Chile: Barrick intenta eliminar oposición a proyecto Pascua Lama
La Compañía Minera Nevada Ltda., subsidiaria de la Barrick Gold, ofreció 60 millones de dólares, a algunos de los futuros afectados por el proyecto Pascua Lama, con el fin de eliminar la oposición a esta intervención minera que destruirá dos glaciares y afectará seriamente la actividad agrícola de la Tercera Región
Así lo dio a conocer la organización ambiental Oceana, a raíz de un protocolo firmado por la minera y la Junta de Vigilancia de la Cuenca del Río Huasco y sus Afluentes. En el documento, la transnacional entregó más de 204 millones de pesos para que la organización agrícola se haga cargo del documento de respuesta al Informe de Solicitud de Aclaraciones (ICSARA II), entregado por el Gobierno a la empresa minera, y donde están contenidas las primeras observaciones hechas por la comunidad al polémico proyecto.
Antonia Fortt, ingeniera ambiental de Oceana, denunció la contradictoria y poco transparente propuesta de la empresa, puesto que de acuerdo con el procedimiento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental de nuestro país, los afectados deben en forma independiente efectuar sus observaciones a los documentos presentados por la minera. “Es muy inapropiado que se invite a una Junta de Vigilancia, que forma parte del proceso de participación ciudadana y de los afectados a posibles impactos ambientales, a que prácticamente se encargue de responder las dudas que ella misma planteó, junto al resto de la ciudadanía”, señaló la especialista.
La propuesta contempla además la construcción de un embalse, con un valor máximo de 5 millones de dólares, los que se sumarían a los 60 millones de dólares que Barrick entregaría en un plazo de 20 años a la Junta, para compensar el impacto del proyecto en el valle. Además, el protocolo obliga a la Junta de Vigilancia a no oponerse a la aprobación y posterior ejecución del proyecto.
Para Oceana, en este acuerdo la minera reconoce el impacto que provocará el proyecto en la cuenca del Río Huasco, aunque de todos modos este daño ha sido subvalorado, en comparación a las pérdidas que están en juego.
En segundo término, y aún más grave, es la evidencia que al amparo de la institucionalidad ambiental vigente, se puedan realizar prácticas de esta naturaleza, donde la empresa fiscalizada contrata a uno de los afectados para que le haga una parte de la evaluación, que desde la óptica de la autoridad ambiental será plenamente válida.