Trasnacionales y gobiernos se alían para quitarnos recursos: indígenas
Las comunidades indígenas de América Latina sufren discriminación por parte de sus gobiernos, denuncian.
De Oaxaca a Temuco, en Chile, las grandes empresas trasnacionales, ligadas con el poder político, mantienen el control y la explotación de grandes extensiones de territorio de los pueblos indígenas; se apoderan de las riquezas forestales y minerales -principalmente oro y plata- de las regiones nativas y provocan la expulsión de comunidades enteras que se oponen al avance del neoliberalismo y de la internacionalización de la economía que amenaza la diversidad cultural de los pueblos originales.
De los mixes a los mapuches, pasando por los mames, aymaras y quechuas, la discriminación contra el indígena es cada vez más intensa, principalmente hacia las mujeres, la cual "es doblemente discriminada por pobre y marginada", coincidieron María Terea Huentekeo e Isabel Domínguez, dirigentes mapuche y quechua, respectivamente, quienes junto con tres dirigentes indígenas más participaron en el quinto Congreso de la Red Latinoamericana de Antropología Jurídica, que analiza sus respectivas realidades nacionales en el contexto de la globalización y la adquisición de poder por las comunidades indígenas.
Cinco reconocidos dirigentes de igual número de países -Chile, Bolivia, Guatemala, Ecuador y México- intervinieron en la primera mesa redonda del quinto Congreso de la Red Latinoamericana de Antropología Jurídica, donde participan especialistas, investigadores y catedráticos de universidades de América Latina, Estados Unidos, Austria, Francia, España, Holanda, principalmente.
Coincidieron en la búsqueda de alternativas para evitar el avance de las grandes trasnacionales, en particular las forestales, mineras y petroleras de Estados Unidos y Canadá, y la urgencia de lograr respuestas nuevas y eficientes sabiendo aprovechar las tecnologías emergentes y las comunicaciones para generar redes y movimientos sociales nacionales e internacionales.
Chile es uno de los casos ejemplares, señaló María Terea Huentekeo, coordinadora de derechos territoriales de la Asociación de Mujeres Mapuches; allá se ha puesto en la balanza la protección de los derechos colectivos de las comunidades mapuches y la seguridad del capital trasnacional.
"Durante la dictadura de Augusto Pinochet y los cuatro gobiernos democráticos -incluyendo el de Michelle Bachelet-, la balanza se ha inclinado hacia la protección de los intereses de las grandes trasnacionales", aseguró la indígena, para luego destacar que en su país la situación de los pueblos originales se caracteriza por la falta de protección y reconocimiento de los derechos humanos y colectivos de las etnias.
María Terea Huentekeo señala que Chile es el único país de América Latina que se ha caracterizado por mantener una política de negación y exclusión sistemática contra los indígenas, lo que ha impedido un proceso de reconocimiento de los derechos y libertades fundamentales de este pueblo.
La situación de las comunidades indígenas y de las mujeres en especial no es diferente en Bolivia. Isabel Domínguez, ejecutiva de la Federación Departamental de Mujeres Campesinas Bartolina Sisa y asambleísta de la Constituyente de ese país, denunció que los grandes capitales trasnacionales que controlan la minería y el petróleo no quieren perder los privilegios y siguen intentando derrocar al gobierno que preside el indígena aymara Evo Morales.
Ellos, dice refiriéndose a las empresas trasnacionales de Estados Unidos, "seguramente no quieren soltar su mamadera. La oligarquía busca derrumbar a nuestro presidente, las organizaciones no quieren dejar la presidencia, porque es un orgullo que por primera vez un indígena representante de la comunidad aymara sea presidente de Bolivia, después de tantos años gobernando Estados Unidos por medio de capitalistas".
Isabel Domínguez dice sentir orgullo de ser indígena quechua nacida en Cochabamba, a pesar de ser discriminada en el Congreso de Bolivia; "yo no soy española legítima, yo soy legítima quechua". Y reconoce que el presidente Morales hace esfuerzos por lograr cambios profundos, pero la oligarquía, insiste, se opone.
Rolando López Crisóstomo, coordinador general de la Asociación para el Desarrollo Integral Maya Ajchmol, presentó en la mesa redonda una denuncia por la invasión del territorio de indígenas mam, en el departamento guatemalteco de San Marcos, por parte de empresas mineras.
"El Estado de Guatemala violó las normas y principios plasmados en la Constitución de la República y los acuerdos de paz, especialmente el relativo a la identidad y el derecho de los pueblos indígenas, así como el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, porque no hubo consulta a los pueblos indígenas para que las trasnacionales explotaran las minas en nuestro territorio", explicó.
Confirmó que existen 250 licencias autorizadas por el gobierno guatemalteco de Oscar Berger para el reconocimiento de exploración y explotación de minerales en los territorios de pueblos indígenas.
El dirigente de Servicios del Pueblo Mixe, Adelfo Regino, planteó la necesidad de reivindicar a los pueblos indígenas de América Latina. Destacó la importancia que tuvieron los acuerdos de San Andrés, firmados por el gobierno mexicano y el Ejército Zapatista de Liberación Nacional.
"Con los acuerdos de San Andrés se abría un cauce, una esperanza muy importante para tratar de resolver, en lo fundamental, la problemática de los pueblos indígenas. Lamentablemente en este país no se escuchan ni se ha sabido medir el alcance de las demandas de nuestros pueblos originales", puntualizó.