Brasil: Manifiesto contra la Criminalización de los movimientos sociales y la violencia en el campo

El Gobierno Golpista es responsable por el asesinato de indígenas, quilombolas y sin tierras. El golpe que derroco a la presidenta Dilma Rousseff, promovido por la Red Globo y el Congreso Nacional, con la connivencia del Supremo Tribunal Federal (STF), no solamente violó la Constitucion Federal de 1988 y colocó una cuadrilla a comandar el Poder Ejecutivo. El Golpe liberó las fuerzas más reaccionarias y violentas del latifundio y el agro-negocio.

Las víctimas? Los campesinos, los indígenas, quilombolas y trabajadores en general. En el Congreso electo por la faena legalizada de las empresas, la bancada ruralista busca aprobar sin debatir con la sociedad leyes que atacan los derechos sociales y laborales, que promueven la destrucción ambiental, encubren el trabajo esclavo y retrasan la demarcación de tierras de indígenas y quilombolas. Ahora quieren quitar la previsión social de las personas del campo y transformar el salario de los asalariados, en pagos con casa y comida.

En el campo, los latifundiarios y el agro-negocio contratan pistoleros y arman a sus empleados para matar, arrestar ilegalmente, torturar, amedrentar y expulsar a los pobres de las tierras.

En Colniza/MT, el 19 de abril, se cumplieron 21 años de la Masacre de El Dorado dos Carajas. Nueve campesinos fueron amarrados, torturados y asesinados a golpes de facón y disparos de escopeta calibre 12.

El 24 de abril, el militante del MST Minas Gerais, Silvino Nunes Gouveia, fue asesinado de diez disparos en la puerta de su casa. El día 30, en Viana/MA, 13 indígenas fueron heridos por la acción criminal de hombres armados del latifundio.

Será coincidencia que esa violencia ocurre justamente en el mismo mes en que el diputado federal Jair Bolsonaro, durante un panel en el Club Hebraica (RJ), destilo su verborragia criminal para atacar a las comunidades indígenas y quilombolas? Él defendió su postura de acabar con las reservas indígenas y los quilombos. Antes, en Paraíba, ya había prometido bala para los Sin Tierra.

Hay una escalada de violencia que, desde el año pasado, viene aumentando en números y en intensidad. De acuerdo con la Comisión Pastoral de la Tierra (CPT), solamente en 2016, fueron asesinadas 61 personas en conflictos del campo; el mayor índice desde 2003. En este momento, hay varias áreas bajo amenaza de desalojos y en permanente tensión.

Denunciamos la situación de las familias que reocuparon sus propias tierras que habían sido robadas por sociedad Cabral/Eike en Batista, Sao Joao da Barra (RJ).

En Limoeiro, Ceará, hay un proyecto de irrigación del DNOCS (Departamento de Obras Contra la Sequía), ocupado por 400 familias bajo amenaza de desalojo por el propio DNOCS. En la región de Montes Claros/MG, centenas de familias son acosadas por empleados armados de los estancieros, ya denunciados por corrupción en el Ministerio Público Federal.

En diversos estados, tenemos compañeros presos injustamente por el ‘crimen’ de luchar por la tierra, sin ningún juicio, y otros resistiendo a la prisión, sin derecho a vivir en libertad. Responsabilizamos al gobierno golpistas por esos crímenes cometidos. En vez de castigar a los verdaderos criminales, el gobierno de Temer se preocupa más en perdonar las deudas de los latifundiarios para no perder apoyo en el Congreso y en el cargo que usurpo, y para que no vayan al banquillo de los acusados de la causa lava-jato. Todavía amenaza incluso con la venta de nuestras tierras al capital extranjero.

Responsabilizamos a los medios bajo dirección de la Red Globo que criminaliza los movimientos populares del campo e indígenas, creando un clima que legitime la represión policial y de las milicias armadas de los latifundiarios. Ese comportamiento también provoca la violencia contra los movimientos populares urbanos, como sucedió en Goiania, Rio de Janeiro y Sao Paulo, durante la huelga general.

Responsabilizamos al Poder Judicial y al Ministerio Publico, como clasistas, selectivos en sus acciones, partidarizados y con nítidos cortes elitistas y prejuiciosos contra la población pobre del campo.

Continuaremos luchando por la Reforma Agraria en nuestro país y en defensa de la demarcación de las tierras indígenas y de la población quilombola.

Por una Reforma Agraria Popular que garantice tierra para trabajar, respeto a la naturaleza y a los alimentos saludables para todo el pueblo!

Mayo, 2017
2da Feria Nacional de la Reforma Agraria
Movimiento de los Trabajadores Rurales Sin Tierra – MST

Fuente: CLOC

Temas: Criminalización de la protesta social / Derechos humanos, Movimientos campesinos

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