo Morales Ayma, pese a las advertencias de los dirigentes de la oligarquía cruceña.
En ese sentido, los indígenas recuerdan a lo largo de los 10 años de vigencia de la Ley INRA, fueron los sectores empresariales agropecuarios quienes impusieron como directores y funcionarios a sus empleados, “direccionando así el saneamiento de tierras a su favor, en algunos casos, y en otros, retrasando este proceso con el fin de seguir acaparando los actos conspirativos de instigación y provocación” que realizan esos empresarios y traficantes de tierras”.
“De esta manera se malgastó más de 80.000.000 de dólares en este frustrado proceso de saneamiento”, agregan los indígenas del oriente.
Conflicto de tierras en Guarayos
Por otro lado, señalan que los conflictos sobre tierras en la provincia Guarayos, no son de hoy sino que vienen de mucho tiempo atrás.
Aseguran que “los acaparadores de tierra aprovecharon su influencia política para adueñarse de tierras del pueblo indígena Guarayo, y del propio Estado, mediante trámites fraudulentos, acaparando tierras en grandes cantidades, y negociándolo con extranjeros: brasileños, rusos, menonitas y (de) otras” nacionalidades.
Indican “que los latifundistas están creando un falso conflicto en esa provincia cruceña haciendo ver como si el pueblo ayoreo estuviera en confrontación por tierras con los campesinos, lo cual no es cierto”. “Ya que los hermanos ayoreos han sido engañados por los acaparadores de tierra aprovechando su necesidad económica, son contratados y pagados para defender las tierras de los que se dicen propietarios, y no lo demuestran, de las tierras ocupadas por ayoreos y campesinos”, agrega el documento.
Por lo tanto, los indígenas aglutinados en el Cidob “hacen responsables de los hechos ocurridos en la provincia guarayos y los que puedan ocurrir a los instigadores a la violencia que vienen tergiversando el sentido de la política de tierras adoptada por el gobierno en consenso con las organizaciones sociales”.
Por ello, el Cidob ratifica su pleno respaldo a la política de tierras lanzada por el gobierno, “la misma que reconducirá el proceso agrario y posibilitará el acceso a tierras, de forma más equitativa y justa, para los pueblos indígenas originarios, campesinos y garantizará la propiedad agraria de los empresarios honestos”.
Finalmente rechazan y condenan “rotundamente los actos conspirativos de instigación y provocación” que realizan esos empresarios y traficantes de tierras.