El monte paraguayo en manos de la indiferencia oficial y la producción de marihuana, soja y carbón
De 8 millones de hectáreas que ocupaba en 1970 la selva paranaense en el Paraguay, hoy solo se extiende en 1.700.000 en fragmentos aislados. Sólo en la década del 90 fueron arrasadas dos millones de hectáreas
La razón de la barbarie son la producción de soja, marihuana y carbón y la instalación de aserraderos. Nadie controla, a pesar de las denuncias y de la vigencia del plan Deforestación Cero.
En 1970, la Selva Paranaense se extendía por 8 millones de hectáreas en forma continúa en Paraguay. Hoy, sólo se la puede encontrar en 1.700.000 hectáreas en fragmentos aislados, y aunque desde el Gobierno se anunciaron medidas para conservarla (Ley de Deforestación Cero, por ejemplo), están totalmente desprotegidas y día a día se pierden miles de hectáreas con toda su biodiversidad. Se calcula que en la década del 90 fueron arrasadas unas 2 millones de hectáreas, y en los últimos tres años la tasa de deforestación alcanzó a unas 13.866 hectáreas por mes (unas 462 hectáreas por día). El principal problema, coinciden expertos y varias investigaciones, es la impunidad que rodea a los delitos contra el medio ambiente. “La complicidad de funcionarios de los tres poderes del Estado hacen que los ilícitos no tengan sanciones que frenen su práctica”.
En Itapúa: aserraderos clandestinos y carbón
A pesar a la vigencia del plan Deforestación Cero, los aserraderos del departamento Itapúa siguen trabajando con la misma intensidad que antes de que se implementara esa medida. Funcionan al ritmo de siempre, y varios sin la habilitación de la Secretaría del Ambiente (Seam). Sólo siete de 12, estarían legalizados. Deberían actuar los municipios con la aplicación de la Ley Orgánica Municipal, la Seam y el Servicio Forestal Nacional.
La destrucción de los bosques tiene como responsables tanto a empresarios interesados en ampliar las zonas de cultivo agrícola, como a campesinos que se dedican a vender la madera a los aserraderos instalados en los alrededores de las zonas boscosas.
Los controles, cuando existen, son evadidos sin ningún problema. Un ejemplo: Los campesinos cortan los rollos con motosierras en trozos y les dan forma de tablones cortos que son ubicados prolijamente sobre los camiones y cubiertos con una carpa. Nadie se da cuenta qué mercadería transporta el rodado.
La producción de carbón es otra amenaza a los bosques; se opera sin ningún control. Toneladas de madera son quemadas a diario en este rubro, y el producto es comercializado incluso en la ciudad argentina de Posadas (se vende a menos de mil guaraníes el kilo). Una bolsa de carbón de unos 20 a 22 kilos se vende a 10.000 guaraníes en Encarnación.
Los árboles también van a parar a la industria yerbatera, donde se utilizadas para el fuego para el “sapecado” de la hoja de yerba.
“Los aserraderos clandestinos y los hornos productores de carbón pululan en las cercanías a los bosques, y en algunos casos incluso operan a la vista de todo el mundo”. (Octubre de 2005).
Motosierras y maquinas pesadas en Parque nacional
Resulta casi insólito: en pleno Parque Nacional Caazapá, en la localidad de San Juan Nepomuceno, fueron sorprendidos obrajeros furtivos depredando con tractores y otras maquinas pesadas. Para evitar ser descubiertos, mantenían amenazado a un líder indígena de una aldea cercana.
El Parque ocupa 16.000 hectáreas en los municipios de San Juan Nepomuceno, Aba-í y Tava-í. Las autoridades ambientales admitieron que el problema es de larga data, y prometieron tomar medidas.
