Perú: Estado no respeta Convenio 169 de OIT sobre Pueblos Indígenas
"Los congresistas demócratas de Estados Unidos muestren más preocupación por la situación de los peruanos más desfavorecidos que el actual gobierno”
El Grupo de Trabajo sobre Pueblos Indígenas de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos ha suscrito un pronunciamiento en el que denuncia reiterados incumplimientos del Convenio 169 de la OIT sobre Pueblos Indígenas por parte del estado peruano y lamenta que “los congresistas demócratas de Estados Unidos muestren más preocupación por la situación de los peruanos más desfavorecidos que el actual gobierno”.
El Convenio 169 de la Organización Internacional de Trabajo (OIT) sobre Pueblos Indígenas tampoco está siendo respetado
La bancada demócrata del Congreso de los Estados Unidos exigió la revisión del TLC con nuestro país debido a que no existen las salvaguardas necesarias a los derechos de los trabajadores y al medio ambiente. El documento presentado por los demócratas rechaza la cláusula del TLC por la cual los países firmantes deben respetar sus leyes laborales sin importar el contenido de éstas y solicitan que sea reemplazada por el respeto a las normas básicas de la OIT como la prohibición del trabajo infantil, del trabajo esclavo y de la discriminación laboral, así como el respeto a los derechos de asociación y de formar sindicatos.
Frente a esta preocupación de los demócratas norteamericanos ante el incumplimiento de los convenios de la OIT, el Grupo sobre Pueblos Indígenas de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos expresa su preocupación y recuerda a la comunidad nacional e internacional que:
1. A pesar que el Estado peruano aprobó el Convenio 169 de la OIT, en diciembre de 1993, mediante la Resolución Legislativa Nº 26253, en los últimos catorce años este convenio ha sido vulnerado de manera significativa por el propio Estado.
2. El Convenio 169 establece en su artículo 6, inciso a) que “los gobiernos deberán consultar a los pueblos interesados, mediante procedimientos apropiados y, en particular, a través de sus instituciones representativas, las medidas legislativas o administrativas susceptibles de afectarles directamente”. Sin embargo, esto no se cumple en relación a la población indígena, como muestra el hecho que Perú Petro y el Ministerio de Energía y Minas otorgan en concesión el territorio de las comunidades nativas sin ningún tipo de consulta a las poblaciones afectadas, afectando su seguridad jurídica y su tranquilidad.
3. Posteriormente, se dispone que las empresas extractivas realicen procedimientos de consulta meramente informativos, con terminología muchas veces incomprensible para la población.
4. Esta situación se ha hecho más grave debido al reciente Decreto Supremo Nº 014-2007-EM, que modifica el Reglamento Ambiental para las Actividades de Exploración Minera y debilita los ya precarios mecanismos de participación de las comunidades.
5. La extracción de gas y de petróleo genera diversas formas de contaminación y dañan los recursos naturales de la población, como ha sucedido con el pueblo achuar que habita el río Corrientes, en el Alto Amazonas afectado por la Pluspetrol y como demuestran los diversos derrames del gasoducto de Camisea.
6. Esta afectación implica incluso a los indígenas en situación de aislamiento voluntario, porque la reciente Ley Nº 28736 permite la concesión de recursos naturales dentro de las reservas creadas para protegerlos, lo cual implicaría una seria amenaza para su supervivencia.
7. Una muestra final de la desatención del Convenio 169-OIT ha sido la reciente fusión del Instituto Nacional de Desarrollo de Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuanos (INDEPA) con el Ministerio de la Mujer y Desarrollo Humano, sin ninguna consulta a las poblaciones afectadas.
El permanente incumplimiento del Convenio 169 de la OIT por el Estado peruano lleva a pensar que no se otorga mayor seriedad a las obligaciones internacionales en relación a la población indígena. Resulta lamentable que los congresistas demócratas de Estados Unidos muestren más preocupación por la situación de los peruanos más desfavorecidos que el actual gobierno.