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Autor Organizaciones de la sociedad civil Idioma Español Pais Argentina Publicado 3 diciembre 2014 07:45

Argentina: Alerta por pedido de derogación de ordenanza de agroquímicos en Villa Mercedes, San Luis

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Un grupo de organizaciones presentamos al Concejo Deliberante un escrito argumentando por qué es importante defender la ordenanza sobre distancias mínimas para fumigaciones, y debatir el tema públicamente. Presentamos información sobre por qué los agroquímicos son agrotóxicos (venenos), sobre los impactos en la salud y en la calidad de las aguas, las legislaciones que nos amparan, lo precario de la argumentación de las instituciones que impulsaron el decreto, las derivas de los agrotóxicos, y nuestras propuestas.

25 de Noviembre de 2014

El 15 de septiembre el Concejo Deliberante de Villa Mercedes recibió una nota “invitando a adecuar” la ordenanza municipal 442E-MAH/O/2012 al decreto Nº1962 M del C - 2014.

La nota está firmada por miembros de la COPROSAVE (Comisión Provincial de Sanidad Vegetal) el CIAPA (Colegio de Ingenieros Agrónomos y Profesiones Afines de San Luis), Sociedades rurales, Ministerio del Campo, AAPRESID (Asociación Argentina de Productores en Siembra Directa) y representantes del INTA (Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria), SENASA (Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria) y la UNSL (Universidad Nacional de San Luis).

A pesar de que en la COPROSAVE participaron varias instituciones del Estado provincial y Nacional, la propuesta está basada en los intereses privados de las empresas productoras de agroquímicos, los vendedores, los profesionales afines y los productores de granos bajo el modelo del monocultivo de granos transgénicos. Y fue elaborada a puertas cerradas y en secreto, a espaldas de los amplios sectores de la sociedad que estamos preocupados por el problema de los agrotóxicos.

La propuesta de este grupo es clara: Reducir las distancias mínimas de las fumigaciones, en las zonas periurbanas, priorizando el lucro sobre la salud y el ambiente.

No tuvieron en cuenta los objetivos 1 y 2 de la misma ley IX – 0320 – 2004 “Proteger la salud humana y animal” y “Proteger los recursos naturales renovables evitando la contaminación”

Un grupo de organizaciones presentamos al Concejo Deliberante un escrito argumentando por qué es importante defender la ordenanza, y debatir el tema públicamente.

Presentamos información sobre por qué los agroquímicos son agrotóxicos (venenos), sobre los impactos en la salud y en la calidad de las aguas, las legislaciones que nos amparan, lo precario de la argumentación de las instituciones que impulsaron el decreto, las derivas de los agrotóxicos, y nuestras propuestas:

- Que el Concejo Deliberante responda a la COPROSAVE de forma urgente por la negativa a la derogación de la ordenanza municipal 442E-MAH/O/2012.

- Que se convoque a audiencia pública para debatir democráticamente el problema, para no repetir el error de la COPROSAVE, que propuso un decreto en forma secreta y a puertas cerradas, sin participación de voces críticas como poblaciones fumigadas, profesionales críticos, ONGs, etc.

- Que el Concejo Deliberante solicite que se debata al interior de INTA, el Senasa y la Universidad de San Luis, y todos los ciudadanos podamos conocer todas las voces, en su diversidad, que hay dentro de dichas instituciones.

Estamos en alerta por la respuesta del Concejo Deliberante.

No queremos contaminación ni ninguna de esas enfermedades horribles que causan los agrotóxicos: Cáncer, Leucemia, Esterilidad, Asma, Malformaciones, Abortos espontáneos, etc. etc.

Acción por la Biodiversidad.

Asociación Campesinos del Valle del Conlara.

CELMA. Centro de Estudios Legales del Medio Ambiente

Cepronat (Centro de Protección de la Naturaleza)

GRAIN

Madres del Barrio Ituzaingó Anexo

Reduas – Red Universitaria Ambiente y Salud. Facultad de Ciencias Médicas, Universidad Nacional de Córdoba

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Villa Mercedes, 24 de Noviembre de 2014

Al Sr. Oscar Montero
Presidente del Honorable Concejo Deliberante.
Villa Mercedes.

Los abajo firmantes nos dirigimos a Ud. y a los concejales del HCD de Villa Mercedes para comunicarles nuestra preocupación, algunos de nuestros saberes y nuestra propuesta, con respecto a las fumigaciones con agrotóxicos en Villa Mercedes, su zona de influencia, la provincia y el país.

En concreto nos puso en alerta la nota presentada el día 19 de septiembre de 2014 por la COPROSAVE, Comisión provincial de sanidad vegetal. La nota está firmada por el CIAPA (Colegio de Ingenieros Agrónomos y Profesiones Afines de San Luis), Sociedades rurales, Ministerio del Campo, AAPRESID (Asociación Argentina de Productores en Siembra Directa) y representantes del INTA (Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria), SENASA (Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria) y la UNSL (Universidad Nacional de San Luis), “invitando a adecuar” la ordenanza municipal 442E-MAH/O/2012 al decreto Nº1962 M del C - 2014.

El CIAPA, en nota fechada el 15 de Septiembre, pide la derogación de la ordenanza citada, y presenta sus argumentos.

La presión que busca generar este grupo es infundada, y es absolutamente irresponsable que la llamen “científica”. También adolece de fuerza democrática, ya que los intereses son sesgados, y el decreto se hizo en secreto y a puertas cerradas. Vamos a exponer la justificación de estas afirmaciones.

1. Introducción: Los agroquímicos son agrotóxicos, son venenos.

2. Efectos de los agrotóxicos en la salud humana y en las aguas.

3. Legislaciones que amparan el ambiente sano: Constitución Nacional y Ley General de Ambiente.

4. La falta de ciencia de la COPROSAVE. Discusión sobre el Documento “Pautas sobre aplicación de productos fitosanitarios en áreas periurbanas

5. Destino ambiental de los agrotóxicos. ¿Dónde van a parar los venenos?

6. Conclusiones. Basta de secretos y puertas cerradas:

7. Propuestas. Sigamos protegiendo la salud. Intensifiquemos el debate amplio.

1. Introducción: Los agroquímicos son agrotóxicos, son venenos.

Los agrotóxicos son productos tóxicos, diseñados por los seres humanos para matar vida. Si bien el objeto de su uso es “controlar plagas, malezas y enfermedades” nunca están exentos de “efectos secundarios”. Llamarlos “productos fitosanitarios” no los vuelve menos tóxicos; al contrario, al querer ocultar los efectos tóxicos muchos desprevenidos son intoxicados.

