Audio - Según informe de Global Witness, 200 personas fueron asesinadas en 2016 por defender la tierra y el ambiente

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La organización Global Witness publicó el 13 de julio su nuevo informe anual, que revela que al menos 200 personas fueron asesinadas en 2016 “por proteger sus tierras y el entorno natural de industrias como la minería, la tala y la agroindustria”. La violencia creció respecto a 2015.

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América Latina sigue siendo la región más afectada: concentra 60% de los asesinatos. Cerca de 40% de las víctimas eran indígenas.

El informe, titulado Defender la tierra, se refiere a 2016 como “el peor año en la historia para personas defensoras de la tierra y el medio ambiente”. Da cuenta de que no sólo creció la violencia, sino que se expandió: en 2015 Global Witness había contabilizado 185 asesinatos en 16 países; en 2016 contó 200 asesinatos en 24 países. El informe aclara que la organización pudo documentar 200 casos, pero que seguramente hayan sido muchos más. Agrega que los asesinatos son la expresión más violenta de una práctica intimidatoria de empresas, terratenientes y de agentes de los propios Estados, que recurren además a amenazas de muerte, arrestos, agresiones sexuales, secuestros y ataques legales.

Brasil es “el país más mortífero”: allí se contabilizaron 49 asesinatos por luchas ambientales. Se vincula a la industria maderera con el asesinato de 16 personas en el Amazonas. El informe cita a la Comisión Pastoral de la Tierra, que ha expresado que el avance de proyectos de agronegocio, minería y energía han provocado la organización y la resistencia de indígenas y pequeñas comunidades de agricultores. Al tiempo, la Comisión Pastoral recordó que los gobiernos no han resuelto los problemas estructurales del sector agrario.

Nicaragua, con 11 asesinatos en 2016, es identificado como el país con más muertes per cápita. Diez de esas 11 personas asesinadas eran indígenas. El informe manifiesta preocupación por el desplazamiento masivo y el malestar social -con la consecuente represión- que provoca la construcción del canal interoceánico que dividirá a Nicaragua; la obra surge de la concesión que hizo en 2013 el gobierno nicaragüense a una compañía china –Hong Kong Canal Development Group- y, al igual que el canal de Panamá, conectará el océano Pacífico con el océano Atlántico.

Honduras se mantiene como el país más peligroso per cápita, dice el informe. En 2016 hubo allí 14 defensores asesinados, entre ellas la líder lenca Berta Cáceres, que murió por oponerse al proyecto hidroeléctrico Agua Zarca. La mayoría de los asesinatos están vinculados a represas hidroeléctricas y al agronegocio, puntualiza el informe que además del caso de Berta, relata también la oposición de la villa Santa Elena a la hidroeléctrica Los Encinos.

En Colombia los asesinatos alcanzaron un máximo histórico, afirma el reporte. Hubo 37 asesinatos de defensores en 2016; se explica que eso ocurrió a pesar –o a partir- del proceso de paz, porque áreas que antes estaban bajo control guerrillero son disputadas ahora por compañías extractivas y paramilitares. De hecho, los paramilitares han sido acusados de perpetrar 22 asesinatos. El informe hace foco en el caso de Jakeline Romero, indígena Wayúu y defensora de derechos humanos; tanto ella como su familia han recibido amenazas de muerte por oponerse a “los impactos devastadores” de El Cerrejón, la mina a cielo abierto más grande de América Latina, que es propiedad de las empresas Glencore, BHP Billiton y Anglo-American. El proyecto ha provocado escasez de agua y desplazamientos masivos. “Te amenazan para que te calles. Yo no me puedo callar. No puedo permanecer en silencio frente a todo lo que le está pasando a mi gente. Estamos luchando por nuestras tierras, por nuestra agua, por nuestras vidas”, afirmó Jakeline Romero en diálogo con Global Witness.

Con 28 asesinatos, Filipinas ocupó en 2016 el tercer lugar en el ranking. La mayoría de los defensores asesinados se oponían a proyectos mineros, a plantas de carbón y a industrias extractivas. El rol del carbón en la sociedad filipina no es menor, puesto que genera 45% de la energía que usa el país, de ahí se explica la fuerte demanda social que hay en favor del uso de energías renovables.
India ocupa el cuarto lugar en el ranking. El informe da cuenta de que allí se han triplicado los asesinatos y ha empeorado la brutalidad policial y la represión de protestas pacíficas. La mayoría de los 16 asesinatos que ocurrieron en 2016 se relacionan con proyectos mineros.

Global Witness destaca, también, el agravamiento de la situación en la República Democrática del Congo, donde fueron asesinadas 10 personas en 2016, y nueve de ellas eran guardaparques.

El informe da cuenta, además, de “la creciente criminalización de las y los activistas alrededor del Mundo. En ello señala el caso de Estados Unidos, en donde si bien en 2016 no se detectaron asesinatos de defensores de la tierra y el ambiente, se ha detectado un aumento de la protesta y de “los cargos penales falsos y agresivos casos civiles” que han montado gobiernos y empresas con la intención de silenciar a los activistas.

Fuente: Radio Mundo Real

Temas: Criminalización de la protesta social / Derechos humanos

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