Colombia: panorama de la población campesina del Tolima: la cuestión de los derechos humanos y los crímenes de estado

Antes de comenzar queremos señalar que para ASTRACATOL es un honor y un placer participar en un espacio como este, que tiende a cimentar en el país el debate fundamental que este gobierno criminal se ha encargado de negar: LA EXISTENCIA DE UN CONFLICTO POLÍTICO Y SOCIAL QUE NO SE SOLUCIONA POR LA VÍA MILITAR Y QUE SOLO PODRÁ VER ALGUNA LUZ CUANDO SE DE UN VERDADERO PROCESO DE DISCUSIÓN SOBRE LAS ESTRUCTURAS DE DOMINACIÓN ECONÓMICA Y POLÍTICA DEL PAÍS.

Descripción del Tolima: Bellezas e Intereses

El departamento del Tolima se encuentra ubicado en la zona central andina, su territorio hace parte del Parque Natural Nacional los Nevados, el Parque Natural las Hermosas y el Parque Nevado del Huila; el río magdalena atraviesa de sur a norte el departamento, se nutre con una amplia red de ríos, entre los cuales se destacan el Saldaña, Coello, Totáre y Prado. Además, posee la Reserva Forestal Central en Cajamarca y otros tantos escenarios de belleza paisajística.

Hoy, una buena porción de estos territorios son estratégicos para las empresas privadas y Estatales, nacionales y extranjeras, ya que buscan apropiarse de los recursos naturales para explotarlos de manera excesiva y comercializarlos en aras de acrecentar su riqueza mediante la construcción de hidroeléctricas, explotación petrolífera, distritos de riego y explotaciones mineras, entre otras.

El Estado a través de la formulación y aprobación de políticas que obedecen a la influencia del capital extranjero y con el apoyo de las fuerzas militares, brindan las garantías para el saqueo de nuestros recursos naturales, pasando por encima de las comunidades que ocupan estos territorios, y sí estas comunidades deciden manifestarse en contra de estas políticas, se vuelven objeto de violación de derechos humanos como víctimas de infracciones al DIH, siendo recurrentemente señaladas como terroristas por las autoridades estatales.

El aumento y concentración de las fuerzas militares en estas zonas, se ha justificado por el gobierno nacional debido a la presencia de los grupos al margen de la ley. Sin embargo, realmente, esto obedece a la necesidad de proteger y garantizar el libre desarrollo de los megaproyectos que se están implementando en el departamento como son: las explotaciones de oro, la construcción de hidroeléctricas, la explotación petrolífera, entre otros.

Las explotaciones de oro: en los municipios de Cajamarca por la multinacional ANGLOGOLD ASHANTI, Ataco por la compañía MINEROS S.A., Santa Isabel por SECTOR RESOURCES y las demás como lo dispuesto por el gobierno nacional y departamental como Distritos mineros Bermellón y Ataco-Payandé, conformados por los municipios de Ibagué, Cajamarca, Anzoátegui, Santa Isabel, Líbano, Murillo, Ataco, Chaparral, Coello, Ortega, Coyaima, Payandé, Saldaña, Carmen de Apicalá, Espinal, Flandes, Guamo, Melgar, San Luis y Valle de San Juan.

La construcción de hidroeléctricas sobre los ríos Amoyá y Ambeima en el municipio de Chaparral; Anamichú, Cambrín y Hereje en el municipio de Ríoblanco por la empresa nacional ISAGEN. Los ríos Cucuana y San Marcos en el municipio de Ronces Valles por la EPSA; el Distrito de adecuación de tierras del Triángulo del Tolima que comprende los municipios de Natagaima, Coyaima y Purificación por parte de INCODER – FONADE – FAD ESPAÑA y el proyecto de trasvase río Guarinó al río la Miel en el norte del Tolima y Caldas por parte de ISAGEN.

La intensión de explotación petrolífera en la Reserva Forestal Galilea “único bosque altoandino en Colombia” ubicada en los municipios de Dolores y Villarrica por parte de PETROBRAS y NEXEN, y de infraestructura vial con la construcción del túnel de la línea vía Ibagué – Cajamarca – Calarcá, por el Consorcio Unión Temporal Colombia-Méjico-España IRSA.