“Los obrajeros furtivos, conocidos también como ‘parqueros’, ingresaban a la reserva por una comunidad indígena, denominada Tacuaró, generalmente con dos tractores para sacar rollos especialmente de incienso, laurel, guatambú y lapacho, que luego eran transportados en forma de rollitos o madera aserrada (con destino a parquet o tirantes para construcciones). Fueron sorprendidos por la Seam y el Servicio Forestal Nacional, en cuya inspección encontraron un rollo de lapacho de unos 20 a 25 metros de largo y 70 centímetros de diámetro (que sería comercializado a G. 1.000.000 a G. 1.500.000), madera aserrada y rollos de guatambú listos a ser desalijados del parque por los aborígenes”.
Cerca del lugar, hay un puesto de control del parque. Está abandonado. Según Juan Carlos Aranda, director de parques de la SEAM, fue saqueado totalmente por los pobladores de la zona. (Octubre de 2005).
Escaso control; marihuana y soja
En lo que va del año, solo en cuatro de los 19 distritos del departamento de San Pedro se realizaron controles forestales. Se detectaron unas 4.000 hectáreas de desmontes y quemas, preferentemente en propiedades de ganaderos brasileños. Pero la cifra total sería más alta, considerando que las comunidades intervenidas son las más pequeñas y donde menos cultivos extensivos existen.
“Llamativamente las instituciones de control sobre este tema por mucho tiempo estuvieron absolutamente ausentes: el Servicio Forestal Nacional (SFN) con oficina en Santa Rosa del Aguaray recién este año comenzó a intervenir en la cuestión... El Ministerio Público también recién ahora, con la vigencia de la Ley 2425, se ha involucrado en el área y la Secretaría del Ambiente (Seam) brilla por su ausencia”.
En las contadas incursiones realizadas en forma conjunta este año por el Ministerio Público, el SFN con el acompañamiento de la Policía Nacional, se han constatado numerosos casos de explotaciones absolutamente irregulares y en otras en flagrante delito contra el medio ambiente. Datos extraoficiales dan cuenta de unas 4.000 hectáreas de montes destruidos en forma irracional solo en cuatro distritos, de los más pequeños. En las 15 localidades restantes no se realizó ninguna intervención.
El 90% de los casos observados son propiedad de ciudadanos de nacionalidad brasileña, quienes adquirieron extensas propiedades para la producción de soja. También “varios ganaderos aportan lo suyo para sustituirlos por pasturas”; y “los mariguaneros parcelan y queman grandes extensiones de bosques para el cultivo de la droga”.
Las instituciones de control tienen escasas posibilidades para una lucha frontal y eficaz. Por ejemplo, la fiscalía de Santa Rosa del Aguaray, con sus dos fiscales, posee un solo medio y escaso personal. Situación similar se produce en la fiscalía de la capital departamental. Mientras tanto, solo un técnico de medio ambiente ha sido designado por el Ministerio Público en San Pedro, pero este tampoco cuenta con medios. El Servicio Forestal recién ahora, con la designación de nuevos funcionarios en Santa Rosa del Aguaray, aparece en el escenario. (Octubre de 2005).
Otras 60 hectáreas arrasadas y agrotóxicos
Unas 60 hectáreas de bosque fueron taladas en forma ilegal, para utilizar la tierra con cultivos agrícolas en una propiedad ubicada en la zona de influencia del Parque Nacional San Rafael. Fiscalizadores del Servicio Forestal Nacional y de la Secretaría del Ambiente llegaron en el momento en que trabajadores procedían a quemar los desechos forestales.
La propiedad se encuentra ubicada en la zona de influencia del Parque Nacional San Rafael, en la cercanía de la colonia Cabayú Cangue, del distrito de Yuty y San Cristóbal, jurisdicción de San Juan Nepomuceno, y se denomina Cielo Azul. Consta de 888 hectáreas y son propietarios de la misma los colonos menonitas Edrman Hieber y Bernardo Krahn, con domicilio en Campo 9, departamento de Caaguazú.
El desmonte se realizó en tres parcelas totalizando en total unas 55 a 60 hectáreas y fue realizado después de entrar en vigencia la Ley 2524/04 de desmonte cero.
Los funcionarios de la SEAM constataron que los carboneros de la propiedad estaban contaminando un cauce hídrico del lugar utilizando envase de agrotóxicos para acarrear agua hasta los hornos.