La OMC, un ALCA en grado superlativo
A medida que se divulgan las verdaderas proyecciones de las negociaciones que tienen lugar dentro de la Organización Mundial del Comercio (OMC), son más los movimientos sociales y los gobiernos que se oponen a la conclusión global de esos acuerdos pues los comparan con el Area de Libre Comercio para las Américas (ALCA) que Estados Unidos ha intentado imponer a la América Latina.
Aunque dirigentes y funcionarios de la OMC como su director, Paul Lamy y el representante de Comercio de Estados Unidos, Rob Portman, auguran y predicen que a fines de año estarán concluidos los lineamientos para formalizar un acuerdo global conjunto, aun falta mucho por andar para llegar a su término.
Las transacciones sobre libre comercio fueron propuestas en Doha, Qatar en 2001 con el argumento de que impulsarían la economía mundial mediante la eliminación de las barreras arancelarias las cuales, en términos reales auguran que las naciones desarrolladas y las transnacionales se engullirán económicamente a los países en vías de desarrollo.
El primer fracaso de la OMC ocurrió en la ciudad estadounidense de Seattle y el segundo en septiembre de 2003 en Cancún, México. Desde entonces, los esfuerzos y presiones han continuado para que los 150 países miembros hagan más concesiones y en especial las naciones pobres que son la mayoría.
La negativa de los Estados ricos a suprimir los subsidios a sus exportaciones, en primer lugar al amplio sector agrícola y la necesidad de bajar los impuestos a los productos procedentes de los países pobres, han detenido las negociaciones.
Para lograr esa mediad, Estados Unidos, la Unión Europea y Japón insisten en que a la par, los países pobres liberen sus sectores industriales y de servicios a la entrada de capital foráneo.
El director de la OMC, como ya es habitual en los dirigentes de esa institución, mira hacia la profundidad del Norte cuando asegura que “no se puede perder más tiempo para la aprobación de la llamada Ronda de Doha pues en julio de 2007 vence en Estados Unidos el fast Track (vía rápida) que permite al Congreso de ese país aceptar o rechazar un acuerdo internacional en bloque”.
Aunque las advertencias de Lamy son como una especie de amenaza, las naciones en desarrollo, que han enfrentado en los últimos tiempos una mayor presión de los movimientos sociales, continúan rechazando los innumerables documentos presentados a discusión.
No obstante, las maratónicas reuniones y discusiones se mantienen: Estados Unidos, Europa y la OMC en una esquina y el Grupo de los 20, presidido por Brasil, India y Sudáfrica, por la otra. Ahora se plantea peligrosamente que el texto para la discusión de la reunión ministerial sobre servicios se dará a conocer el 2 o 3 de diciembre, cerca de la fecha del Consejo General de la OMC y por tanto, las naciones en desarrollo, que no cuentan con suficiente equipo técnico en Ginebra, no podrán analizar y profundizar sobre el documento.
El Acuerdo General de Comercio de Servicios (AGCS) surgió en 1995 junto con la OMC, e incluye una serie de obligaciones para sus miembros muy riesgosas por las ampliaciones y acuerdos sobre el grado de privatización de los servicios públicos.
Con anterior a la OMC existió el GATT que era un Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio que solo alcanzaba al comercio de mercancías y que ahora se pretende ampliar al de los servicios.
Como se conoce, la mayoría de las naciones en desarrollo han tenido que abrir al capital foráneo servicios como la electricidad, medio ambiente, agua, correos y otros, a cambio de que el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional les extiendan empréstitos.
El caso de Argentina fue el más sintomático pues aplicó las reglas del neoliberalismo como se lo orientaron los organismos financieros, las naciones desarrolladas y las compañías transnacionales, y el resultado fue catastrófico.
Ahora esa amarga experiencia se quiere aplicar a nivel mundial pues los ricos exigen que para abrir sus mercados agrícolas a las producciones del Tercer Mundo, estos tienen que permitir a los grupos económicos privados disponer y hasta controlar los servicios de agua, comunicaciones, biodiversidad, energía, salud y educación.
Entre las cláusulas del proyecto aparece que si algún país no esta de acuerdo con el desempeño de alguna empresa que convenie un servicio, al cabo de los tres años se puede recurrir al tribunal de arbitraje y si ese organismo estima que la compañía ha sido perjudicada, la nación tendrá que pagar tanto por la inversión como por lo que pudiera dejar de ganar la transnacional en cuestión.
Las sumas serían tan elevadas que no habría Estado capaz de sufragarla. Estos son algunos de los peligros que presenta el Acuerdo General de Comercio y Servicio.
Con mucha razón la investigadora del Fondo Carnegie para la Paz Internacional con sede en Washington, Sandra Polaski señaló en un reciente documento que “el Sur en desarrollo será el gran perdedor de la Ronda de Doha de negociaciones multilaterales de comercio y servicio porque su industria y agricultura carecen de capacidad para competir con Estados Unidos, Japón, Europa”.
La ex funcionaria de la Cancillería de Estados Unidos agregó en un informe de 120 páginas que “la secuencia de negociaciones no traerá beneficios para los países pobres, a pesar de que su denominación original es Ronda de Desarrollo de Doha”.
Para el líder altermundista francés José Bové las reglas de la OMC benefician solo a una minoría de las empresas transnacionales y desplazan a los pequeños productores.
Negociaciones difíciles esperan a los integrantes de la OMC sobre todo porque mientras más se conocen sus intenciones, también crecen las protestas sociales contra las políticas neoliberales y de libre comercio que se quieren implantar a nivel mundial.