Argentina: El proyecto de Ley de Flora nativa, los laboratorios multinacionales y la Ley Monsanto de Semillas

El gobierno prepara una Ley de Flora Nativa para patentar conocimientos tradicionales, principios activos y recursos genéticos. Una ley más al servicio de transnacionales, farmacéuticas y semilleras.

Por Colectivo agroecológico para la soberanía alimentaria de la Comarca Andina del Paralelo 42

Sábado 17 de diciembre

El modelo económico del capitalismo basado en la propiedad privada de los medios físicos de producción, se está transformando en las últimas décadas. Se ha incorporado un nuevo formato, que podríamos denominar “capitalismo cognitivo”. Este, se basa en la apropiación y el control de la circulación de los conocimientos y de la información. En la última década, la revolución post-genómica y de las ciencias biológicas aplicadas, ha llevado a Estados Unidos y a Europa a proponerse tomar el control de la “bioeconomía”, visualizada ésta como un fuerte motor para el crecimiento económico capitalista del futuro.

En este contexto, a nivel local, se desarrollaron en Esquel las V Jornadas de Plantas Aromáticas Nativas y sus Aceites Esenciales, el 24 y 25 de noviembre de 2016. Con la Universidad Nacional de la Patagonia “San Juan Bosco” (UNPSJB) como anfitriona, disertó el abogado Javier García Espil, Director de Biodiversidad y Recursos Hídricos del Ministerio de Ambiente de la Nación. En este marco, informó sobre el proyecto de redacción en Argentina de una "Ley de Flora", la cual se basaría en la incorporación formal del Protocolo de Nagoya al Convenio sobre la Diversidad Biológica de la ONU (CDB) que, en Argentina, ya posee rango de ley. Este convenio versa sobre el acceso a los recursos genéticos nativos y locales. En un diálogo informal se le consultó por los intereses para el surgimiento de esta “Ley de Flora”, a lo que García Espil respondió abiertamente “La puesta en agenda de la discusión pública actual, responde a intereses internacionales”.

El Protocolo de Nagoya se aprobó en 2010 con el fin de aplicar efectivamente los artículos 15 (Acceso a los recursos genéticos) y 8 j) (Conocimientos tradicionales) del CDB de la ONU, así como para impulsar el tercer objetivo que describe: “La participación justa y equitativa en los beneficios que se deriven de la utilización de recursos genéticos, ya que proporciona una base sólida para una mayor certeza y transparencia jurídicas tanto para los (países) proveedores como para los (países) usuarios de recursos genéticos” (N de R paréntesis nuestro). También se detalla en las disposiciones del Protocolo que cuando dicho acceso sea relativo a los conocimientos tradicionales de las comunidades indígenas o locales y cuando dichos conocimientos están relacionados con sus recursos genéticos, fortalecerán la capacidad de esas comunidades para beneficiarse tanto del uso de sus conocimientos, como de sus innovaciones y prácticas.

El Protocolo también establece una “Serie de obligaciones concretas que cada parte deberá asumir para asegurar el cumplimiento de la legislación o los requisitos reglamentarios nacionales de la parte que proporciona los recursos genéticos, y la obligación de cumplir condiciones de cooperación mutuamente acordadas”. Al respecto el funcionario del PRO, García Espil, detalló que esto contempla acceso a territorios de pueblos originarios, a lo que “…los pueblos originarios no se podrían negar”.

García Espil afirmó también que la Comisión Nacional de Biodiversidad (CONADIBIO), y otras instituciones, forman parte del equipo que está a cargo de la redacción del polémico proyecto de Ley de Flora. Durante la conferencia, algunos participantes le preguntaron qué relación tenía este proyecto de Ley con el de la Ley de Semillas, manifestando su negativa ya que serían “ministerios distintos”. Sin embargo, el Ministerio de Agroindustria y el Instituto Nacional de Semillas (autoridad de aplicación del polémico proyecto de Ley Monsanto-Bayer de Semillas) efectivamente forman parte de la CONADIBIO, por tanto se cuestionó fuertemente la desvinculación que estas dos leyes tendrían.

Durante el cierre de las jornadas, miembros del MUA (Movimiento Universitario Agroecológico de El Bolsón) y del Colectivo Agroecológico para la soberanía alimentaria de la Comarca Andina del Paralelo 42 (CASACA) expusieron un documento, cuestionando las afirmaciones de García Espil y poniendo en duda la intencionalidad real para la creación de esta Ley de Flora. Se revelaron vínculos fuertes con la Ley de Semillas, ya que la domesticación de plantas nativas permitiría registrar las mismas como variedades protegidas encontrándose amparadas, así, por derechos de propiedad intelectual. También se detecta que la propuesta funcionará como una articulación más para abrir las puertas de los Recursos Genéticos Nativos a las multinacionales del agronegocio y farmacéuticas, avanzando en su patentamiento.

