Ecuador: ejecutivo tiene una semana para pronunciarse sobre Ley de Soberanía Alimentaría

Idioma Español
País Ecuador

Hasta el próximo sábado 21 de marzo tiene el presidente de la República, Rafael Correa, para pronunciarse sobre el proyecto de Ley de Soberanía Alimentaria que el pasado 17 de febrero fue aprobado por el pleno de la Comisión Legislativa y de Fiscalización, proyecto que se aprobó sobre la base del informe presentado por la Comisión de Salud. El proyecto aprobado es de iniciativa del titular de la Función Legislativa, Fernando Cordero, y varios asambleístas de Acuerdo PAIS

La propuesta tuvo varias observaciones de parte de la oposición, al sostener que la ley aprobada no recoge en si el tema de la soberanía alimentaria, sino que simplemente son normas generales, debido a que la disposición transitoria segunda determina que el Consejo de Soberanía Alimentaría generará un amplio proceso participativo con el objeto de elaborar la propuesta integral relacionada con la ley y leyes que regulen: el uso y acceso a las tierras, territorios y comunas; agrodiversidad y semillas; desarrollo agrario; agroindustria y empleo agrícola; sanidad animal y vegetal; acceso de los campesinos e indígenas al crédito público; y regulación del seguro y subsidios alimentarios.

Otro de los aspectos que han sido denunciados en los últimos días, es lo relacionado a las presuntas presiones del Sector Camaronero, para que el Ejecutivo vete parcialmente el proyecto, en la parte relacionada a la devolución de tierras ilegalmente posesionadas en los sectores de playa y bahías, denuncia que fuera presentada por el asambleísta del Movimiento Popular Democrático (MPD), Abel Ávila, quien manifestó que los camaroneros piden que el Jefe de Estado mantenga los Decretos Ejecutivos 1391, del 15 de octubre del 2008 y 1442 del 20 noviembre del mismo año, por los cuales se establece la legalización de las tierras que fueron ilegalmente posesionadas por los camaroneros, dándole plazo para esta regularización hasta el 2010.

Mientras que las agrupaciones indígenas agrupadas en la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE), Pachakutik (Pk) y otras organizaciones criticaron el proyecto por considerar que estaba en contra de normativas constitucionales vigentes, y por que consideran que primero se debía tratar temas importantes como las leyes del agua y de la tierra, que son parte esencial para que se sustente la soberanía alimentaría.

Como se conoce, el pleno de la Asamblea Nacional aprobó el proyecto con 49 votos a favor, 2 en contra, 3 en blanco y 11 abstenciones, el cual tiene como objetivo el garantizar a las personas, comunidades y pueblos la autosuficiencia de alimentos sanos, nutritivos y culturalmente apropiados, de forma permanente. Además mantiene el acceso al agua y a la tierra como dos de los elementos fundamentales que permitirán asegurar la soberanía alimentaria.

Asimismo determina que el Estado a través de los niveles de gobierno nacional y subnacionales implementará las políticas públicas referentes al régimen de soberanía alimentaría en función del Sistema Nacional de Competencias establecidas en la Constitución y la Ley.

En el tema de la tierra se insiste en que la misma debe tener el carácter de social y ambiental, para lo cual sostiene que en la Ley que regule el régimen de propiedad de la tierra se deberá definir el concepto de latifundio y de acaparamiento y concentración de tierras, para posteriormente establecer los mecanismos de su eliminación.

Sobre el acceso al Agua, se determina que éste acceso y uso del agua como factor de productividad se regirá por lo dispuesto en la Ley que trate los recursos hídricos, su uso y aprovechamiento, y en los respectivos reglamentos y normas técnicas.

El uso del agua para riego, abrevadero de animales, acuacultura u otras actividades de la producción de alimentos, se asignará de acuerdo con la prioridad prevista en la norma constitucional, en las condiciones y con las responsabilidades que se establezcan en la referida ley.

En el ámbito de la investigación, se agregó el concepto de extensión con el objetivo de crear mecanismos para la transferencia de tecnología, y se incorporó una nueva previsión destinada a la creación de un programa de transferencia de tecnología dirigido al sector agroalimentario y un programa para el análisis de los diversos sistemas alimentarios existentes en las diferentes regiones del país.

También considera importante fomentar la producción agroecológica y orgánica, la producción agroindustrial rural asociativa y la producción pesquera y acuícola, como otros elementos estratégicos para la soberanía alimentaria del país, en el marco de una planificación participativa que asegure el equilibrio entre economías campesinas y la agroindustria, con respeto a los derechos laborables y la preservación de los ecosistemas.

Se deja en claro que el Estado velará por el respeto al derecho a las comunidades, pueblos y nacionalidades de conservar y promover sus prácticas de manejo de biodiversidad y su entorno natural, garantizando las condiciones necesarias para que puedan mantener, proteger y desarrollar sus conocimientos colectivos, ciencias, tecnológicas, saberes ancestrales y recursos genéticos que contienen la diversidad biológica y la agrodiversidad.

Por otro lado, con el ánimo de reforzar los mecanismos de apoyo a la negociación directa entre productores y consumidores, así como la eficiencia de los canales de comercialización, se crea el Sistema Nacional de Comercialización, sistema que deberá proteger a los pequeños y medianos productores de la imposición de condiciones desfavorables de la comercialización de sus productos.

Se establece de forma clara y taxativa que, “se declara al Ecuador libre de cultivos y semillas transgénicos”.

Crea el Consejo Consultivo para la Soberanía Alimentaría, con la participación de seis representantes del Ejecutivo y seis representantes de la sociedad civil, estará presidido por uno de los representantes de la Función Ejecutiva. Los representantes de la Sociedad Civil serán seleccionados a través de un procedimiento público organizado por el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social a través de una Comisión Ciudadana de selección; tendrán prioridad para esta representación los delegados de las organizaciones campesinas, indígenas, comunas y las de pequeños y medianos productores de los sectores relacionados con la soberanía alimentaría. Estos representantes serán designados por periodos de tres años, sin posibilidad de participar nuevamente para la conformación del Consejo Consultivo.

También se instituye la Conferencia Nacional de Soberanía Alimentaría como un espacio de debate, deliberación y generación de propuestas y políticas en esta materia que estará integrada por las organizaciones de la sociedad civil, universidades y escuelas politécnicas, centros de investigación, asociaciones de consumidores, asociación de pequeños y medianos productores involucrados en el éste tema.

De presentarse una objeción parcial de parte del Ejecutivo, el documento será conocido y estudiado por la Comisión de Salud, misma que deberá elaborar un pronunciamiento de allanarse o insistir en los textos que fueron aprobados por la Legislatura. De llegar un veto parcial, los asambleístas tendrán 30 días de plazo para un pronunciamiento.

Ecuador Inmediato, Ecuador, 13-3-09

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