La Ley Nacional N°24.051 de Residuos Peligrosos en su Anexo II, “Categorías de desechos que hay que controlar” señala expresamente los residuos del uso de agroquímicos en los siguientes términos:

“Y4 Desechos resultantes de la producción, la preparación y la utilización de biocidas y productos fitofarmacéuticos” y, en el Anexo III, “Lista de características peligrosas” menciona expresamente:

6.1

H6.1

Tóxicos (venenos) agudos: Sustancias o desechos que pueden causar la muerte o lesiones graves o daños a la salud humana, si se ingieren o inhalan o entran en contacto con la piel.

9

H11

Sustancias tóxicas (con efectos retardados o crónicos): Sustancias o desechos que, de ser aspirados o ingeridos o de penetrar en la piel pueden entrañar efectos retardados o crónicos, incluso la carcinogenia.

9

H12

Ecotóxicos: Sustancias o desechos que, si se liberan, tienen o pueden tener efectos adversos inmediatos o retardados en el ambiente debido a la bioacumulación o los efectos tóxicos en los sistemas bióticos.

La Ley de residuos peligrosos llama a los agroquímicos como lo que son: venenos, tóxicos.

2. Efectos de los agrotóxicos en la salud humana y en las aguas.

Detallaremos 2 efectos del uso masivo de agrotóxicos en la agricultura[1]:

A. La salud de las personas
B. La Contaminación de aguas

A. La salud de las personas

Un grupo importante de médicos organizados por medio de una red, organizaron en Agosto de 2010 en la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Córdoba, el 1º ENCUENTRO NACIONAL DE MEDICOS DE PUEBLOS FUMIGADOS

Incluimos algunos párrafos del documento final de dicho encuentro, que nos parecen significativos.

Pág 1. Afectaciones a la salud por la exposición a agrotóxicos (del documento “Declaración de Caroya”): Reducción de la edad media y talla de crecimiento en pueblos fumigados por desnutrición y descenso de las defensas naturales. Malformaciones congénitas. Mutagénesis. Pérdidas de Embarazo. Depresión y Suicidios. Afecciones al sistema nervioso central y otras patologías neurológicas. Invalidez. Espina Bífida. Lupus. Leucemia y otros tipos de cáncer. Cloracné y otras afecciones cutáneas. Asma, alergias y otras afecciones respiratorias y pulmonares. Esterilidad e Impotencia masculina. Disrupción Hormonal y otros trastornos hormonales. Disminución del desarrollo en la infancia. Síndrome Febril prolongado sin foco. Mayor vulnerabilidad infantil a contaminantes. Anemia. Esclerosis Múltiple. Isquemia cerebral.

Participaron del encuentro más de 160 participantes de seis universidades nacionales. El Comité organizador y académico contó con médicos de especialidades varias, como el Coordinador del Modulo Determinantes Sociales de la Salud, Facultad de Ciencias Médicas – Universidad Nacional de Córdoba (UNC); Epidemiólogo, Médico Generalista, docente Cátedra Medicina Psicosocial, UNC, Profesor Titular de Semiología (Medicina I), UNC; Docente de Medicina Interna, UNC; Profesor Titular de Pediatría, UNC; Toxicólogo, Coordinadora Módulo Medicina Ambiental, FCM-UNC.

Muchos de los relatos fueron coincidentes en los cambios de los patrones de enfermedades generadas por el avance de las fumigaciones.

Si bien las manifestaciones de intoxicación aguda son la demanda cotidiana de los pacientes, lo que más alarma a los médicos de los pueblos fumigados son dos observaciones principales: en primer lugar una mayor cantidad de recién nacidos que presentan malformaciones congénitas y muchos más abortos espontáneos que los que habitualmente se producían en sus poblaciones de pacientes. En segundo lugar una mayor detección de cánceres en niños y adultos, y enfermedades severas como púrpuras, hepatopatías tóxicas y trastornos neurológicos.

Los médicos destacaron que ellos atienden, en general, desde hace más de 25 años a las mismas poblaciones, pero lo que encuentran en los últimos años es absolutamente inusual y lo vinculan directamente a las fumigaciones sistemáticas con plaguicidas.

Chaco: Aumento del número de malformaciones cada 10.000 nacidos vivos:

1997

19.1

2001

28.1

2008

85.3

Estos valores se encuentran correlacionados con el aumento de la superficie sembrada de soja.

Además, cuando se analizó la incidencia de Cánceres infantiles en el pueblo más agredido con agrotóxicos (La Leonesa), y se lo comparó con pueblos cercanos medianamente fumigados (Las Palmas), y poco fumigados (Puerto Bermejo), los resultados reforzaron el vínculo con un mayor grado de exposición a plaguicidas.

Es importante destacar que son escasos los informes epidemiológicos oficiales; según lo que manifiestan los propios médicos, sólo cuentan con los datos de sus observaciones, ya que en general los estamentos de la Salud Pública han evitado verificar las voces de alarma de los equipos de salud como las denuncias de las poblaciones; el informe de la provincia del Chaco es uno de los únicos generados por un área pública con participación interjurisdiccional.

Misiones. El Centro Latinoamericano de Registro de Malformaciones Congénitas (ECLAM) informa que la Provincia de Misiones tiene una tasa de 0,1 en 1000 nacidos vivos con defecto de cierre del tubo neural; pero el Dr. Demaio registra en su hospital 7,2/1000, (70 veces más) tasa que aumenta año a año. Su equipo georeferenció el origen de las familias con estos graves e invalidantes déficits y todos provienen de zonas fuertemente fumigadas.

El equipo de salud misionero grafica la situación diciendo que lo que se ve es la punta de un iceberg.