A la luz del panorama anterior, damos cuenta a continuación de los impactos sociales negativos que generan los megaproyectos como políticas de saqueo y terror, destruyendo todo a su paso, dejando a los campesinos en condiciones de miseria, ya que estas empresas generan estrategias de desplazamiento, asesinatos, persecución y despojo de tierras.

La fuerza pública, especialmente el Ejército Nacional y la Fuerza Aérea, ha sido considerada por las organizaciones sociales, juntas de acción comunal veredal y ONGs. la responsable de las violaciones a los derechos humanos (DDHH) e infracciones al derecho internacional humanitario (DIH), debido a las innumerables acciones realizadas contra las comunidades campesinas, ocasionando persecución política, desplazamientos forzados, bombardeos indiscriminados y asesinatos selectivos; en sí, todo tipo de violaciones a los derechos más elementales conquistados en nuestro periodo independentista y republicano.

Persecución Política al derecho de pensar

Los siguientes casos conciernen a la intimidación y persecución política de la cual han sido objeto algunos miembros de la junta directiva departamental y seccionales de nuestra organización como de organizaciones amigas, por poner en evidencia y denunciar los atropellos cometidos por el Estado contra el campesinado tolimense en todos los niveles pero en particular, los atropellos de la fuerza pública, representados también en la complicidad de esta con los paramilitares:

1.El caso de nuestro compañero Alirio García quien se desempeña como secretario general de ASTRACATOL y que para el momento de su aprensión (agosto de 2009) era fiscal de FENSUAGRO, que fue detenido y puesto a disposición de las autoridades judiciales con el pretexto de ser un supuesto insurgente, acción del Estado que le costó 8 meses de presidio para luego absolvérsele de cargos el 25 de marzo del presente año por falta de fundamentos probatorios.

2.La persecución política de la cual están siendo objeto el Presidente de la Seccional Rovira de ASTRACATOL, compañero MARCO REINERIO MONTEALGRE, todo apunta a responsabilizar a un grupo de paramilitares aproximadamente de 20 hombres, que por versiones de la comunidad identifica al mando del mencionado grupo al señor DANILO ARDILA que por demás, viene actuando en complacencia y complicidad con las fuerzas militares de la región.

3.La casería de brujas llevada a cabo por la fiscalía en contra de algunos líderes campesinos del municipio de Chaparral en julio de 2009, quienes hacen parte de ASOHERMOSAS, Ever Quijano Capera, Jesús Emilio Pórtela García, Wilson Medina Arce, Mauricio Collazos Peralta, Edwin Humberto Medina Rios, Walter Rodríguez Bermeo, Jorge Enrique García Moreno, Norberto Fernández, Trebelio Guzmán, José Vicente Méndez, Albeiro Serna, Matha Cecilia Orozco, Alcibíades Romero y Carlos Méndez Méndez los cuales ya están en libertad por falta de sustentación probatoria. De igual manera la detención de Gustavo Rojas y Naun Rojas desde noviembre de 2008, todos señalados por el gobierno como terroristas y colaboradores de la subversión por defender sus territorios del monstruo de ISAGEN que construye la hidroeléctrica sobre el río Amoyá y que dejara sin tierras a decenas de personas.

Desplazamiento Forzado al derecho de tener tierra

El despojo de tierras es una de las estrategias del Estado para la implementación de los megaproyectos. Esto se manifiesta mediante la práctica de crímenes como: asesinatos selectivos, persecuciones, bombardeos y demás acciones que tienden a aterrorizar a las comunidades, los cuales son ejecutados por los grupos paramilitares y la fuerza pública, que en últimas son causantes del desplazamiento forzado ocasionado para eliminar al campesinado del sector productivo y acrecentar la riqueza de las empresas privadas y estatales, nacionales y extranjeras, sustentada en la concentración de tierras y los medio de producción.

De esta manera las comunidades que se encuentran asentadas en lugares estratégicos para los intereses de las empresas, se ven amenazadas y para resguardar sus vidas huyen de estos territorios. En nuestro departamento, esta situación es alarmante, dando cuenta de ello, dos casos nutren desafortunadamente estos actos inhumanos:

1.En octubre del año 2006 en el municipio de Dolores, por la muerte que dio el Ejército a dos jóvenes campesinos, la comunidad rural tuvo que desplazarse al casco urbano de ese municipio.