La Comisión Organizadora de dicho evento, en las conclusiones generales de las jornadas agradecía “muy especialmente la presencia de Javier García Espil, porque es un actor importante en el gobierno nacional y con la fuerza de la juventud, nos da esperanza de avanzar en estas temáticas tan importantes”, respecto a la legislación y el uso de la flora. El CASACA se ve obligado a rechazar estas conclusiones ya que no representan las visiones que se dieron en el marco del cierre de las jornadas, en el que se expuso claramente la necesidad de realizar un protocolo de recolección (que establezca las bases para una recolección sustentable, evitando la alta presión (sobreexplotación) de nuestras especies nativas no cultivadas).

Durante el cierre, se explayaron representantes de la “Red Jarilla de Plantas Saludables de la Patagonia” y representantes del Pueblo Mapuche promoviendo la protección, el uso responsable y la regulación para detener el bio-extractivismo (biopiratería) y la depredación de plantas nativas. El CASACA denunció públicamente al funcionario PRO, García Espil, dentro del círculo de cierre por este supuesto intento “proteccionista” que realmente enmascara la apertura y apropiación de nuestra biodiversidad por parte del capital internacional, promoviendo el patentamiento de las especies nativas.

La intencionalidad detrás de la cortina de humo y de las “buenas intenciones”

El lineamiento político de entrega de nuestros recursos genéticos y conocimientos tradicionales que está tomando la UNPSJB, no puede sino observarse como un eslabón en el gran entramado de legalización de la biopiratería. El objetivo final es la apropiación mediante derechos de obtentor, la domesticación y el patentamiento de plantas nativas y medicinales para apropiarse, también, de sus principios activos.

No es posible olvidar que, en 2010, Craig Venter diseñó y sintetizó un organismo viviente artificial, utilizando a las computadoras como si fueran “sus padres” al diseñar completamente su ADN. Son los denominados Organismos Sintéticamente Modificados (OSM). Para ello utilizó la mínima información genómica necesaria para la vida, sintetizó aquella información en forma de un genoma 100% artificial e introdujo dicho genoma artificial en una célula sin ADN, que pudo vivir y replicarse ( ¡dividirse, reproducirse! ) exitosamente. Casi de inmediato, el Comité de Energía y Comercio del Congreso de los Estados Unidos, convocó a una discusión acerca de las implicaciones de ésta nueva disciplina, la “biología sintética” que conlleva un altísimo riesgo para la diversidad biológica y para la vida humana sobre la tierra… Varias compañías de biología sintética han desarrollado especies de algas para reproducirse en estanques abiertos como los que ya existen en el sur de California (foto).

Estos OSM tienen “marcas” que permiten visualizar, por secuenciación, el origen del ADN sintético. Esto permitiría obtener patentes de la totalidad del ADN “construido” artificialmente y de cualquier copia de ADN que se le introduzca a este o a cualquier otro organismo vivo artificial. El robo legalizado de los recursos genéticos que se planea, permitiría insertar genes de ADN artificial en bacterias o algas y utilizar, a gran escala, una vasta gama de “compuestos naturales” (de origen animal, vegetal o microbiano) para la producción artificial, estando ésta producción patentada y controlada por los grandes laboratorios capitalistas multinacionales. Monsanto, Hoy adquirida por Bayer, compró en 2013 la firma Agradis, curiosamente fundada por el mismo Craig Venter, para desarrollar la tecnología BioDirect.

Una vez más, el discurso macrista de transparencia y participación, esgrimido para la redacción de la Ley de Flora, parecería ser una maniobra más para avalar políticas de saqueo y lograr articular esta ley con los derechos de propiedad intelectual y de obtentor de la Ley de Semillas. Asimismo se avanza sobre las patentes, tanto sobre los nuevos principios activos, como del ADN de nuestros recursos genéticos nativos, beneficiando abiertamente a las transnacionales semilleras y farmacéuticas como Monsanto y Bayer.

* El Colectivo agroecológico para la soberanía alimentaria de la Comarca Andina del Paralelo 42 forma parte de la Multisectorial contra la ley Monsanto de semillas.

Fuente: La Izquierda Diario

Temas: Biodiversidad, Derechos de propiedad intelectual, Privatización de la naturaleza y la vida, Saberes tradicionales

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