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Biodiversidad en América Latina y El Caribe

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Autor Biodiversidad, sustento y culturas Idioma Español Pais América Latina y El Caribe Publicado 9 junio 2016 11:46

Ataques, políticas, resistencia, relatos - Revista Biodiversidad 88

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Denunciamos y resistimos los impactos de la Economía Verde sobre las Mujeres y los Bosques | Nueva sentencia contra el maíz transgénico en México: avances y problemas | BCIE suspende desembolso al Proyecto Agua Zarca | Veinte años de soja al cuello en Argentina | Mae Wan Ho ha muerto.

Denunciamos y resistimos los impactos de la Economía Verde sobre las Mujeres y los Bosques

Declaración del Movimiento Mundial por los Bosques-WRM | Marzo 2016

A Berta Cáceres y al pueblo lenca, ¡la lucha continúa!

En marzo se conmemoran dos fechas importantes: el Día Internacional de la Mujer (día 8) y el Día Internacional de los Bosques (día 21). Las mujeres cumplen un papel fundamental en la conservación y en las luchas por la defensa de los bosques, del agua y de los territorios. La mal llamada Economía Verde, enraizada en el sistema capitalista patriarcal, genera y profundiza las injusticias de genero, impactando en especial y de forma diferenciada a las mujeres.

En los últimos años, las discusiones “oficiales” en torno a la importancia de los bosques han cobrado notoriedad, a tal punto que en el 2013 la asamblea de las Naciones Unidas decidió lanzar el Día Internacional de los Bosques con el objetivo de concientizar sobre su importancia. Sin embargo, las discusiones no se centran en el abordaje de las causas directas y subyacentes de la deforestación, sino todo lo contrario. Los bosques, y la diversidad biológica que ellos albergan, han sido reducidos a un conjunto de elementos que proveen de “servicios ecosistémicos”, a los que se les ha asignado un valor económico que permite ampliar la escala y magnitud de los negocios. A este proceso se lo conoce como Economía Verde, y es intensificado por la errónea definición de bosques utilizada por las Naciones Unidas y la FAO, que no los distingue de los monocultivos de árboles.

La Economía Verde no tiene que ver con transformar la economía actual en otra no perjudicial que respete los bosques y por tanto que reconozca la importancia de los pueblos que dependen de los mismos. Todo lo contrario, sus promotores buscan algo muy diferente. Los bosques de la Economía Verde refuerzan la noción colonialista de pretender “conservar” una colección de especies que deben permanecer sin interacción humana. La negación del papel que durante miles de años cumplieron los pueblos de los bosques en su conservación, afecta en especial a las mujeres. Son precisamente las mujeres quienes cumplen un rol fundamental en la conservación y uso tradicional del bosque, la trasmisión del conocimiento tradicional, el abastecimiento de alimentos, agua y medicinas para las comunidades. Además, tienen un papel preponderante en las luchas de resistencia por la defensa de sus territorios.

La propagación de los proyectos de compensación, como REDD+ y los mecanismos de compensación de biodiversidad, donde las empresas contaminadoras responsables de la deforestación pueden continuar con sus actividades argumentando que están “compensando” la destrucción generada, fue facilitada por la Economía Verde. Así, los bosques son puestos al servicio de la misma economía opresiva y patriarcal que continúa sin cambios, con su secuela de destrucción.

Y ¿qué ha pasado con las mujeres en este embate de la Economía Verde?

Los proyectos de “conservación” —como REDD+— suelen imponer a las comunidades un sinfín de restricciones en el uso tradicional de los bosques, argumentando que ese uso tradicional es el principal responsable de la deforestación. Mientras tanto, permiten expandir la explotación petrolera, gasífera y minera, las plantaciones industriales de monocultivo, la construcción de mega carreteras y represas, entre otros.

Los proyectos y programas tipo REDD+ han evidenciado como éstos en su mayoría han cambiado drásticamente la vida de las comunidades que dependen de los bosques, siendo impuestos sin la debida consulta, ni mucho menos consentimiento, y las han privado del acceso a territorios y bosques vitales para su supervivencia. Las comunidades que conviven con los bosques por innumerables generaciones, confrontan leyes, reglamentos y contratos que buscan prohibirles el seguir con sus tradiciones, formas de sustento y estilos de vida. Aquellas comunidades que confrontan la creciente explotación capitalista deben seguir confrontando el despojo, contaminación y violencia que ésta conlleva. En este contexto, las mujeres se ven afectadas de sobremanera.