2.Luego durante septiembre de 2008, nuevamente esta misma comunidad, frente a las amenazas de la fuerza pública y el daño ocasionado por esta al acueducto veredal, los cuales fueron una represaría por la participación que tuvo la comunidad campesina de Dolores en la movilización Agraria y Popular de 2007, que contó con la participación de 18000 campesinos, ocasiono un desplazamiento masivo, asesinatos selectivos y todo tipo de violaciones de Derechos Humanos. retornando nuevamente por acuerdo con las autoridades civiles y militares.

Asesinatos Selectivos al derecho de vivir

Debido al histórico panorama de violación y de continua vulneración a los derechos humanos, y de infracciones al DIH, de los cuales han venido siendo objeto las comunidades campesinas del Tolima, se han presentado asesinatos selectivos en los municipios de Rovira, Dolores, como en otros tantos.

Rovira

En el municipio de Rovira se registraron 4 asesinatos contra campesinos en lo que va del periodo 2008 a 2010, muertes en donde se responsabilizan a un grupo de paramilitares que actúa con la complicidad de las fuerzas militares de la zona:

1.- La muerte del campesino CARLOS ARTURO VARGAS SEDANO, el día 30 de mayo de 2008. Siendo las 10:00 A.M. aproximadamente salió a caballo de su finca la Esperanza, ubicada en la vereda el Cucal, jurisdicción del municipio de Rovira Tolima, con destino al caserío de Riomanso, en procura de atención a su salud y a comprar alimentos para sus animales. En el sitio denominado el “Alto del Conejo” fue retenido y asesinado por miembros del Ejército Nacional de Colombia, así lo confirmo la versión de uno de los militares participes del “acto”, quien lo manifestó positivamente a la esposa de la víctima, señora ROSALBA RODRIGUEZ GARCIA al día siguiente de los hechos, y quienes estaban acantonados desde el día lunes 26 de mayo/2008 en el mencionado sitio. El señor CARLOS ARTURO VARGAS, era padre de 4 menores, en edades para entonces de 13, 9, 7 años y el más pequeño de 11 meses.

2.- La muerte del campesino LUIS GONZAGA CARDOZO, en la vereda la Islandia, jurisdicción del municipio de Rovira Tolima, el día 7 de agosto de 2008, a las 6:30 A.M. aproximadamente, miembros del Ejército Nacional de Colombia, ingresaron a su habitación localizada en la finca los “PINOS”, siendo obligado a salir por parte de uno de los uniformados quien tapaba su cara con un pasamontañas, y quien procedió a abalear al mencionado campesino por la espalda causándole su muerte; estos hechos fueron presenciados directamente por algunas personas.

3.- La muerte del campesino MANUEL FELINTO CUELLAR MAJE, quien se desempeñaba como Fiscal en la Seccional Rovira de ASTRACATOL, donde según versiones en esa oportunidad se le presentaron dos individuos vestidos de negro y encapuchados, le produjeron la muerte en presencia de labriegos de la zona; dirigiéndose hacia ellos y manifestando que nuestro compañero hacia parte de la guerrilla y que este era el mensaje a los líderes comunales ya que se tenía una lista con otros nombres, la misma comunidad responsabiliza a las fuerzas militares de este hecho, concretamente el hecho ocurrió en la vereda Guadual San Vicente, jurisdicción del municipio de Rovira Tolima, el día 18 de diciembre de 2008 a las 6:40 P.M. aproximadamente, quien se encontraba en compañía de los señores Miguel Ángel Borja y un trabajador de nombre Wilson, cargando unos plátanos en el campero de propiedad de Miguel Ángel Borja

Porque estamos indignados no aceptaremos más impunidad

Lamentablemente en esta oportunidad el asesinato de nuestro compañero HENRY SAÚL MOYA MOYA, quien se desempeñaba como Secretario de Organización de ASTRACATOL en la seccional del municipio de Rovira; además como Presidente de la JAC de la Vereda Altamira de dicho municipio, de igual manera hacia parte del Consejo Territorial de Planeación Municipal de Rovira en representación de las Juntas de Acción Comunal Veredales.