Córdoba: Los bebés nacidos con malformaciones congénitas severas aumentaron entre dos y tres veces entre 1971 y 2003. Se destaca el vínculo con agrotóxicos como factor de riesgo; señalando que la que la intensidad de las fumigaciones aumenta en coincidencia con el incremento de la prevalencia de malformaciones. El mismo fenómeno se detecta en Chile, Paraguay, Colombia, España, USA, México, Filipinas, Canadá y países europeos.

Estudios de la Universidad Nacional del Litoral (UNL), Santa Fe: Se estudiaron biomarcadores de reacción celular en personas expuestas a plaguicidas en forma directa (fumigadores) e indirecta (no fumigadores habitantes cercanos de los cultivos). Los resultados mostraron que ambos grupos de expuestos a los plaguicidas (ocupacional y habitacional) tenían un índice de daño genético estadísticamente muy superior al grupo control (no expuestos a plaguicidas), diferencia que es estadísticamente significativa y que se mantuvo en el análisis de reparación de daño genético. Los investigadores concluyen que individuos con menor capacidad de eliminar mutaciones genéticas tendrán muchas más posibilidades de desarrollar cáncer bajo esta exposición; igualmente, embarazadas expuestas, en ventanas de tiempo de alta vulnerabilidad, tendrán abortos espontáneos o neonatos con malformaciones.

Estudios en la Universidad Nacional de Río Cuarto. “El equipo de la Dra. Delia Aiassa, del Departamento de Salud Pública de la Facultad de Agronomía y Veterinaria de la UNRC (Río Cuarto) y CONICET, también viene trabajando y publicando desde hace años, sobre genotoxicidad de glifosato y exposición a plaguicidas en general”.

“Sus resultados, al igual que para Simoniello en Santa Fe, mostraron importantes diferencias en los índices de genotoxicidad entre individuos expuestos a fumigaciones o no y los miembros del grupo control que no habitan una región fumigada. Las lesiones genéticas evidentes en los grupos expuestos a plaguicidas fueron de una magnitud estadística significativamente superior, lo que refuerza el vínculo causal con la exposición y muestra; también, similitud con las pruebas realizadas en animales de experimentación por el mismo grupo de científicos”.

Estudios en la Universidad Nacional de Buenos Aires (UBA). El Laboratorio de Embriología Molecular del CONICET-UBA, dirigido por el Dr. Andrés Carrasco, también viene estudiando el glifosato como noxa del desarrollo embrionario en modelos de vertebrados con reconocida compatibilidad con el desarrollo embrionario humano. Hay muchos antecedentes internacionales de informes que relacionan este herbicida con daño al desarrollo embrionario, en distintos modelos experimentales.

El trabajo de Carrasco, recientemente publicado y presentado en este 1º Encuentro, demostró efectos teratogénicos del glifosato, incubando e inoculando embriones anfibios y de pollos con dosis muy diluidas del herbicida. Los resultados muestran una disminución del largo del embrión, alteraciones que sugieren defectos en la formación del eje embrionario, modificación del tamaño de la zona cefálica con compromiso en la formación del cerebro y reducción de ojos, alteraciones de los arcos branquiales y placoda auditiva y cambios anormales en los mecanismos de formación de la placa neural que podrían afectar el normal desarrollo del cerebro, del cierre del tubo neural u otras deficiencias del sistema nervioso.

Los autores concluyen afirmando que el efecto directo del glifosato sobre los mecanismos iniciales de la morfogénesis en embriones de vertebrados, genera preocupación por los resultados clínicos que se observan en la descendencia de las poblaciones expuestas a glifosato en los campos agrícolas; resultados clínicos que fueron testimoniados por los médicos de los pueblos fumigados presentes en este Encuentro Nacional.

Como se ve, existe abundante evidencia científica no sólo sobre la toxicidad de los biocidas en laboratorio, sino también sobre la relación entre la exposición ocupacional y habitacional a los biocidas y los aumentos de enfermedades en las poblaciones afectadas.

B. La Contaminación de aguas

Cuando se habla de contaminación de aguas mucha gente piensa exclusivamente en fábricas que vierten desechos a ríos, mineras que dejan diques de cola llenos de cianuro y metales pesados, papeleras, etc.

Muchas veces se desconoce que la agricultura es, de las actividades humanas, la principal contaminante de las aguas, como lo afirma este trabajo muy recomendable de la FAO (Organización para la Agricultura y la Alimentación de la ONU, Organización de las Naciones Unidas):

“La agricultura, en cuanto mayor usuario del agua dulce a escala mundial y principal factor de degradación de los recursos hídricos superficiales y subterráneos como consecuencia de la erosión y de la escorrentía química, justifica la preocupación existente por sus repercusiones mundiales en la calidad del agua a escala mundial” [2]

La atrazina, por ejemplo, es un herbicida masivamente usado en los cultivos de maíz en Argentina. También en la provincia de San Luis. Es causante de malformaciones, como revela el estudio de Winchester, citado en el Informe del Encuentro de Médicos de Pueblos Fumigados[3]. Está detectado en numerosos cursos de agua de la Argentina. En EEUU en los últimos años se viene dando un intenso debate sobre la prohibición de la atrazina, impulsado por científicos y cooperativas de agua potable que tienen sus aguas contaminadas con este peligrosísimo agrotóxico. En la Unión Europea cortaron por lo sano prohibieron la atrazina.

Aguas contaminadas en San Luis

En San Luis se muestreó sin participación ciudadana aguas y suelos del Valle del Conlara, durante el invierno de 2013.

El jueves 26 de septiembre de 2013, en una conferencia de prensa la Ministra de Medio Ambiente de San Luis afirmaba ante los medios y varios intendentes del Valle del Conlara que se había hecho un estudio con la Universidad Nacional de Cuyo de Mendoza, que el estudio era de primer nivel, que no había ningún residuo de agrotóxico en todo el Valle del Conlara, y que la población se quedara tranquila, que no había nada raro, y que todos los agroquímicos están aprobados por el Senasa.

En la presentación del informe se dijo que no habían encontrado ninguna muestra positiva en las determinaciones de agroquímicos. MINTIERON.

En las páginas 140, 142, 178, 181 y 206 figuran trazas (entre 0,01 y 0,15 ppb) de atrazina en 5 muestras de agua.

