Perú: “Hay una brutal agresión externa sobre el bosque amazónico y los pueblos indígenas” afirma Alberto Chirif
Servindi.- El jueves 22 de febrero se realizó la jornada de reflexión sobre territorialidad indígena organizada por la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (AIDESEP) y compartimos con nuestros lectores un resumen de las ideas principales expuestas por el antropólogo Alberto Chirif. Él, conjuntamente con Pedro García Hierro, son autores de una investigación que saldrá próximamente a la luz publicada por el Grupo Internacional de Trabajo sobre Asuntos Indígenas (IWGIA)
La presión sobre la amazonía es brutal y hay una peligrosa agresión sobre los pueblos y comunidades indígenas lo cual es muy grave, pues -como reza el título de una publicación antigua - “el indígena y el territorio son un solo” afirmó Alberto Chirif al inicio de su exposición.
Las industrias extractivas son las mayores responsables de los grandes impactos sobre el bosque amazónico. Se trata no solo de la actividad maderera que “hoy no invaden las comunidades nativas, sino que hacen trato con ellas”, lo cual es mucho más peligroso. Se trata también de las carreteras que hoy llegan a lugares antes impensados como Atalaya en la selva central o Madre de Dios.
Comerciantes inescrupulosos gestionan expedientes de permiso para la extracción y facturan a nombre de las comunidades para extraer madera en diferentes lugares -incluso dentro de áreas naturales protegidas (ANP)- con lo que las comunidades resultan luego con enormes deudas tributarias.
Las condiciones en que operan los extractores de madera son deleznables tal como lo ha denunciado un estudio de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre el trabajo forzoso.
De igual modo el impacto de las carreteras es asombroso. Se está contruyendo la carretera Transmazónica con una distancia de 2586 Km. entre Iñapari (Madre de Dios) y los puntos de la costa sur peruana a un costo de US $ 892 millones de dólares, lo cual agravará la situación porque no se están adoptando las previsiones necesarias.
El impacto de la actividad petrolera también es muy perjudicial y hay lotes petroleros sobre 36 millones de hectaréas.
Otro caso grave de preocupación son los evidencias de compra y venta de tierras comunales, tal como viene ocurriendo en Tsachopen (Oxapampa), en el caso Camantaro en Perené y Satipo, y una comunidad awajún en Altomayo.
Balance de 35 años de lucha por la territorialidad indígena
Chirif observa que existen varias etapas en el proceso de los últimos 35 años.
En una primera etapa los pueblos indígenas ejercen su territorialidad con un alto grado de autonomía, aunque carecían de respaldo jurídico, razón por la cual eran vulnerables al contacto externo.
En una segunda fase los pueblos amazónicos se organizan, obtienen su personería jurídica como comunidades y logran derechos colectivos. En esta etapa se consiguen logros importantes como millones de tierras tituladas y “se abre un mundo esperanzador”.
Sin embargo, posteriormente, se aceleran los procesos de agresión externos y “el futuro se siente amenazante, incluso en términos de subsistencia”. En esta tercera etapa se produce alarma, desencanto, y la necesidad de reflexionar en su destino como pueblos en términos de viabilidad interna. “El poderío de la agresión externa es tan brutal que conduce a las organizaciones indígenas a recapitular lo andado y plantearse en qué hemos fallado, qué hemos descuidado”.
Una integración jurídica defectuosa
Sin duda uno de los principales problemas para la defensa y consolidación de la territorialidad indígena es la forma cómo se integran los territorios indígenas en el contexto normativo nacional.
La integración generó cambios en los atributos y en la concepción misma del territorio “que en muchos casos no son funcionales para el ejercicio autónomo de la territorialidad, principalmente en términos de eficiencia ecológica y equidad social”.
“En el paso de Constitución Política de 1979 a la legislación ordinaria y administrativa el derecho territorial se desvirtúa” y “la configuración final de los territorios indígenas responde más a un juego de negociaciones que a un verdadero diseño territorial conforme a la posesión ancestral” afirma Chirif.
El mayor problema, en el aspecto jurídico, es la carencia de protección legal de los territorios indígenas, donde la regla es el conflicto, debido a que la agresión es contínua, permanente.
“Aún faltan muchos territorios por legalizar”
En el Perú hay muchos espacios intercomunales que aparecen como vacíos territoriales y se necesitan unir esfuerzos para apoyar los denominados procesos de “ampliación”.
El problema es que las gestiones de titulación más han respondido a la iniciativa privada y al apoyo de la cooperación internacional antes que a una política de estado, que ha titulado por lo común cuando se ha tratado de proyectos especiales.
El principal logro en la titulación de territorios indígenas responde a los esfuerzos de las organizaciones indígenas afiliadas a la Aidesep, como es el caso de las actuales: Coordinadora Regional de Pueblos Indígenas - San Lorenzo (CORPI SL) con 1´611,000 Ha, la Organización Regional Aidesep Ucayali (ORAU) con 1´540,000 Ha. y la Organización Regional Aidesep Iquitos (ORAI) con 732,000 Ha.