HECHOS

1.El día viernes 22 de enero del presente año, en la vereda Altamira del municipio de Rovira, siendo aproximadamente las 12:30 del medio día, HENRRY SAÚL se disponía a continuar con sus labores cotidianas cuando a 150 metros de su vivienda donde se encontraba su compañera, fue impactado en 3 ocasiones con arma de fuego en las siguientes zonas de su cuerpo: en la región parietal, en el labio superior y en el dorso de su mano derecha.

2.Una vez propinados los disparos su compañera se dirigió al sitio de los hechos hallándolo sin signos vitales y sin rastro alguno de los responsables de este asesinato.

3.HENRY SAÚL se destacaba como líder ejemplar en su comunidad por consiguiente venía siendo objeto de persecución política por la fuerza pública.

Dolores

1.El asesinato de JOSÉ JUAQUIN CONDE TORRES, el 9 de abril de 1991, por parte de unidades del Ejercito al mando para ese entonces del teniente CORREDOR, en mediaciones de las veredas SAN ANDRES y LLANITOS, del municipio de Dolores, siendo por demás desaparecido su hermano RICARDO CONDE, el 9 de septiembre de 2001, por paramilitares en el casco urbano de Dolores, siendo las 3 de la tarde aproximadamente.

2.El asesinato de YULI RAMIREZ FIRIGUA, en el año 2002, en zona rural del municipio de Dolores, por unidades militares de la móvil 8, se disponía a ordeñar las vacas con su esposo, cuando ocurrieron los hechos.

3.El asesinato de ANA ROSA PACHECO, el 16 de septiembre de 2003, en la vereda Palmalosa de Dolores por miembros del Ejercito de la brigada móvil 8.

4.El asesinato de los jóvenes JOSÉ MARIO GUERRERO GARZON y HÉCTOR YATE RAMIREZ, el día 16 de octubre de 2006, por parte de unas unidades del Ejército Nacional de la móvil 8 al mando del teniente PORRAS, en la vereda Buenos Aires a las 6:30 pm aproximadamente, del municipio de Prado Tolima.

5.El asesinato del campesino AQUELINO HERRERA, el día 21 de octubre de 2008, a las 5:30 am aproximadamente, por unidades del Ejército, de la móvil 21en la vereda Café las Pavas, de Dolores.

2010 Dolores Resiste

Las comunidades de las veredas Café Las Pavas, Vegas del Café, Palmira y Piñal, se declaran nuevamente en alerta temprana por los nuevos acontecimientos de atropellos y amenazas ejercidos contra la población civil por tropas del ejército nacional, pertenecientes a la brigada móvil 21, la cual hace presencia en la zona desde hace dos años, trayendo consigo consecuencias dañinas y peligrosas para la población civil, puesto que desde el momento en que iniciaron las operaciones militares, estas provocaron daños en los acueductos que abastecen de agua a los pobladores, daños en los bosques que protegen los pequeños nacimientos de agua que surten los acueductos, contaminación de los mismos con desechos como bolsas, latas de alimentos consumidos en los campamentos, así como la realización de las necesidades fisiológicos cerca a las fuentes de agua que consumen las comunidades. Esta situación es preocupante ya que la población no puede hacer reclamo alguno, pues de inmediato quien reclame es amenazado con los paramilitares o catalogado como guerrillero o miliciano.

Durante dos años se ha venido dando a conocer los hechos ocurridos, pero hasta la fecha esta situación continua. Es de amplio conocimiento de todas las autoridades competentes que debido a los atropellos y asesinatos cometidos por tropas del ejército, la población se ha desplazado en dos ocasiones y ha vuelto a retornar por acuerdos pactados entre las comunidades y las autoridades, incluyendo a los militares y al gobierno municipal y departamental en cabeza del alcalde y el gobernador. Sin embargo, dichos acuerdos no se han cumplido y teniendo en cuenta los últimos hechos ocurridos, la situación se ha tornado mucho más peligrosa, debido a las amenazas realizadas por parte de la fuerza pública hacia los pobladores, con la pronta llegada de los paramilitares y su presencia en la zona, lo cual tiene atemorizada a la comunidad por el riesgo inminente al que se encuentran enfrentados.

