México: de prisa y pese a rechazo, senadores aprobarán la Ley de Bioseguridad

A pesar de la inconformidad de grupos ambientalistas y académicos, el Senado de la República se apresta a aprobar la próxima semana la Ley de Bioseguridad de Organismos Genéticamente Modificados (OGM). Ayer, la presidenta de la Comisión de Medio Ambiente, Verónica Velasco, logró detener la votación de la minuta, que se pretendía aprobar fast track, por lo que quedó en primera lectura.

La postergación se aprobó con el fin de que el próximo jueves la Comisión de Medio Ambiente escuche opiniones de representantes de diversas organizaciones y de dependencias gubernamentales que están preocupados por los cambios efectuados a la iniciativa en la Cámara de Diputados, pues consideran que éstos benefician a las trasnacionales.

Sin embargo, la senadora Velasco, del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), precisó que, pese a la inconformidad por el contenido de la ley y, particularmente, de su artículo 101, que ella comparte, la minuta va a pasar tal como está, ya que de lo contrario tendría que regresarse a la Cámara de Diputados, donde se corre el riesgo que sea congelada.

"Perderíamos la ley, y por ello lo mejor es aprobarla y después presentar otras iniciativas para modificar los artículos en los que hay problemas", expresó Velasco.

La legisladora resaltó que la iniciativa es producto de un largo proceso, ya que se aprobó en el Senado el 24 de abril de 2003, luego de una amplia consulta, y se turnó de inmediato a la Cámara de Diputados, donde tardó año y medio en aprobarse con más de 40 modificaciones de fondo.

El cambio más controvertido, explicó, es el que hicieron los diputados al artículo 101. "Para nosotros es fundamental ese artículo, y el sentido que le dimos en la minuta que salió del Senado es que todo producto alimentario que tuviera o contara con algún transgénico tendría forzosamente que ser etiquetado, con el propósito de que los ciudadanos pudieran decidir sobre su consumo."

El criterio que guió a los senadores fue que "un derecho elemental de los ciudadanos es saber cuál es el contenido de lo que vamos a comer, sobre todo si el alimento contiene OGM". Sin embargo, detalló, en la Cámara de Diputados modificaron ese artículo y la nueva redacción precisa que sólo deberán etiquetarse los productos que tengan organismos genéticamente modificados y sean "significativamente distintos a otros".

"¿Qué es eso?, nos preguntamos en el Senado, y hasta ahora nadie me lo ha podido responder", comentó, e hizo notar que no habrá autoridad que pueda decidir qué alimentos que contengan transgénicos deberán etiquetarse". Otros puntos discutibles, dijo, son que no se incluye el principio precautorio, por lo que el Protocolo de Cartagena deja de tener validez.

En ese sentido, representantes de Greenpeace realizaron ayer un plantón frente al Senado y entregaron a cada legislador un escrito en el que les piden que antes de aprobar la ley revisen el informe Maíz y biodiversidad: efectos del maíz transgénico en México, elaborado por la Comisión de Cooperación Ambiental de América del Norte.

Ese informe incluye recomendaciones relacionadas con la contaminación genética del maíz mexicano, "mismas que no se contemplan" en la minuta que está en revisión en el Senado. Algunos integrantes de Greenpeace fueron recibidos por el presidente de esa cámara, Diego Fernández de Cevallos, y se les permitió pasar al salón de plenos.

Sin embargo, la discusión no se dio ayer, pese a que el dictamen ya estaba listo para aprobarse. La intervención de la senadora Velasco logró posponer la votación, pero no más de una semana, ya que en las otras comisiones dictaminadoras -Ciencia y Tecnología y de Estudios Legislativos Segunda- hay prisa por sacar la minuta. Inclusive hubo irregularidades en la aprobación del dictamen la semana pasada.

"Más que una Ley de Bioseguridad, lo que aprobaremos es una legislación de fomento a las actividades y el tráfico de organismos genéticos. Ese es el punto medular, pero las modificaciones las tendremos que hacer después, ya con un marco jurídico en vigor."

La Jornada, México, 9-2-05