El Salvador: minería contra interés social
Ante la explotación minera como nueva forma de expropiación de los recursos naturales en El Salvador, el Centro de Investigación sobre Inversión y Comercio (CEICOM) hace algunos planteamientos
Según la entidad la explotación minera choca con lo establecido en el artículo 117 de la Constitución, que "declara de interés social la protección, restauración, desarrollo y aprovechamiento de los recursos naturales". Además, cuando la ley de minería en el artículo 9, establece que: "son personas idóneas para adquirir derechos mineros quienes comprueben tener capacidad técnica y financiera para desarrollar proyectos mineros", crea condiciones para que sean precisamente empresas transnacionales que cuentan con los recursos y la experiencia puedan desarrollar este tipo de actividad, exponiendo el territorio salvadoreño al saqueo por empresas internacionales.
El CEICOM afirma que el recurso minero metálico pertenece a la sociedad en su conjunto. Ésta, haciendo uso de su soberanía como lo establece la constitución, debe participar en la toma de decisiones ante esta especie de privatización y saqueo del subsuelo salvadoreño. "Todo el norte de El Salvador se encuentra bajo la mira de la exploración minera, primer paso en el proceso para la explotación y comercialización de estos recursos. Pero el aspecto más preocupante reside en que la zona norte del país se caracteriza por concentrar la mayor parte del recurso hídrico que se distribuye en toda la región, por lo que un tipo de explotación del recurso minero como el que se hace en este país, - en donde la ganancia está por encima de las regulaciones medioambientales e incluso de la vida misma -, condena la supervivencia de los recursos hídricos y repercutirá gravemente en la salud y bienestar de la población salvadoreña.
Para la entidad no es de extrañar la coincidencia de la concentración de la explotación minera metálica en el norte del país con el megaproyecto de la longitudinal del norte, ya que ambos se complementan perfectamente para la expropiación de este recurso. La longitudinal del norte es otro de los megaproyectos contemplados dentro del Plan Puebla Panamá (PPP): se proyecta que la carretera tenga su inicio cerca del pueblo de La Virgen, en el Departamento de Santa Ana, y atraviese todo el norte del país, pase por 49 municipios y seis departamentos, (Santa Ana, Chalatenango, Cabañas, San Miguel, Morazán y La Unión), y concluya en la frontera de El Amatillo. Del mismo modo, se plantea que la carretera tenga una extensión que conectará con el canal seco, uniendo Puerto Cortés, en Honduras, con el puerto de Cutuco, en El Salvador.
El tipo de trabajo que esta actividad genera es un trabajo precario dado el corto tiempo que duran los proyectos mineros, en condiciones laborales infrahumanas, exponiendo a las personas a materiales altamente tóxicos, - como cianuro y arsénico -, aprovechándose las empresas transnacionales de las condiciones de pobreza en que vive la población de la franja norte del país, facilitando que dichas empresas se burlen de la dignidad de las personas que acceden a este tipo de trabajo.
Además las empresas mineras ofrecen crear fundaciones para aparentar compensar los daños irreversibles que ocasionan, pero en realidad es un mecanismo de elusión fiscal y compra de voluntades en las comunidades para romper con todo tipo de resistencia ante esta actividad. "La explotación minera en El Salvador no tiene nada que ver con la satisfacción de las necesidades de la población ni del Estado, pero sí con la insaciable sed de riqueza de las empresas transnacionales", señala CEICOM.