A continuación se resumen los hechos ocurridos en los últimos días, los cuales evidencian los atropellos a los que está siendo sometida la población civil por parte de las fuerzas militares: el viernes 26 de marzo del presente año, unidades de la brigada móvil 21 llegaron a la casa de una pareja que trabaja para el señor Luis Torres, en una finca ubicada en la vereda Vegas del Café. En este sitio asediaron por espacio de dos horas a la señora Marilín Ramírez y a su esposo, diciéndoles que ellos parecían guerrilleros. Entre las palabras de atemorización y asedio manifestaron que las tropas se encontraban en la zona porque los paramilitares estaban por llegar, esto lo manifestó el cabo Salazar. El día lunes 29 de marzo del presente año, un grupo aproximadamente de 15 a 20 soldados a mando del mismo cabo Salazar, asaltan a las 5 de la madrugada la casa de los hermanos Ramírez los cuales se encontraban dormidos, siendo sorprendidos por las patadas que le daban a la puerta de la casa y con los golpes dados con la culata del fusil a la ventana, la cual fue dañada, además de la realización de dos disparos hacia la casa.de manera simultáneamente les gritaban que salieran para llenarlos de plomo. Dicho asedio duro hasta las 6 de la mañana. Los muchachos de nombres: Albeiro Ramírez Romero, Juan Carlos Ramírez Romero, José Yesid Ramírez Romero y Darwin Vanegas, abrieron la puerta y salieron para reclamarle a los militares porqué asaltaban su casa, y la respuesta de ellos fueron palabras y expresiones agresivas y amenazantes como el ser llenados de plomo en cualquier momento. Una hora después el joven José Yesid Ramírez, quien se dirigía a trabajar a la finca del señor Darío Conde, al pasar frente a la casa del señor Enrique Gutiérrez, donde se encontraba la tropa que los había asediado horas antes, lo detienen nuevamente y le dicen que “un día de estos lo cogemos y le llenamos el cuerpo de plomo”. En la vereda Piñal siendo las 2 de las tarde de ese día, cuatro unidades del ejército se encontraban disponiendo de los baños y la cocina de la escuela sede 6 vereda El Piñal de la Institución San Pedro.

Posteriormente, en la vereda Palmira siendo las 6 de la tarde del mismo lunes, unidades de la móvil 21al mando del cabo Rios, detuvieron al joven Darío Ortigoza Mayorga de 16 años de edad, el cual fue amarrado de los brazos con un lazo y amenazado de muerte, siendo acusado de ser guerrillero, además de serle decomisado su documento de identificación (Tarjeta de identidad) y torturado sicológicamente. Una hora después fue dejado en libertad, sin serle entregados sus documentos. El día martes en horas de la mañana el señor Nelson Ortigoza, encontró en un potrero una bolsa negra con el documento de identificación del joven Darío, acompañado de una nota la cual dice textualmente lo siguiente: “Hola hifueputa se salbo de la muerte porque sé que uste es guerrillero, hifueputa hay le dejamos los papeles oyó hifueputa que en la otra no se salva. ATT Ejercito Nacional”, firmado por un Cabo con una firma ilegible.

De continuar esta situación, la comunidad se verá en la necesidad de declararse en desobediencia civil, antes que tener más muertos por parte de la tropa los cuales declararon persecución a la población civil.

Nos solidarizamos y denunciamos

Aipe, 26 de marzo de 2010

Las comunidades de la vereda la Rita, municipio de Aipe-Huila, denuncian, ante los organismos nacionales e internacionales, al Estado Colombiano por los horrendos homicidios ocurridos el pasado 23 de marzo.

El día mencionado, la comunidad se encontraba en la acostumbrada reunión de Junta de Acción Comunal, la cual hacen cada mes, proyectando como tratar de salir del abandono en el que han estado sometidos por el Estado colombiano durante décadas enteras.