El sistema patriarcal imperante ha asignado a las mujeres los roles de proveer la alimentación, las tareas domésticas, y el cuidado de la familia. La prohibición y restricción del uso del bosque implica una mayor carga de trabajo y mayor dificultad para llevar adelante las tareas de agricultura de subsistencia, recolección de agua, medicinas, etcétera. Pero además, el aumento en la carga de trabajo limita aún más la posibilidad de que las mujeres participen activamente en procesos de toma de decisiones, en los que las mujeres son muy importantes y que a su vez le son de suma importancia. La Alianza Global de Pueblos Indígenas y Comunidades sobre Cambio Climático y frente a REDD+ señala que “está claro que REDD+ constituye una nueva forma de violencia contra la mujer porque limita o prohíbe el acceso a las mujeres a la tierra en donde cultivan, cosechan comida o consiguen agua para sus familias”, actividades que están en su gran mayoría en manos de las mujeres en las comunidades rurales del mundo. Consideremos además que las mujeres poseen menos, heredan menos, y en general tienen menos acceso a los bienes de la comunidad.

Otro impacto negativo específico sobre las mujeres que ya han generado los proyectos de la Economía Verde, es el aumento de la violencia por parte de la policía que las empresas o Estados contratan para la vigilancia de dichos proyectos. Hay numerosos relatos de mujeres sobre la violencia que ejerce la policía al irrumpir en las casas, portando armas y sin autorización.

Al atacar la soberanía alimentaria, el territorio y la autonomía de las comunidades, se ataca directamente el papel vital de las mujeres.

La lógica de la Economía Verde aumenta los intereses económicos y políticos sobre los territorios. Mientras que por un lado los mecanismos de compensación facilitan las actividades extractivas, de plantaciones, represas, infraestructura, etcétera, intensificando la destrucción, por el otro, el acaparamiento de bosques por los proyectos de “conservación”, que albergan los “servicios ecosistémicos” ansiados por el capital, aumentan aún más la presión sobre los territorios. En consecuencia, también se incrementan los conflictos y las luchas de resistencia frente a este doble acaparamiento de tierras. Esto da lugar a la militarización y al uso de tecnologías, tales como satélites o drones, y medidas especiales de vigilancia y supervisión sobre las comunidades que viven en zonas de bosque que han sido calificadas como proveedoras de “servicios ecosistémicos”, lo que aumenta significativamente la violencia.

Las mujeres son tan centrales en los procesos de resistencia frente a la Economía Verde como en aquellos de construcción de otros caminos hacia una transformación radical, solidaria y reivindicatoria. Como bien afirmó Berta Cáceres, luchadora y defensora del territorio y pueblo lenca: “En nuestras cosmovisiones, somos seres surgidos de la tierra, el agua y el maíz. De los ríos somos custodios ancestrales el pueblo lenca, resguardados además por los espíritus de las niñas, que nos enseñan que dar la vida de múltiples formas por la defensa de los ríos, es dar la vida para el bien de la humanidad y de este planeta… Nuestras conciencias serán sacudidas por el hecho de estar solo contemplando la autodestrucción basada en la depredación capitalista, racista y patriarcal”.

Ejemplos de organizaciones y luchas guiadas por la fuerza de las mujeres son incontables. Mujeres andando juntas, aprendiendo y construyendo solidaridades y creando formas de lucha y resistencia creativa y valiente.

Nos solidarizamos con las luchas de las mujeres en defensa de los bosques y territorios.

Ver la versión completa en www.wrm.org

Nueva sentencia contra el maíz transgénico en México: avances y problemas

Silvia Ribeiro

El 8 de marzo de 2016, el magistrado Benjamín Soto Sánchez, del Segundo Tribunal Unitario en Materias Civil y Administrativa sentenció mantener la suspensión al otorgamiento de permisos para sembrar maíz transgénico a nivel comercial, hasta la resolución definitiva del juicio colectivo promovido por un conjunto de organizaciones e individuos conocido como Colectividad del Maíz. Es una buena noticia para la población mexicana, porque el maíz es la base de la alimentación, y para el resto del mundo porque México es su centro de origen y diversidad, uno de los tres cereales base de la alimentación a nivel global y su contaminación nos afecta a todos. Sin embargo, la decisión entraña algunos retrocesos, que las empresas proclamaron a su favor.