La atrazina hoy está prohibida en la Unión Europea y en varios países de África. En EEUU está permitido su uso, pero muy restringido: no se puede fumigar sobre cuencas hídricas, sólo lo puede usar personal autorizado especialmente, etc.

Existen muchos estudios que demuestran que la atrazina en el agua potable está relacionada con un mayor riesgo de cáncer de próstata, y problemas hormonales, cardiovasculares, pulmonares y renales en humanos, anomalías sexuales y hormonales en las ranas, peces y reptiles, y que la producción disminuye en las plantas acuáticas. Otros autores demostraron efectos graves en el funcionamiento del hipotálamo, región del cerebro que regula el normal funcionamiento de las hormonas del estrés y sexuales.

Los especialistas en contaminación afirman que este herbicida es uno de los más encontrados en agua. Una vez llegado al agua su degradación es muy lenta, por lo que se acumula. El valor de 3 ppb recomendados por la OMS para agua potable está siendo ampliamente debatido. Uno de los motivos es que al actuar hormonalmente, actúa también a bajas dosis, y no responde al principio de relación directa entre dosis y efecto.

Como decíamos más arriba, muchos países optaron por lo sano y directamente prohibieron la atrazina. La Argentina no. Y el gobierno de San Luis, al encontrar contaminación con atrazina, mira para el otro lado.

Los resultados positivos están firmados en todos los casos, por la Lic. Barbeito de la UNCuyo, que desconoció esta información extremadamente preocupante, y se sumó a la voluntad expresada por el gobierno de dar tranquilidad a la población.

Pero entonces: ¿hay o no hay agrotóxicos? El informe dice muchísimas veces que no, pero después dice que sí… Mirando en detalle, en la página 2 enumera las muestras consideradas en el estudio. Sorprendentemente, el listado va de la muestra M4 a la M23, y los resultados positivos en atrazina corresponden a las muestras M1, M2, M3, M24 y M25. Esto no fue un error. Y es muy grave:

Descartar datos porque no coinciden con los objetivos de los investigadores no sólo es ilegítimo, es exactamente todo lo contrario a lo que se debería hacer en casos de contaminación con productos peligrosos para la salud: considerar los datos con seriedad, y profundizar las investigaciones.

Si las muestras están bien tomadas, los resultados valen, y si estamos buscando contaminación, no se puede mirar para otro lado si el valor parece bajo, menos aún si lo que se busca es "presencia o ausencia", como se dice en los objetivos del estudio.

El glifosato que no está porque no lo quieren buscar.

En la página 11 del informe leemos que, para las 8 muestras de suelo recolectadas, “no se lograron resultados detectables de Glifosato ni de AMPA”. Esto también se dijo en la conferencia de prensa, y fue tomado por el diario de la República. Entre las páginas 189 y 204 están los estudios del INTI con el detalle de las muestras de suelo, y vemos que no se solicitaron análisis de glifosato y AMPA para dichas muestras.

No lo encontraron porque no lo buscaron… Este dato es una tomada de pelo, no nos puede “dar tranquilidad”…

Quizás algunas personas necesiten ver enfermos en Villa Mercedes o datos concretos de contaminación irreversible de las aguas para tomar acciones al respecto. Nosotros no. Y la ley nos ampara:

3. Legislaciones que amparan el ambiente sano: Constitución Nacional y Ley General de Ambiente.

La ley General del Ambiente, Nº 25675, define los principios de prevención, precaución y progresividad:

Principio de prevención: Las causas y las fuentes de los problemas ambientales se atenderán en forma prioritaria e integrada, tratando de prevenir los efectos negativos que sobre el ambiente se pueden producir.

Principio precautorio: Cuando haya peligro de daño grave o irreversible la ausencia de información o certeza científica no deberá utilizarse como razón para postergar la adopción de medidas eficaces, en función de los costos, para impedir la degradación del medio ambiente.

Principio de progresividad: Los objetivos ambientales deberán ser logrados en forma gradual, a través de metas interinas y finales, proyectadas en un cronograma temporal que facilite la adecuación correspondiente a las actividades relacionadas con esos objetivos.

Dichos principios establecen la obligación de anticiparse a la producción del daño ambiental, más allá de que sus efectos puedan parecer inciertos o dudosos. Además, la progresividad va hacia un mayor resguardo, no hacia un resguardo menor, como pretende la COPROSAVE reduciendo las distancias en las zonas periurbanas de Villa Mercedes.

En el mismo sentido en el artículo “Economía, ecología y salud”, publicado en junio de 2013 en la página web de Reduas, el médico Damián Verzeñassi, responsable académico de la materia Salud Sociambiental de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Rosario, afirma que “Si una enfermedad degenerativa es precedida por mutaciones cromosómicas, y puede aparecer 20 a 30 años posteriores a la exposición a un producto peligroso, dependiendo, entre otros elementos, de la intensidad de la exposición, (…) ¿Basta con señalar que tal o cual sustancia es dañina si se la utiliza incorrectamente? Coincidimos con Eric Chivian cuando dice “el entorno físico, nuestro hábitat, es el factor determinante de mayor importancia para la salud humana. La protección del ambiente y la preservación de los ecosistemas, son, en términos de salud pública, los pasos fundamentales para la prevención de enfermedades”.

Como expresa el Dr. Ricardo Lorenzetti, Presidente de la Corte Suprema de la

Nación Argentina:

“El tema central es que cuando se usan agroquímicos eso genera riesgos. Ahí hay dos posiciones: una es no regular y que los riesgos sean después evaluados con el tiempo; y una vez que producen daños entonces enfrentar esos daños. A esta posición la llamamos reactiva, es decir, uno reacciona después de que se producen los daños.

En el mundo actual la posición de todos los que trabajan estos temas es censurar eso, porque una vez que se causan daños a la salud o a los bienes ambientales ya no hay retorno.

Entonces la posición es proactiva, es decir regular antes, regular para prevenir, regular para evitar. De manera que mi posición es que hay que regular[4].

Las ordenanzas NO se modifican por “quedar contrapuestas a un norma de mayor jerarquía”, como pretende el CIAPA[5].

La ordenanza y el HCD son autónomas de la órbita del Gobierno de la Provincia, como lo dice claramente la Carta Orgánica del Municipio.