Sin duda, Aidesep ha tenido un rol histórico en la legalización de los territorios indígenas “pues a otras organizaciones como la Confederación de Nacionalidades Amazónicas del Perú (CONAP) nunca le ha interesado la titulación” dijo Alberto Chirif.
El experto mostró asimismo una relación de instituciones privadas que han promovido acciones concretas de titulación de territorios indígenas como el Centro de Investigación y Promoción Amazónica (CIPA), el Centro para el Desarrollo del Indígena Amazónico (CEDIA), el Proyecto Pacaya Samiria, la WWF, AIF/DK, DAM, el Centro Amazónico de Antropología y Aplicación Práctica (CAAAP), SAIP y Vecinos Perú.
A pesar de lo avanzado hay mucho aún por trabajar pues de acuerdo a ley hay recursos que son de todos o de servicio público como los ríos, lagunas, cochas, márgenes ribereños o de carretera, entre otros, sobre los cuales los pueblos indígenas no tienen una legalidad específica reconocida.
La situación es adversa cuando hay vacíos o grietas que generan conflictos pues el saneamiento tiene la tendencia de favorecer a terceros y no a los indígenas.
Algunos programas de apoyo a la titulación -enmarcadas en la agenda internacional de lucha contra la pobreza- tienen como objetivo precisamente “liberalizar y dinamizar el mercado de tierras” antes que consolidar la territorialidad de los pueblos indígenas.
Lo anterior es de cuidado pues las políticas de lucha contra la pobreza son esencialmente hasta ahora iniciativas económicas referidas principalmente al mercado “a pesar que existen evidencias de que la pobreza indígena se relaciona y se acentúa con la proximidad de los indígenas a los mercados y a las vías comerciales”. Tal acercamiento ha resultado nefasto para la subsistencia de muchos pueblos indígenas en periodos relativamente cortos, advirtió Chirif.
Una colonización que no termina
El trabajo elaborado por Chirif y García Hierro concede un espacio especial al tema de la colonización que en el Perú se inició en el periodo colonial de nuestra historia.
En él se explica cómo los conquistadores impulsó la concentración poblacional en espacios reducidos para evangelizar a los indígenas, disponer de su fuerza de trabajo y liberar tierras.
En el contexto amazónico también se han desarrollado modalidades de concentración de la población indígena como las generadas por las misiones religiosas de Shirumbia (1906), Koribeni (1918), Sepahua (1948), Timpía (1953) y Picha (1960).
Otra modalidad es el sistema de escuelas que inician los adventistas en 1910, prosigue el Instituto Lingüístico de Verano (ILV) en 1948 y el estado con mayor fuerza a partir de 1950.
Los fundos ganaderos formados a la caida de la fiebre del caucho y nuevos auges extractivistas también concentran población indígena.
Por último están las oleadas de colonización alentadas por el propio estado, muy mal organizadas, y en medio de un descontrol oficial muy grande.
Aunque no lo afirmó de manera específica Chirif, podemos deducir que otra modalidad de colonización se relaciona con la politica de áreas naturales protegidas promovida bajo el modelo conservacionista y estático inspirado en el Parque Nacional de Yellowstone, en Estados Unidos.
“El estado no es coherente y ésta es la mayor contradicción del sistema de ANP pues las deja libre a merced de los extractores ilegales” dijo Alberto.
Un caso aislado de colaboración fructífera es la reserva Alpahuayo Mishana (2004) donde participan comunidades campesinas.
A los pueblos indígenas “más que la propiedad debe interesarles el control efectivo de las reservas pues se han dado casos en que teniendo la propiedad han hecho malos negocios”.
“La inclusión de reservas territoriales dentro de los parques nacionales u otras categorías de ANP no anula sus derechos sino que los fortalece en la medida que añade más institucionalidad y recursos para la protección de esas áreas” concluyó Chirif en este punto.
La responsabilidad política del movimiento indígena
La creciente presencia política de las organizaciones indígenas lo han convertido en el “nuevo movimiento social americano” portador de alternativas.
Lamentablemente, al tener que coordinarse con variados intereses socioeconómicos quedan sometidos a condicionamientos complejos sin control.
El progresivo acceso de los pueblos indígenas al mercado, y viceversa, y la redefinición de los objetivos educativos hacia nuevas necesidades ubicadas en una sociedad globalizada merma y muchas veces paraliza el proceso creativo y empobrece el patrimonio cultural autóctono.
Finalmente, Chirif, dijo que es necesario que el movimiento indígena analice la realidad tal cual es y sepa reconocer sus desafíos y debilidades sin ningún temor, pues éste es un indicador de fortaleza.