En 2013 la Colectividad del Maíz interpuso una demanda contra la siembra de maíz transgénico de Monsanto, Syngenta, Pioneer-Dupont y Dow, que incluyó también cuestionar a las Secretarías de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa) y la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Smarnat). En octubre de ese año, un juez aceptó la consideración de la demanda y al mismo tiempo, estableció una medida cautelar contra las siembras de maíz transgénico, experimentales, piloto y comerciales. Desde entonces, la demanda y la medida cautelar de suspensión han recibido más de 100 apelaciones en diferentes juzgados, con varias sentencias intermedias, algunas a favor de las empresas y otras, gracias a las apelaciones de la Colectividad, afirmando la suspensión y el proceso para considerar el fondo de la demanda.

La reciente sentencia de Soto Sánchez, reconoce que se demostró contaminación transgénica en cultivos de maíces nativos, confirmando la violación de leyes mexicanas e internacionales, motivo para mantener la medida cautelar de suspensión.

Por desgracia, junto con la medida de precaución, el juez permitió que se vuelva a abrir el otorgamiento de siembras en fase experimental y piloto, lo cual es un retroceso con respecto a la suspensión total que existía antes.

El nuevo elemento es que la sentencia ordenó que “si hubiere” siembras de maíz transgénico en fase experimental, deberá haber medidas de contención de la contaminación, y estarán sujetas a control y evaluación mensual por parte del juez federal y de los científicos demandantes, ya que las siembras experimentales anteriores no pudieron ser objeto de escrutinio público. Si se comprueba que las medidas de contención son ineficaces, el juez, de oficio, o a petición de los científicos, podrá revocar los permisos. Los transgénicos en régimen experimental que usen el herbicida glifosato (declarado cancerígeno por la OMS en 2015) estarán sujetos a control judicial y de los científicos demandantes.

Son medidas importantes, para la protección de la salud y el maíz nativo, y reconocen el carácter independiente de los científicos que respaldan la demanda. Pero esbozan problemas serios. Por un lado, las siembras experimentales y piloto pueden contaminar otros maíces, como ya ha sucedido, y esta sentencia lo reconoce (además en fase piloto pueden ser miles de hectáreas y se pueden comercializar). La idea de sembrar grandes extensiones llamándolas “piloto”, ya se ha usado en México con soya y algodón transgénicos y en otros países, como Colombia, para instalar siembras que de hecho son de escala comercial, pero eluden los trámites.

Ahora el control dependerá de que los jueces involucrados sean capaces e independientes de las empresas y representa una enorme carga de tiempo y recursos a los científicos comprometidos con la sociedad, que lamentablemente son pocos y que ya están apoyando a la sociedad en este y muchos otros temas.

Lo que se necesita es una prohibición de toda siembra de maíz transgénico en México, porque una vez en campo, la contaminación transgénica es inevitable. Controlar a las empresas para que cumplan con la ley, con las medidas de contención, es una carga adicional a pagar con recursos públicos y a costa de los científicos independientes, campesinos y organizaciones que no queremos estos maíces.

La defensa legal es una de las vías de defensa del maíz y de la vida campesina. La moratoria popular que se mantiene por más de una década es la que han establecido cientos de organizaciones de muchos tipos, con diversas formas de denuncia, protesta y resistencia, pero sobre todo, la que las comunidades campesinas han fortalecido impidiendo la entrada de semillas ajenas a sus propios canales de confianza en sus territorios. Celebramos que se mantenga la suspensión, pero alertamos que tendremos que redoblar la alerta de contaminación desde los campesinos, que serán los primeros afectados.

BCIE suspende desembolso al Proyecto Agua Zarca

Hidroeléctrica señalada por asesinato de Berta Cáceres y de otros miembros de Copinh

Después de una campaña de presión de organizaciones y ciudadanos, el directorio del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) suspendió los desembolsos al proyecto, colegiar su decisión al conjunto de los bancos socios y definió participar en una visita de alto nivel con el Banco Finlandés (Finnfund) y el Banco de Desarrollo Holandés (FMO).

El FMO ha invertido 15 millones de dólares en Agua Zarca, mientras Finnfund, el segundo prestamista, tiene un compromiso de 5 millones de dólares en el proyecto. Mientras el BCIE había desembolsado 9 millones de dólares y Banco Finlandés (Finnfund) 5 millones de dólares.

El Banco Finlandés (Finnfund), como el Banco de Desarrollo Holandés (FMO), decidieron congelar con efecto inmediato su financiamiento de todas sus actividades en Honduras hasta cerciorarse de que sus estándares sociales y ambientales se estén cumpliendo.