Vale citar la Constitución Nacional de la República Argentina, que en el Art. 41 dice con total claridad: “Artículo 41.- Todos los habitantes gozan del derecho a un ambiente sano, equilibrado, apto para el desarrollo humano y para que las actividades productivas satisfagan las necesidades presentes sin comprometer las de las generaciones futuras; y tienen el deber de preservarlo. El daño ambiental generará prioritariamente la obligación de recomponer, según lo establezca la ley. Las autoridades proveerán a la protección de este derecho, a la utilización racional de los recursos naturales, a la preservación del patrimonio natural y cultural y de la diversidad biológica, y a la información y educación ambientales”.

4. La falta de ciencia de la COPROSAVE. Discusión sobre el DocumentoPautas sobre aplicación de productos fitosanitarios en áreas periurbanas

El CIAPA afirma, sin ponerse colorados, que “la normativa provincial se modificó a partir de la experiencia, investigación y bibliografía nacional e internacional”[6]

“La COPROSAVE realizó una exhaustiva investigación y revisión bibliográfica que se transcribe a continuación”

Sin embargo… a continuación no se transcribe NINGÚN RESULTADO DE NINGUNA “EXHAUSTIVA INVESTIGACIÓN Y REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA… Se cita el lamentable documento “Pautas sobre aplicación de productos fitosanitarios en áreas periurbanas” consensuado no por la comunidad científica ni la Sociedad en su conjunto, sino por un grupo con claros intereses directos de gestión, profesionales y/o económico-empresarios[7]

El documento carece de las tres legitimidades necesarias para un documento de este tipo, a saber: legitimidad científica, legitimidad política y legitimidad jurídica[8] :

Carece de legitimidad científica por varios motivos. En primer lugar, no participaron profesionales de la salud, ni se tuvieron en cuenta estudios epidemiológicos absolutamente imprescindibles para este tipo de regulaciones. Claramente, quienes participaron en la elaboración del documento carecen de la competencia profesional en medicina, y tienen además, competencia absolutamente restringida en temas ambientales y ecológicos.

Ninguno de los datos sobre distancia que ponen como ejemplos tiene referencia bibliográfica, lo que le quita seriedad a todo el documento. Tampoco se refiere al contexto productivo, social, ambiental y a los sistemas de control en los países que citan. La mayoría de las citas bibliográficas del documento no pueden ser corroboradas, por lo que su referencia es contraria a la ciencia. Por ejemplo, la cita 2 dice: Association of Food and Drugs. 1965. Incluso la cita listada como “14” no aparece indicada en el texto, es decir, no se puede saber de dónde es.

También carece de legitimidad científica porque utilizan y proponen para la regulación de substancias tóxicas estudios toxicológicos que no son científicos, ya que fueron realizados y pertenecen a las empresas que producen y comercializan las mismas sustancias tóxicas, por lo que carecen de la necesaria independencia de criterio; por otro lado, son confidenciales, es decir, no fueron publicados, por lo que no pueden ser validados por investigadores independientes en estudios que contrasten sus resultados.

Además, utilizan para la medición toxicológica un instrumento que no sirve para ello: la metodología de la dosis letal 50% aguda, que no evalúa las toxicidades crónicas ni subletales.

La ciencia, para serlo, debe ser pública, y la información, para ser científica, debe utilizar un instrumento que evalúe lo que se quiere evaluar; y la DL50 no sirve por sí misma para hacer evaluaciones toxicológicas letales y subletales crónicas de productos que afecten o puedan afectar a la población en general. Como bien lo expresa la Organización Mundial de la Salud, no es un instrumento que sirva para medir lo que se pretende.

Carece de legitimidad política porque los que fueron consultados y participaron de la elaboración del documento, como decíamos, es un grupo con claros intereses directos de gestión, profesionales y/o económico-empresarios.

En este colectivo no están representadas todas las escuelas de pensamiento del INTA ni de la Facultad de Agronomía de la UBA y mucho menos, las áreas de salud y ecotoxicología.

Están ausentes además, los principales sectores afectados por los pesticidas y que no se benefician con su uso, a saber: los trabajadores rurales, los consumidores que compran, llevan a sus casas e ingieren junto con sus hijos alimentos que tienen pesticidas o transgénicos la mayoría de las veces sin saberlo, y si lo saben sin tener otra alternativa a su alcance, las poblaciones afectadas por la deriva de los pesticidas, las organizaciones de médicos que tratan a las poblaciones afectadas por las derivas y a la población en general afectada por el consumo de alimentos con pesticidas, las organizaciones ambientalistas, los productores y sus organizaciones que no utilizan estos agrotóxicos y ven afectadas sus producciones por la aplicación de ellos en campos y propiedades linderas.

Carece de legitimidad jurídica porque contravienen recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, normativas de la propia Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, de la Ley 10.699/88, de la ley Nacional del Ambiente y de la Constitución Nacional.

De la OMS, porque en sus informes referidos a las Clasificación toxicológica basada en la metodología DL50 dice taxativamente que nunca debe ser utilizada esta clasificación como criterio principal, sino como criterio complementario a los conocimientos especiales y clínicos de quienes trabajan con estos productos; es decir, de todas las personas que no fueron consideradas en el grupo de trabajo que redactó esas pautas.

De la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación que en su Resolución 736/2006, que crea la Red Nacional de Laboratorios de Ensayo y Diagnóstico dependiente de la Dirección de Laboratorios y Control Técnico del SENASA, señala en su Artículo 9 que: Los laboratorios “Autorizados” deberán abstenerse de efectuar análisis sobre material proveniente de cualquier empresa con la cual mantengan algún tipo de vinculación o dependencia que pueda afectar su independencia de juicio.

Es imposible cuidar la salud de la población y el ambiente con pautas y normativas de regulación a los pesticidas que son elaboradas y promocionadas por quienes se benefician con su fabricación, comercialización aplicación y uso, e ignorando a quienes padecen sus consecuencias o quienes las analizan desde las ciencias de la salud.

El derecho a un ambiente sano reconocido constitucionalmente (art. 41 CN) debería oficiar como guía para este tipo de espacios de discusión poniendo el acento en los riesgos en el ambiente y en la salud de la población de las zonas afectadas por las aplicaciones de biocidas.

