Argentina: Flexibilización PRO-Imperialista. La tierra para los imperialistas extranjeros
'Nos toca hoy repudiar y rechazar la resolución del gobierno Macrista que avanza por el camino de la total, indiscriminada y genuflexa posibilidad de que empresas y “personas jurídicas” extranjeras adquieran porciones del territorio nacional, con fines de “invertir’’.'
Por José Luis Livolti
Choerente y firme en sus convicciones y su accionar, el gobierno Proimperialista de Macri, avanza desarticulando las leyes y resoluciones positivas, alcanzadas en la etapa Kirchnerista, como en este caso, lo hace con la ley de tierras 26737 sancionada en 2011.
La ley vigente estableció el porcentaje del 15 por ciento como límite a la tenencia de tierras en manos de extranjeros. En la actualidad, el territorio controlado por inversores foráneos alcanza al 6 por ciento del total nacional, es decir unas 16 millones de hectáreas. La norma que hace cuatro años fue rechazada por los representantes de la alianza Cambiemos estableció además otras limitaciones y exigencias para los inversores extranjeros: impide que un mismo titular tenga a su nombre más de 1000 hectáreas equivalentes a la zona núcleo y bloquea la adquisición de terrenos que contengan cuerpos de agua de envergadura y permanentes. Asimismo exige que los interesados en comprar un terreno rural soliciten en el Registro Nacional de Tierras Rurales un certificado de habilitación que constate el cumplimiento de las distintas exigencias. Este es uno de los puntos que a partir de ahora podrán eludir
Otro aspecto positivo de la Ley 26.737 consiste en que permite correr el velo jurídico de las sociedades, es decir prevé analizar la composición accionaria de las empresas, así como los grandes capitales que las controlan.
Cuando la misma se sancionó y fuimos invitados, a su presentación, saludamos el hecho, lo respaldamos y difundimos, sobretodo, por lo que implicaba la creación del RNTR, (Registro Nacional de Tierras), cuyo trabajo delegado en compañeros de militancia del espacio de la agricultura familiar, permitió llegar a conocer, (no sin fuertes oposiciones, de algunas provincias con gobernadores pro- opligárquicos), cuantas has están en manos extranjeras y quienes son sus dueños, lo que arrojó la cifra todavía inconclusa de 16.000.000 millones de has.
Nuestra crítica estuvo y está centrada en que la ley respeta los “derechos adquiridos”, esto es, no toca lo ya extranjerizado, a la vez que pone límites al área extranjerizable muy altos, (15% del territorio), nacional, provincial y subprovincial teniendo en cuenta que lo extranjerizado es el 6%, restarían poder extranjerizar un 9% más.
Por lo que proponíamos y proponemos, en su momento hicimos pública nuestra posición, la modificación de la misma en el sentido de no permitir ninguna extranjerización más y renacionalizar y/o estatizar las ya extranjerizadas.
Nos toca hoy repudiar y rechazar la resolución del gobierno Macrista que no conforme con las debilidades de ley arriba señaladas, avanza por el camino de la total, indiscriminada y genuflexa posibilidad de que empresas y “personas jurídicas” extranjeras adquieran porciones del territorio nacional, con fines de “invertir’’,
La redacción de la normativa, contó con la activa colaboración de algunos de los estudios de abogados que protagonizan como intermediarios el desembarco de extranjeros en el mercado inmobiliario rural. Junto con el presidente, el texto lleva la firma del Jefe de Gabinete, Marcos Peña, el titular de Justicia, Germán Garavano, y el ministro de Interior y Obras Públicas, Rogelio Frigerio.
Los cambios recibieron además el respaldo de la Cámara de Inmobiliarias Rurales (CAIR). Desde la entidad consideraron que facilitará la llegada de inversiones productivas de capital extranjero especialmente en la explotación de commodities como trigo, maíz, soja y girasol. “Era necesario que se flexibilizase”, consideró el presidente de la CAIR, Javier Christensen, y consideró que “será necesario hacer más cambios”.
Por todo lo dicho y ante la gravedad de la resolución Macrista, hacemos un fuerte llamamiento a todas las organizaciones Campesinas, de pequeños productores, de Agric. Familiares, Pueblos Originarios, Movimientos Sociales, Centrales Obreras y pueblo en general, a rechazar dicha resolución, en tanto agrede y amenaza la soberanía nacional y abre las puertas de par en par a la enajenación de lo que queda del territorio nacional.