En su comunicado del 16 de marzo pasado el Banco de Desarrollo Holandés (FMO) informó: “dada la situación actual, con la violencia en curso, FMO decidió suspender todas las actividades en Honduras, con efecto inmediato. Esto significa que no vamos a participar en nuevos proyectos o compromisos y que no se harán desembolsos, incluyendo el proyecto de Agua Zarca. Como ya se anunció, una delegación que incluye al director general y director de FMO para el sector de la energía, viajará a Honduras y visitar a las comunidades de todo el proyecto Agua Zarca para obtener una comprensión completa de la situación actual. FMO invita a las ONG en su apoyo en esos esfuerzos. Esta misión se llevará a cabo tan pronto como la situación de seguridad lo permita. También vamos a hacer una investigación exhaustiva sobre todos los otros proyectos en Honduras las que forme parte. Sobre la base de cada investigación, se harán nuevas decisiones sobre la participación constante de FMO”.

El proyecto hidroeléctrico se vincula no sólo con la muerte de Cáceres, sino también con los asesinatos de Tomás García en 2013 e Irene Meza Williams, Jacobo Rodríguez Maycol y Ariel Rodríguez García en 2014. Además otra muerte con el PH Babilonia en Olancho, Honduras y tres más en Panamá, en el PH Barro Blanco, hoy detenido por todo tipo de cuestionamientos y nivel de conflictividad.

Para los ecologistas de Fecon esta decisión evidencia que el BCIE como entidad financiera internacional carece tanto de una política ambiental en sus operaciones y la normativa internacional pregonada por los organismos multilaterales. De hecho, el BCIE no es firmante de los Principios de Ecuador, conjunto de directrices voluntarias para evaluar la condición social y ambiental de los empréstitos y a los cuales se han sumado más de 70 instituciones financieras globales desde 2003.

La petición de los ecologistas exigía una visita de evaluación de alto nivel del BCIE al Proyecto Agua Zarca, a las comunidades y organizaciones afectadas por el proyecto. Además de “establecer dentro del BCIE las responsabilidades individualizadas del personal directivo, administrativo y técnico, relacionado con un manejo ambiental ilegal de los recursos financieros provenientes de las operaciones de crédito, y una vez identificadas las responsabilidades que se actúe conforme a la legislación hondureña”.

Ver carta completa: http://www.feconcr.org/doc/BertaNOaguaZbcie%20.pdf

Argentina

Veinte años de soja al cuello

Darío Aranda

Paseo Colón 982, 25 de marzo de 1996: el gobierno de Carlos Menem autorizó la primera soja transgénica y ya nada volvería a ser igual. Un cambio drástico para la agricultura de Argentina, aprobado en un trámite express de sólo 81 días y en base a estudios de la propia empresa Monsanto. Dos décadas después, el 60% por ciento de la tierra cultivada tiene un solo cultivo y se utilizan, cada año, 200 millones de litros de glifosato. Cuantiosos ingresos para el país, pero también consecuencias: récord de desmontes, uso masivo de agrotóxicos, desalojos a campesinos y pueblos indígenas, concentración de tierras en pocas manos. Veinte años de una Argentina transgénica.

Felipe Solá, secretario de Agricultura de Menem, firmó el expediente de aprobación de la soja transgénica. En 2011, un grupo de seis científicos de distintas disciplinas realizó una lectura del informe. Confirmaron que la autorización no contaba con estudios sobre efectos en humanos y ambiente, la información era incompleta y cuestionaron que el Estado argentino no hubiera realizado investigaciones propias. “El expediente de aprobación es, desde el punto de vista científico, tendencioso, arbitrario y poco científico. La mayor parte de los resultados en puntos de extrema importancia como consumo humano, o los tests ecotoxicológicos en ratones, pollos y peces, corresponden a las propias investigaciones de Monsanto. Son juez y parte”, denunció Norma Sánchez, profesora titular de la Facultad de Ciencias Naturales de la Universidad Nacional de la Plata (UNLP) e investigadora independiente del Conicet.

La soja transgénica pasó de seis millones de hectáreas a doce millones (en 2003) y veinte millones (en 2015). Las exportaciones fueron millonarias. El investigador Tomás Palmasino, del Instituto Gino Germani de la UBA, precisó que, entre 2002 y 2013, Argentina exportó 158 mil millones de dólares (en poroto, harina y aceite de soja).