Como si todas estas faltas de legitimidades fueran pocas, los autores del documento Ocultan información, descaradamente: En la Unión Europea la Directiva 128 del Parlamento y del Consejo Europeo del 21 de octubre de 2009, dispone que los Estados miembros garantizarán la prohibición de las pulverizaciones aéreas (Art. 9). Esta prohibición se sustentan en que, como lo especifica el considerando 14: “La pulverización aérea de plaguicidas puede causar efectos negativos significativos en la salud humana y el medio ambiente, sobre todo por la deriva de la pulverización. Por tanto, la pulverización aérea debe prohibirse en general, con posibles excepciones en los casos en que presente claras ventajas en términos de menor impacto en la salud humana y el medio ambiente en comparación con otros métodos de pulverización o cuando no haya ninguna alternativa viable, siempre que se empleen las mejores técnicas disponibles para reducir la deriva.”

El documento está firmado por la Federación Argentina de Cámaras Agroaéreas (FeArCA).

¿Alguien puede pensar seriamente que una cámara de aeroaplicadores (que aplican agrotóxicos con aviones) desconoce que en la Unión Europea está prohibido fumigar con aviones?

5. Destino ambiental de los agrotóxicos. ¿Dónde van a parar los venenos?

Un trabajo ejemplar sobre el tema que tratamos es la publicación del Ing. Qco. Marcos Tomassoni “GENERACIÓN DE DERIVAS DE PLAGUICIDAS”[9]

Se denomina deriva al desplazamiento de la aspersión (de un plaguicida) fuera del blanco.

En términos generales podemos considerar

a) Deriva de vapor: asociada a la volatilización directamente relacionada con la presión de vapor, estado físico del producto y temperatura ambiente;

b) Deriva de partículas: movimiento de partículas pulverizadas durante y después de la aplicación, asociada al tamaño de gota empleada en la pulverización y a las condiciones ambientales.

Hay tres grupos de factores básicos que condicionan la deriva:

  • Factores climáticos: Velocidad del viento, inversión térmica, temperatura y Humedad relativa del aire, presión atmosférica y radiación solar.
  • Factores físicos y químicos del producto aplicado;
  • Factores tecnológicos relacionados con las técnicas de aplicación.

Muchas de los estudios se centran solamente en las derivas que se dan al momento de aplicación. A esto se llama “deriva primaria”. Otros tipos son las derivas secundarias y las derivas terciarias.

· Deriva primaria, aquélla que se produce al momento de la pulverización;

·Deriva secundaria, la que se genera en las horas siguientes a la aplicación

Finalizada la aplicación los efectos de factores climáticos como altas temperaturas, alta radiación, baja humedad relativa, cambios de velocidad y dirección del viento, y reversión térmica pueden provocar una revolatilización o evaporación de los agroquímicos arrojados. Esta nube química que aparece sobre el campo pulverizado (…) puede moverse en toda dirección fuera del campo. El fenómeno puede extenderse más allá de las 24 horas posteriores a la aplicación.

· Deriva terciaria, la que puede producirse semanas, meses o años después de la aplicación.

Es el desplazamiento de plaguicidas y residuos de éstos, fuera del campo pulverizado en tiempos posteriores a la aplicación, del orden de semanas, meses o años, debido a diversos fenómenos. Todo plaguicida que no dé en el blanco para el que fue aplicado, puede comportarse de acuerdo a alguno de los siguientes fenómenos:

  1. Descomposición química en moléculas menores[10]
  2. Reacción química con moléculas del ambiente, en particular del suelo;
  3. Adsorción y absorción con sustratos del suelo;
  4. Lixiviación en corrientes de aguas;
  5. Acumulación en microorganismos, insectos, o especies mayores;
  6. Cambio de fase a estado gaseoso;

Numerosa bibliografía muestra la escasa proporción de pesticidas que dan en el blanco.

La publicación de la Dra. Ing. Agr. Susana Hang (Facultad de Agronomía, Universidad Nacional de Córdoba) en la revista del Colegio de Ingenieros Agrónomos de la provincia de Córdoba de octubre de 2010, dice: “…en el caso particular de los herbicidas está demostrado que la eficiencia de uso es inferior al 20%, vale decir que buena parte del producto no cumple la función específica aun cuando la aplicación se realice adecuadamente

El resto de ese 20%, “puede volatilizar (entre el 0-90%), ser absorbido por el suelo (1-10%), lixiviar (1-5%), o ser arrastrado por erosión (0-5%).

El trabajo de Tomasoni, luego de exhaustivas referencias y documentaciones, concluye:

La vasta cantidad de estudios que relevan la contaminación ambiental de estos compuestos, dan cuenta de que las moléculas de plaguicidas viajan muchos kilómetros por aire, se infiltran en las napas de agua, viajan por ríos, se descargan con las lluvias, se desplazan en el polvillo ambiente, entre tantas formas de llegar a nuestras vidas. Las recomendaciones para minimizar las contaminaciones por derivas de plaguicidas suelen ser estériles en la práctica de la actividad agrícola, debido a que no pueden controlar las moléculas de agroquímicos luego de arrojarlas al ambiente. Los productores en los campos tienen ventanas de aplicación muy pequeñas, llegando incluso a anularse, cuando deben configurar las variables climáticas que les exigen las normativas, con los tiempos de aparición de las plagas, y los tiempos disponibles por las empresas aplicadoras para brindar el servicio. Un agravante de las concentraciones de contaminantes derivados de plaguicidas que se reportan, está en las mayores cantidades de plaguicidas que se aplican en cada nueva campaña, debido a las resistencias que desarrollan las plagas y los cócteles que se improvisan por parte de los productores al momento de pulverizar, cuyos efectos sinérgicos no están estudiados. Estas situaciones aumentan los riesgos de contaminaciones de esta actividad, y movilizan a las poblaciones expuestas a resolver un cuadro sanitario y ambiental deteriorado como nunca antes había sucedido.

6. Conclusiones. Basta de secretos y puertas cerradas.

Creemos haber demostrado que el problema de los agrotóxicos es grave y merece un debate muy amplio.

