Vieja usanza - Desalojo violento a campesinos por parte de uniformados en Paraguay

Idioma Español
País Paraguay

El pasado 2 de junio, 33 familias campesinas que habitaban y producían en un predio perteneciente al Estado paraguayo fueron desalojadas violentamente por parte policías y militares de ese país lo que significa una vuelta al pasado represivo en pleno gobierno de Fernando Lugo.

 

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Las familias campesinas ubicadas en el distrito de Santa Teresa, departamento de Alto Paraná, pertenecen al Movimiento Campesino del Paraguay (MCP), miembro de la Vía Campesina y de la Coordinadora Latinoamericana de Organizaciones del Campo, CLOC.

 

 

Las tierras que habitaban y cultivaban le fueron entregadas por el INDERT (Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra) cuatro años antes, dice a Radio Mundo Real Dalmasio Quiroga, secretario general del MCP.

 

 

Sus casas fueron destruidas y sus cultivos arrasados en el operativo de desalojo “por el cual hacemos responsable al gobierno”, señala Dalmasio. Según la información que ha circulado hasta el momento, las tierras serían devueltas a su presunto antiguo propietario, un latifundista de origen brasileño, Américo Rodríguez Sousa.

 

 

“Denunciamos la irresponsabilidad del Estado Paraguayo y del INDERT como Institución responsable de la Reforma Agraria, quienes actúan con [un] viejo modelo del negocio en la tenencia de la tierra”, dice el MCP en un comunicado internacional que denuncia la situación en Santa Teresa.

 

 

Pese a que el estado de excepción decretado por el Parlamento paraguayo culminó el pasado 24 de mayo, el dirigente campesino señala que se siguen viviendo atropellos y actos de autoritarismo por parte de los uniformados en varias regiones rurales.

 

 

“Esa entrega de tierras ya estaba formalizada, ya estaban mojonadas las parcelas cuando se da este desalojo. Responsabilizamos por lo que pueda ocurrir al gobierno nacional”, insistió.

 

 

En el operativo actuaron 80 policías y varios militares. Los campesinos decidieron retirarse pacíficamente y establecer su campamento en las afueras del predio hasta obtener una solución. “Vamos a presionar al gobierno para que ubique nuevamente a los campesinos”, concluyó Dalmasio Quiroga en contacto desde el país guaraní.
Fuente: RMR

Temas: Criminalización de la protesta social / Derechos humanos, Soberanía alimentaria

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