México D.F. a 17 de febrero de 2012.
Pronunciamiento Urgente
Ciudadanía y organizaciones decimos NO al proyecto de Dictamen por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de turismo.
A las Diputadas y Diputados integrantes de la
Comisión de Puntos Constitucionales:
Las personas y organizaciones abajo firmantes nos permitimos llamar su atención acerca de la iniciativa de reforma constitucional sobre turismo.
Antecedentes:
El día miércoles 15 de febrero 2012 en la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados se presentó un dictamen con el que se propone reformar y adicionar diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de turismo.
De acuerdo al texto que se presentó diputadas y diputados de dicha comisión declararon, entre otros argumentos que:
• Es una iniciativa que desborda el contenido, el espíritu y el alcance general de la Constitución Política como norma suprema, al modificar nueve de sus artículos en áreas fundamentales como educación, pueblos indígenas, niñez, planeación del desarrollo, propiedad de la Nación, etc.
• Afectaría los derechos de los pueblos indígenas a disponer libremente del uso y aprovechamiento de sus recursos; los pondría en desventaja ante los designios de la autoridad sobre su territorio.
• Desvía el sentido de la propiedad de la Nación sobre tierra, agua y recursos naturales para imponer una prioridad en el otorgamiento de concesiones, que ni siquiera tienen las áreas económicas estratégicas.
• Se excluye a las comunidades y pueblos indígenas de toda posibilidad de participar colectivamente en los procesos de establecimiento de proyectos turísticos con un enfoque comunitario y ecológico.
• No establece criterios claros de sustentabilidad, por lo que ésta podría ser un mero requisito burocrático que podría tener impactos masivos contrarios a la conservación y mantenimiento de la biodiversidad.
La ciudadanía declaramos que:
Después de prolongadas luchas de la sociedad para plasmar en la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos el reconocimiento amplio de los derechos humanos: el derecho a la alimentación; el derecho al agua; los derechos de las niñas y los niños; así como las disposiciones sobre la equidad de género, la transparencia, entre otros. Indigna y significan grande retrocesos que se pretendan modificar ocho artículos constitucionales en un solo acto, con el fin de privilegiar una actividad económica.
Estas reformas exceden el ámbito económico y se involucran en disposiciones constitucionales sumamente delicadas como son los derechos indígenas, los derechos de la infancia, la educación y las obligaciones del Estado para con las ciudadanas y los ciudadanos.
Reformar el Artículo 2° para privilegiar el turismo y no para dar cabal cumplimiento a las Acuerdos de San Andres Larráinzar, es a todas luces una grave afrenta a los pueblos indígenas, a quienes además, en cumplimiento cabal a lo dispuesto en el Art. 1° de la Constitución, tienen que ser consultados ante cualquier cambio en la legislación que les afecte.
Por otro lado, la iniciativa no contribuye a elevar a la Constitución el principio de sustentabilidad, como sería deseable, sino que utiliza a éste como un complemento trivial de la actividad turística. Es preocupante que después de haber avanzado con una amplia reforma constitucional en materia de derechos humanos, ahora se prefiera reformar a favor del turismo antes que ratificar el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC), el cual es un pendiente importante con la sociedad Mexicana, el medio ambiente y los pueblos originarios.
La reforma altera definitivamente el artículo 27, al imponer una prioridad económica en el otorgamiento de concesiones de los recursos naturales del dominio de la nación, por encima de los derechos y las aspiraciones de la población.
En el caso del turismo, hemos presenciado, entre otros, casos como los desarrollos turísticos de Tenacatita, Mezcala, Ostula, Cabo Pulmo, Isla Blanca, entre muchos otros donde los gobiernos federal y de las entidades prefirieron velar por los intereses de las empresas antes que proteger los derechos, el medio ambiente, la tierra y los recursos de los grupos sociales afectados.
Si alguna reforma en materia turística cabe en el capítulo de los derechos humanos, es la que garantice que ninguna persona será discriminada por sus condiciones económicas o de raza en los establecimientos turísticos, tal como sucede permanentemente, lo cual llegó al grado de negarle el acceso a la Premio Nobel de la Paz Rigoberta Menchú por su vestimenta indígena; también se requiere la que garantice el acceso libre de las y los mexicanos a las playas y a toda área propiedad de la nación. Cabe señalar que a amplios sectores de la ciudadanía se nos impide el manejo que hacen algunas empresas turísticas.
Estamos convencidos de que las comunidades, los pueblos y las colectividades deben tener prioridad en los procesos de establecimiento de proyectos turísticos con un enfoque comunitario, respetuoso del medio ambiente y de desarrollo social con identidad.
Por ello, los conminamos detener a discusión y aprobación en la Comisión de Puntos Constitucionales y a que antes de dictaminar esta reforma, escuchen y hagan valer la opinión y participación de la ciudadanía, en especial, la de los pueblos indígenas y de quienes nos organizamos para defender los derechos humanos.
Atentamente,
Secciones