En economía se refiere como “externalidades” a las consecuencias no deseadas (y que las empresas no rinden cuentas). El desmonte es una “externalidad” del agronegocio. El Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático (de la ONU), donde participan más de 300 científicos de todo el mundo, alertó en 2014 que el 4.3% de la deforestación global ocurre en Argentina. Hernán Giardini, de Greenpeace, precisó que, desde 1998 hasta 2014, fueron arrasadas 5 millones 123 mil 065 hectáreas. “Equivale a 300 mil hectáreas por año, una hectárea cada dos minutos”, afirmó Giardini. El 80% de la deforestación se concentra en Santiago del Estero, Salta, Formosa y Chaco, todas provincias en las que avanzó el modelo agropecuario transgénico.

Según los censos agropecuarios de 1988 y 2002, en ese periodo desapareció el 25% de las explotaciones agropecuarias (104 mil fincas). Hay coincidencia de científicos sociales en que el número de chacras siguió en caída, pero no hay censo agropecuario completo desde hace catorce años. Datos del INTA confirman la concentración de tierras: el dos por ciento de las explotaciones agropecuarias cuenta con el 50 por ciento de la tierra cultivable.

La Red Agroforestal Chaco Argentina (Redaf) es un espacio interdisciplinario donde confluyen quince organizaciones que trabajan en el Norte del país. Releva los conflictos de tierra y ambientales que suceden en la región conocida como “Chaco argentino” (Formosa, Santiago del Estero, Chaco, este de Salta, norte de Santa Fe y Córdoba). En marzo de 2013 publicó su informe “Conflictos sobre tenencia de tierra y ambientales”. Relevó 248 disputas territoriales, que afectan a 1 millón 580 mil 580 personas en una superficie de 11 millones 824 mil 660 hectáreas. La mayoría de los conflictos relevados (ocho de cada diez) se inició a partir del año 2000. “Coincidiendo con el impulso del modelo agroexportador y la expansión de la frontera agropecuaria en la región chaqueña”, señala en las conclusiones. Redaf explica que para el sector privado (empresarios y productores capitalizados) y el Estado, “lo que está en juego es la imposición de una forma de producción basada en el agronegocio en gran escala, destinado sobre todo a la exportación. La tierra les representa un bien económico necesario para producir con rentabilidad, sin importar los costos ambientales, culturales y sociales que impliquen”.

La Red de Médicos de Pueblos Fumigados precisó que el uso de agrotóxicos pasó de 30 millones de litros (en 1990) a 300 millones anuales en 2011 (200 millones son glifosato). De dos litros del herbicida glifosato por hectárea se incrementó a entre ocho y doce litros. El Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, en su reciente publicación “Los plaguicidas agregados al suelo y su destino en el ambiente”, advirtió que los agroquímicos permanecen durante meses en el suelo, afectan cursos de agua, y cuestionan que Argentina es el país con más uso de químicos y menos “eficiente” en la producción de granos. “El actual modelo de agricultura industrial o modelo extractivo ha pretendido que la química (los plaguicidas) controle a la biología, simplificando así la toma de decisiones. Sin embargo, dentro de este modelo, no se ha tenido en cuenta que el uso excesivo de plaguicidas pone en serio riesgo al recurso suelo”, afirmaron los investigadores del INTA.

Andrés Carrasco, científico que en 2009 confirmó los efectos letales del glifosato y luego sufrió un ataque de las corporaciones transgénicas (fallecido en 2014), definió al modelo de agricultura química en Argentina como un “experimento masivo a cielo abierto”.

En la aprobación de la soja en 1996 fue clave la Comisión Nacional de Biotecnología (Conabia). Creada durante el menemismo (1991), su composición fue secreta durante 23 años (hasta 2014), cuando se conoció que más de la mitad de sus integrantes (27 sobre 47) pertenecen a las mismas empresas de transgénicos o tienen trabajos junto a ellas (presentan conflictos de intereses). La Conabia aprobó 35 transgénicos entre 1996 y 2015. Soja, maíz, algodón y papa. Las empresas beneficiadas: Syngenta, Monsanto, Bayer, Indear, Dow, Pioneer y Nidera, entre otras.

Presidida por Martín Lema, en la Conabia participan y tienen poder decisorio Juan Kiekebusch (Syngenta), Miguel Álvarez Arancedo (Monsanto), Ricardo Fernández de Ullibarri (Ingenio Ledesma), Teresita Martín (DuPont Pioneer), Luis Negruchi y Alejandro Petek (Aapresid) y Guillermo Mentruyt (Dow AgroSciences). Todas empresas que impulsan transgénicos y, en la Conabia, son juez y parte.