El proceso de la COPROSAVE (en el plano provincial) es notablemente similar al de las “Pautas sobre aplicación de productos fitosanitarios en áreas periurbanas (en el plano nacional) y esto no es casual: en los últimos años el problema de los agrotóxicos ha sido tomado por númerosos científicos, organizaciones de la sociedad y movimientos sociales, como un tema prioritario de salud pública.

Tanto las empresas productoras de agrotóxicos, como las cámaras de aplicadores, vendedores, como los profesionales afines a estas, y las empresas productoras de granos buscan recuperar su imagen, y blindar legalmente el daño que sus prácticas hacen en la salud y el ambiente.

Puertas cerradas:

En la segunda página de la nota presentada al HCD por la CIAPA revelan que el decreto 1962 M del C – 2014, en vigencia desde la firma del Gobernador Poggi el 24 de abril del corriente año fue “consensuado entre las entidades miembro de la COPROSAVE”.

Existe amplia jurisprudencia y legislación que afirma, con el art. 20 ley 25.675 “Las autoridades deberán institucionalizar procedimientos de consultas o audiencias públicas como instancias obligatorias para la autorización de aquellas actividades que puedan generar efectos negativos y significativos sobre el ambiente”.

La actitud política de los miembros de la COPROSAVE de decidir EN SECRETO Y A PUERTAS CERRADAS, sin llamar a la participación las organizaciones de la sociedad civil interesada y los profesionales que conocen y trabajan en esos temas, es muy clara. No se les pasó convocar a AAPRESID y la Sociedad Rural, conocidos promotores del monocultivo transgénico y agrotóxico.

Los firmantes, en el marco de conflictos evidentes dentro de la sociedad, pertenecen todos al mismo conglomerado de intereses.

Las instituciones del Estado NO son suficiente garantía de democracia:

Lo serán cuando garanticen el debate amplio con TODA la sociedad, y de esta manera garanticen el BIEN COMÚN

Como dijo públicamente Mario Galván, presidente del CIAPA, la comisión intensificó su trabajo a partir de las denuncias de las organizaciones civiles contra Monsanto y las fumigaciones en el Norte de la Provincia, en el invierno de 2013, de total conocimiento para la mayoría de la población de nuestra provincia. Está bien que hayan retomado el trabajo, pero el problema es que lo hicieron sin convocar a las voces críticas, y con el objetivo de dar un manto de legalidad a las prácticas cuestionadas, como lo expresó también Galván en la misma oportunidad[11] al decir que el objetivo de la COPROSAVE era proteger a los productores para que no sean enjuiciados como en Córdoba.

De noche y clandestinamente:

Volvamos al texto de la nota del CIAPA: “Cuando la normativa es excesivamente restrictiva corremos el grave riesgo que termine por no cumplirse y lo que es más grave en este caso, que las aplicaciones de agroquímicos se hagan de manera clandestina en horarios nocturnos, con condiciones climáticas altamente riesgosas, infringiendo distancias mínimas de aplicación propuestas por organismos científico técnicos y sin la supervisión de un profesional. Estos casos se han dado y los daños terminan por ser mayores a la situación inicial de ausencia de normativa, afectando la salud de los vecinos, del mismo aplicador y del medio ambiente”.

Las distancias no son “propuestas por organismos científico técnicos”: son fijadas por el estado en las normativas (posterior al debate participativo y fundado científicamente), a partir del objetivo de proteger la salud. Si los productores eligen violar la norma, deberán ser responsables ante la ley por esto. Si los miembros del CIAPA conocen casos de violación (como se desprende del texto cuando dicen “estos casos se han dado”), lo tendrían que hacer saber con nombre y apellido, lugar y fecha.

El control social de este tipo de ordenanzas es clave: son los afectados los que tienen que conocer su derecho a la salud, y la normativa (en este caso la ordenanza vigente) para hacer las denuncias en caso de incumplimiento por parte de los productores. En Córdoba en 2013 se condenó penalmente a los productores y aplicadores que incumplieron la ordenanza municipal para el Barrio Ituzaingó. No es tan liviano decir que si no adecuamos la ordenanza a las ansias de producir y fumigar que, afirma el CIAPA, tienen ciertos productores, vamos a ser todos responsables de que fumiguen de noche sin respetar las distancias. Eso es entender las cosas al revés.

Y lamentablemente no es garantía la firma de un ingeniero agrónomo.

Es poco serio afirmar que se va a proteger más la salud de los vecinos con distancias menores, o incluso que era mejor no tener normativa. La seguridad nos la va a dar una sociedad consciente, informada y comprometida, y una legislación restrictiva para las actividades peligrosas, como es la aplicación sistemática de agrotóxicos.

¿Qué hacer dónde no se puede fumigar?

Las zonas de restricción de fumigación con agrotóxicos no son zonas de sacrificio. No poder fumigar NO significa no poder producir. En el mundo hay miles de millones (literalmente) de productores que producen sin agrotóxicos. Y no producen menos, a veces incluso producen mucho más[12].

El sistema del Agronegocio, también llamado Agricultura Industrial desarrolló tecnologías y modos de gestión que permitieran con técnicas aplicadas del mismo modo sobre grandes superficies, producir mucho con pocos trabajadores. A esto lo lograron, lo que no lograron nunca fue no contaminar y mejorar índices sociales, sobre todo en relación al trabajo y al acceso efectivo del derecho a la alimentación.

Las distancias son un tema delicado: para ellos son excesivas; para nosotros son insuficientes.

Afirmamos que lo que todos necesitamos es un cambio de modelo agropecuario. Necesitamos salir, con el esfuerzo de todos, de la dependencia de la tecnología de las corporaciones transnacionales, y de los exportadores de granos, para un desarrollo territorial integral, basado en el trabajo y la producción de alimentos sanos, diversos, libres de agrotóxicos.

El apuro para esta campaña agrícola

Un punto alarmante de los firmantes de la nota es cuando dicen que necesitan la adecuación para esta campaña.

Les podemos contestar que la urgencia es por proteger las viviendas, escuelas y cursos de agua, no que ellos siembren más o menos. Y si fumigan de noche y clandestinamente que lo tengan que explicar en la justicia.

