Ecuador: campesinos piden remediación por derrames, obras para sus comunidades y reformas legales

Idioma Español
País Ecuador

Los campesinos y dirigentes gremiales de sectores petroleros de Orellana y Sucumbíos afirman estar “decididos a luchar por sus derechos” y empiezan a presionar con tomas de pozos y cierres de vías (como sucedió hace una semana), entre otras medidas

Piden atención de las compañías estatal y privadas y hasta exigen reformas en decretos y leyes petroleras.

Seis parroquias de Orellana y otras tantas del sur de Sucumbíos protagonizaron un paro de seis días, hasta el pasado jueves, con la toma de nueve campos petroleros que abarcan 114 pozos. La empresa estatal Petroecuador sumó pérdidas de más de 2,4 millones de dólares, según sus directivos. En ambas provincias rige aún un decreto de emergencia para evitar hechos similares.

La protesta se dio en la zona rural, donde es evidente la pobreza de los comuneros, quienes lavan sus ropas y se bañan en ríos de aguas negras y residen en casas de tabla instaladas frente a las tuberías de petróleo. Eso sucede, por ejemplo, en la parroquia Dayuma, de Coca.

“Ahora queremos algo concreto”, dice Joffre Alvarado, presidente del Comité de Derechos Humanos de Orellana y de la Oficina de derecho ambiental de esa provincia. Lo mismo dice Juan Macías, finquero de la vía Coca-Auca.

Asfaltado de vías, proyectos eléctricos y compensación por derrames son los principales pedidos. El compromiso estatal del pasado jueves, para que se levante el paro, es iniciar hoy el asfaltado de la vía Coca-Auca, de 115 km, de acceso a tres campos petroleros y unas 50 comunidades mestizas e indígenas.

Enrique Morales, presidente de la denominada Mesa de empleo y política petrolera de Orellana, refiere que en el último año se niegan compensaciones por los derrames provocados por la rotura de “la tubería obsoleta de Petroecuador” o por percances en los oleoductos de las empresas privadas.

“Ahora se culpa al mismo campesino por la contaminación de su finca por los derrames, porque dicen que son sabotajes con el fin de cobrar indemnizaciones. Lo cual no es así”, explica un miembro de la Junta parroquial de Dayuma, que pide no citar su nombre.

Organizaciones campesinas, con el apoyo de ambientalistas, organizaron foros y asambleas y decidieron pedir la derogatoria de algunos decretos y leyes petroleras. Uno de estos es el decreto 616, de 1974, que establece derechos de servidumbre gratuita en un espacio de 15 metros a cada lado del oleoducto de Petroecuador. Por lo que pasa en ese espacio, el dueño de la propiedad no tiene derecho a ningún reclamo.

Cuestionan también el decreto 3-3401, que prácticamente obliga a los comuneros e indígenas a aceptar el ingreso de las empresas petroleras, a cambio de determinados convenios. “La comunidad debe decidir si acepta o no. Eso no sucede ahora, se impone y ya”, dice Alvarado.

¿Por qué no reclamaron al anterior gobierno? El dirigente responde que el ex presidente Lucio Gutiérrez los tenía amenazados, “nos acusaba de subversivos por reclamar nuestros derechos”

El Universo, Ecuador, 30-5-05

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