Fuente: Página 12

Mae Wan Ho ha muerto

El jueves 24 de marzo, se nos adelantó en el largo camino de la vida, nuestra amiga y maestra Mae Wan Ho.

Hace un par de décadas, Mae Wan Ho realizó una gira en América del Sur, aceptando una invitación de la Red por un América Latina Libre de Transgénicos, donde a través de talleres, foros, debates, colaboró en el proceso de posicionar el debate sobre los transgénicos en la región. Era una época en la que, aunque los cultivos transgénicos comenzaban a invadir nuestros campos, el cuestionamiento sobre los mismos era aún muy incipiente.

Genetista y biofísica, nacida en Hong Kong y de nacionalidad británica, ejerció por muchos años el rol de profesora e investigadora de la Universidad Abierta del Reino Unido de donde salió en 1999 para crear la Fundación I-SIS (Instituto Ciencia en la Sociedad). Su sitio web, bellamente diseñado, nos recuerda que además Mae Wan era diseñadora y artista. Ahora, en el podemos leer con tristeza, que el instituto se cierra debido a la partida de su fundadora.

Durante su vida ella escribió más de diez libros, muchos de ellos críticos al sistema científico empresarial que nos domina. En sus páginas ella nos habló de la “Insanta Alianza” que surgió en los siglos XX y que continua hasta nuestros días, donde se establece una asociación estratégica entre la ciencia y la industria, como siglos atrás hubo entre la iglesia y el estado. A través de ésta, se establece la agenda de investigación de las universidades y centros de investigación que lejos de buscar el bien común, tienen como objetivo final, el lucro corporativo.

Su texto “Ingeniería Genética: Sueño o Pesadilla”, marca un antes y un después en la forma de ver la ingeniería genética. Nos conduce por la historia de la ciencia, y sobre cómo llegamos hasta esta nueva tecnología. Luego detalla, a través de un análisis científico robusto, los diversos problemas inherentes de la ingeniería genética, y demuestra cómo lejos de ser un sueño, los organismos transgénicos son una pesadilla.

En “Viviendo con el genoma fluido”, Mae Wan compara el funcionamiento de los seres vivos, de las células, de nuestro cuerpo, con una complejísima banda de jazz, donde cada músico puede improvisar, pero siguiendo un libreto. Hay instrumentos que en algún momento destaca, sin perder la idea de grupo. El resultado es una música de gran libertad y al mismo tiempo con sentido de conjunto. Así funcionamos los seres vivos, nos dijo Mae Wan: somos extremadamente complejos pero obedecemos a un orden. Reducirnos a una colección de genes, como proponen por ejemplo los biólogos moleculares, es romper nuestra armonía y cosificarnos.

En su último comunicado, fechado el 3 de marzo del 2016, un par de semanas antes de su partida, ella nos ofreció un artículo titulado “Unificando la mecánica cuántica con la teoría de la relatividad”, donde hace una reseña de las teorías de Milo Wolff sobre su visión del Universo, y sobre cómo superar las dificultades y paradojas de las dos teorías.

Sería muy largo hacer justicia a su larga trayectoria, sólo me resta decir que Mae Wan fue una gran científica, una aguda política, una aliada en la lucha contra los transgénicos y una gran amiga. PAZ EN SU TUMBA.

Red por una América Latina Libre de Transgénicos

El gran robo del clima

En 2012 GRAIN publicó El gran robo de los alimentos. Pensamos que ya es momento de publicar una secuela.

El gran robo del clima, nuevo libro de GRAIN, intenta explicar por qué el sistema agroalimentario industrial es un motor crucial del cambio climático. Queremos mostrar que la soberanía alimentaria impulsa soluciones justas y duraderas. Cuando los gobiernos se niegan a asumir su responsabilidad ante la crisis, es crucial que la gente asuma en sus propias manos acciones que enfrenten las varias crisis que vivimos. Transformar el sistema alimentario es tal vez uno de los puntos de arranque más eficaz y urgente. Este libro nos da indicios de cómo entender la situación.

Para comprarlo en línea, es necesario entrar a la página de editorial Itaca http://editorialitaca.com.mx/ de ahí entrar a http://editorialitaca.com.mx/portfolio-item/el-gran-robo-del-clima/

Para descargar a versión electrónica visite www.grain.org

Fuente: Biodiversidad, sustento y culturas N° 88


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