Los avales del SENASA, el INTA y la Universidad Nacional de San Luis

Otra similitud entre el proceso de las “Pautas…” a nivel nacional y el de la COPROSAVE en lo provincial es que se repite también el triste aval de algunas personas de Universidades públicas, INTA y Senasa.

Sabemos que la visión del problema no es unitaria dentro de dichas instituciones. El INTA ha afirmado, por ejemplo, que en Argentina el uso excesivo de agrotóxicos es tal que se podría reducir al 50% sin reducir la producción.

También ha puesto fuertes esfuerzos en monitorear el destino ambiental de los pesticidas, en muchas de las provincias argentinas que tienen este problema.

La Universidad Nacional de San Luis cuenta con numerosos investigadores, docentes, estudiantes y no docentes, que pueden aportar a este debate.

7. Propuestas. Sigamos protegiendo la salud. Intensifiquemos el debate amplio.

1. Llamamos al HCD a responder al pedido de adecuación hecho por la COPROSAVE por la negativa de forma urgente, dado lo antedicho.

2. Solicitamos que el HCD llame a audiencia pública tomando en cuenta la participación central de organizaciones de pueblos fumigados, profesionales médicos críticos al modelo de los agronegocios, especialistas en fenómenos de deriva, especialistas en producción sin agrotóxicos. Y que participen los integrantes del COPROSAVE también, obviamente.

El objetivo central de la audiencia que proponemos es que la ciudadanía de Villa Mercedes pueda escuchar, con claridad, los riesgos claros de las fumigaciones masivas con agrotóxicos, y las distintas voces que existen tratando el problema.

NO proponemos tratar la pertinencia de la ordenanza municipal 442E-MAH/O/2012, que creemos es excelente.

Deberíamos debatir la inconformidad de amplios sectores de la población con el decreto Nº1962 M del C – 2014 del Ministerio del Campo, firmado en secreto y a puertas cerradas en abril de 2014, siendo que en 2013 el debate fue masivo y de altísimo nivel, dado lo delicado del tema y la seriedad de muchos de los involucrados.

3. Solicitamos que el HCD solicite al INTA, Senasa y la UNSL abran respectivos procesos democráticos de discusión entre sus miembros, para tomar posturas, de forma institucional. Ya sabemos que en cada institución hay muchos miembros que no comparten la opinión de las personas que firman la nota de pedido de adecuación de la ordenanza.

Para el caso de la UNSL pedimos que la discusión se dé dentro del Concejo Superior, órgano máximo de la institución, a partir de un debate amplio, público y transdisciplinario, desde un enfoque basado en la ciencia y en los Derechos Humanos, fundamentalmente el derecho a la salud y al ambiente sano.

Sin otro particular, esperando una respuesta favorable, los saludamos muy atentamente.

Acción por la Biodiversidad.

Asociación Campesinos del Valle del Conlara.

CELMA. Centro de Estudios Legales del Medio Ambiente

Cepronat (Centro de Protección de la Naturaleza)

GRAIN

Madres del Barrio Ituzaingó Anexo

Reduas – Red Universitaria Ambiente y Salud. Facultad de Ciencias Médicas, Universidad Nacional de Córdoba

Notas

[1] Presentamos en este escrito sólo una introducción, esperando la puedan leer todos en profundidad. A quienes quieran profundizar, les invitamos a leer las fuentes de las citas.

[2] Lucha Contra la Contaminación Agrícola de los Recursos Hídricos. Ver aquí

[3] - Winchester PD, Huskins J, Ying J. Agrichemicals in surface water and birth defects in the United States. Acta Paediatr.2009 Apr;98(4):664-9. Epub 2009 Jan 22. PubMed PMID: 19183116; PubMed Central PMCID: PMC2667895

[4] Desierto Verde. Starosta, M y de la Orden, U. Editorial UNTREF, 2013.

[5] Pág. 5 de la Nota del CIAPA al HCH de Villa Mercedes, 15 de septiembre de 2014.

[6] Pág. 2 de la Nota del CIAPA al HCH de Villa Mercedes, 15 de septiembre de 2014.

[7] Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca (MAGyP), el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria(INTA), el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA), Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentos (MAGyA) de la provincia de Córdoba, la Comisión Federal Fitosanitaria (CFF), la Asociación Argentina de Consorcios Regionales de Experimentación Agrícola (AACREA), la Asociación Argentina de Productores en Siembra Directa (AAPRESID), la Cámara de Sanidad Agropecuaria y Fertilizantes (CASAFE), la Cámara de la Industria Argentina de Fertilizantes y Agroquímicos (CIAFA), el Consejo Profesional de Ingeniería Agronómica (CPIA), la Federación Argentina de la Ingeniería Agronómica (FADIA), la Federación Argentina de Cámaras Agroaéreas (FeArCA) y la Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires (FAUBA).

[8] Citaremos algunos de los argumentos reunidos en el Documento de redacción colectiva “Pautas de Ministerio de Agricultura para las pulverizaciones periurbanas”: ausencia de ciencia, ocultamientos de daños y falta de legitimidad publicado en marzo de 2014 por la ONG BIOS, Red de Abogadxs de Pueblos Fumigados y el Dr Verzeñassi del Foro Ecologista de Paraná y la Universidad Nacional de Rosario.

[9] REDUAS (Red Universitaria Ambiente y Salud – Facultad de Ciencias Médicas. Universidad Nacional de Córdoba). Noviembre de 2013.

[10] Algunos metabolitos son también tóxicos, como es el caso del AMPA, principal metabolito de la degradación del Glifosato.

[11] “Jornada de Capacitación Técnica sobre Riesgos y Prevención en el uso de Plaguicidas”, Villa Mercedes, 25 de Octubre de 2013.

[12] Recomendamos leer el informe de la Evaluación Internacional del Papel del Conocimiento, la Ciencia y la Tecnología en el Desarrollo Agrícola (IAASTD) del 2008, y el informe del Relator Especial para el Derecho a la Alimentación de FAO – ONU Olivier de Schutter sobre Agroecología, de 2010. Quienes piensen que el monocultivo basado en transgénicos y agrotóxicos es “lo nuevo”, y la producción agroecológica es “el atraso”, se pueden llevar una fuerte sorpresa al leer los informes de estos especialistas.

Temas: Agrotóxicos

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