México: exigen especialistas desechar ley sobre bioseguridad, plagada de puntos débiles

La ley aprobada en lo general por el Congreso mexicano para liberar el trasiego, cultivo y comercialización de organismos transgénicos es "permisiva" con las corporaciones que dominan el mercado, al mismo tiempo que ignora el punto de vista y soslaya los intereses de las comunidades rurales del país, las primeras afectadas por este tipo de productos, señalaron expertos.
Reunidos en El Colegio de México, especialistas en biología, agronomía, antropología, sociología y derecho concluyeron que el ordenamiento aprobado en lo general por el Congreso en diciembre pasado tiene tantos puntos débiles que lo más sensato es desecharlo y abrir un periodo amplio de discusión para llegar a un nuevo proyecto que establezca mecanismos claros de protección contra riesgos, castigo a los responsables de causar daño por liberación de organismos transgénicos y, sobre todo, que incluya los puntos de vista de la sociedad.
El tema de los transgénicos, organismos modificados genéticamente para llevar la rentabilidad de los cultivos, pero también las ganancias de las empresas que venden las semillas, es ampliamente ignorado por la sociedad mexicana, que no está al tanto de las consecuencias negativas en la salud y el medio ambiente derivados de su uso. Aunque hay al menos 22 variedades de alimentos modificados genéticamente que se producen en México -entre ellos maíz, soya, algodón, jitomate y papa- la mayoría de la población no tiene información sobre los efectos derivados de su consumo y liberación al ambiente, ni los alimentos que los contienen están etiquetados con notificaciones al consumidor.
"Uno de los problemas fundamentales de la ley es que carece de una estructura de protección a los ciudadanos", comentó Pablo Uribe, integrante del Instituto Mexicano de Derecho Ambiental, al participar en el foro, organizado por el Programa de Ciencia, Tecnología y Desarrollo de El Colegio de México.
En 1993, el Senado aprobó la llamada Ley de Bioseguridad de Organismos Genéticamente Modificados. En diciembre pasado, con los votos de los partidos Revolucionario Institucional y Acción Nacional, pasó con algunas modificaciones en la Cámara de Diputados, que la regresó a la colegisladora. Los senadores van a discutirla nuevamente -previsiblemente en el periodo ordinario que inicia en febrero-, pero sólo en las partes en que sus colegas de San Lázaro hicieron observaciones.
El investigador y académico universitario Víctor Toledo planteó en el foro que el proyecto de ley a discusión en el Senado entraña "un profundo desdén" por el proceso cultural del país. "Los campesinos, como sujetos sociales de la biodiversidad, están fuera de la ley".
Si los ciudadanos, que son el destino final de los alimentos modificados genéticamente; y los campesinos, los afectados en primera instancia por el eventual uso masivo de semillas transgénicas no son tomados en cuenta en la nueva ley, la pregunta que trataron de responder los expertos reunidos en la institución educativa es a quiénes beneficia el texto impulsado en el Congreso.
Sol Ortiz, del Instituto Nacional de Ecología, una entidad gubernamental, planteó que "la realidad" es que los transgénicos están aquí". Dijo: "Si no hay una ley, de todos modos va a haber transgénicos".
Ignacio Chapela, investigador de la Universidad de Berkeley, en California, Estados Unidos, consideró la apreciación de la funcionaria gubernamental como un falso dilema. "Es un falso dilema estarse fijando en los detalles", planteó. "El asunto no es si los transgénicos están aquí; el tema es si queremos que estén aquí", dijo Chapela.
El proyecto de ley que está por ser aprobado abre el mercado mexicano a las cuatro o cinco empresas trasnacionales dedicadas a la producción de semillas transgénicas. Las mismas que se harían con el control de una parte de la comercialización de semillas, por las que cobran derechos de uso de patente a los campesinos que las utilicen. "Es un tema de soberanía. No entreguemos la soberanía a esas empresas y punto", planteó Chapela.En el mundo, ni los más entusiastas defensores de la biotecnología pueden afirmar tajantemente que los organismos modificados genéticamente no causan daño a la salud o al ambiente. Aun así, el proyecto mexicano de ley de bioseguridad está diseñado bajo la premisa de que estos organismos no
entrañan riesgos.Y, por tanto, la legislación no contiene un régimen adecuado de
responsabilidad para las compañías productoras de las semillas, en caso de que se provoque un daño ambiental o a la salud, según planteó el investigador de El Colegio de México Alejandro Nadal, uno de los organizadores del seminario.
"Como la ley considera que los organismos modificados genéticamente no son dañinos, entonces es difícil ejercer acciones de responsabilidad y reparación de daños; esto, a su vez, no permite que se generen incentivos para que tanto empresas como usuarios realicen inversiones para reducir los riesgos", señaló.
El especialista Alejandro Turrent planteó que la promoción que se hace de las semillas transgénicas no tiene relación directa con el tema de seguridad alimentaria, no al menos en el caso del maíz, el principal alimento de la dieta promedio en México.
Con la tecnología disponible actualmente en el país, aseguró, sería posible producir 40 millones de toneladas de maíz, sin usar semillas transgénicas. Esta es una cantidad que supera el consumo anual, de 25 millones de toneladas, cifras que muestran lo innecesario de emplear semillas transgénicas en este cultivo.

La Jornada, México, 27-1-05