Campaña exige que agricultora no sea detenida por resistir la presión de empresa minera en Perú

Idioma Español
País Perú

Ante la falta de respeto a los derechos ancestrales y a los derechos humanos por parte de la empresa minera sudamericana Yanacocha, en la localidad de La Laguna Azul, Departamento de Cajamarca, Perú, que culminó con la condena de la agricultora Máxima Acuña, de 44 años, a prisión y multa, una campaña está recolectando firmas para demandar que la campesina no sea detenida.

Como resultado de las medidas judiciales tomadas por la empresa, el último 5 de agosto de este año, Máxima Acuña fue condenada a dos años y ocho meses de prisión y a pagar una indemnización a la empresa minera de 5.500 soles (casi 1.500 euros o 4.400 reales), sólo porque se niega a salir de su casa, de su terreno, y dar lugar a la explotación de oro por parte de la Yanacocha.

 

 

 

A causa de la decisión judicial, su casa y su terreno deben ser desocupados inmediatamente. La decisión dejó inconformes a los vecinos y defensores de los derechos humanos.

 

 

Los defensores de derechos humanos solicitan el apoyo nacional e internacional para divulgar la situación de Máxima Acuña y recolectar firmas aquí.

 

 

 

La Yanacocha es la mayor empresa minera de América del Sur y pretende construir una nueva mina de oro en las cercanías de La Laguna Azul. Sin embargo, los habitantes de la región, como la agricultora Máxima, más conocida como "La Dama del Lago”, y su familia, están en contra del proyecto de la Mina Conga. La peruana se convirtió en un símbolo de lucha contra la minera y, actualmente, corre el riesgo de ser detenida por resistir las embestidas de la empresa, que oprime y no respeta los derechos de los campesinos.

 

 

 

Para leer la sentencia judicial completa en contra de Máxima Acuña entre aquí

 

 

 

De acuerdo con la APRODEH (Asociación Pro Derechos Humanos), en mayo de este año la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), de la Organización de Estados Americanos, otorgó medidas cautelares para proteger la vida y la integridad de la familia de Máxima y otros dirigentes rurales de la región; sin embargo, el Estado peruano todavía no dio la debida atención y protección necesarias.

 

 

Traducción: Daniel Barrantes - moc.liamg@leinad.setnarrab

Fuente: ADITAL

Temas: Criminalización de la protesta social / Derechos humanos, Minería

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