A las 12:20 pm por la calle principal que de Neiva conduce a Planadas, de manera sorpresiva apareció una camioneta marca Dimax identificada con la placa GZI-131 de Bogotá, color gris plateado y sin mediar abrieron fuego indiscriminado contra la comunidad.

En el marco de esta situación, mueren, instantáneamente, dos civiles: el señor Jorge Soto, un destacado trabajador y humilde campesino, y Didier Alexander Giménez, de 9 años de edad y estudiante de cuarto grado de básica primaria. El señor Jorge estaba sentado en la parte trasera de un campero Wills, el cual recibió, al igual que él, varios impactos de arma larga. El niño Didier Alexander estaba a unos veinte metros del lugar de la reunión jugando y cogiendo unas guayabas junto con José Guillermo Valencia Perdomo, de 11 años de edad, quien también fue herido en un pie por un tiro de fusil.

Una vez acontecieron estos crímenes, la comunidad en un acto de valor identifica a los actores, los cuales eran pertenecientes al GAULA del Ejército de Colombia, ya que portaban chalecos, armas cortas y largas propias de la institución.

La comunidad enardecida acude al sitio de los hechos y al exigir explicación por los crímenes, fueron encañonados y sometidos con advertencias tales como: “quietos hijueputas o les damos”. “Guerrilleros hijueputas, un paso más y se mueren”. Preocupados por este cruel e infame crimen, un padre de familia Jorge Emilio Ramírez al tomar fotos fue catalogado como guerrillero muchas veces además de intentar los del GAULA quitarle la cámara. Este mismo padre de familia pide preocupado que se movilice al niño herido de inmediato a recibir atención médica, en este caso a Planadas o Neiva. Ante esta humana y justa solicitud los asesinos dicen: que bien lo hacen cuando llegue el helicóptero; que a su vez llego hasta las 2 pm. En el helicóptero llegaron altos mandos militares, entre ellos un mayor del ejército. Ellos recibieron el reclamo de la comunidad por estos homicidios. La comunidad exigió la presencia de la defensoría o procuraduría. El mando militar se comprometió a traer estos funcionarios y no cumplió.

Alrededor de las 5:00 pm. vuelve el helicóptero con funcionarios forenses, de la fiscalía, el CTI y algunos mandos militares. Sin embargo, no hubo presencia de la defensoría del pueblo o procuraduría. Estos hechos producen airadas voces de protesta e indignación en las comunidades. Los médicos forenses los engañan asegurándoles que iniciarían el proceso de investigación, pero que además debería continuar la fiscalía y que por favor les colaboraran. La comunidad reitero su desacuerdo. Ellos respondieron que aceptaban solo al presidente de la Junta de Acción Comunal, quien aceptó asistir acompañado de 5 o más habitantes de la comunidad, siendo solicitados los datos personales de cada uno.

El padre de Jorge Soto reclamo airado, tanto al GAULA como al presidente de la Junta de Acción Comunal, que a su hijo muerto le estaban acomodando un bolso de color negro y que no era propiedad de su hijo; que dicho bolso fue retirado por un integrante del GAULA de forma burlona y maliciosa, cínico acto presenciado por las comunidades allí presentes. Es de aclarar que minutos antes de los asesinatos, hicieron presencia dos señores, desconocidos para la comunidad. No se sabe si eran cogedores de café o andariegos, o si eran guerrilleros, paramilitares o miembros de la fuerza pública.

A las 5:20 pm, a unos cien metros de donde ocurrieron los hechos, en un cafetal se escucharon más disparos de fusil. Luego, el fiscal solicitó al presidente de la Junta de Acción Comunal que fuera a identificar, donde fueron los disparos, a una persona sin vida. De nuevo el presidente manifiesta que no iría solo, que si lo acompañaban él iba. En efecto, cuando estos se dispusieron a salir, en ese momento el fiscal pregunto si el muerto tenía familiares en la comunidad. Esta solicitud no tuvo respuesta por los presentes, pues nadie sabía de qué muerto hablaba el fiscal. Entonces el fiscal no procedió al lugar para el levantamiento y lo declaro NN. Las comunidades quedamos aun más estupefactas, no solo por lo que inhumanamente determino este fiscal, sino también porque la persona se encontraba herida y el ejército lo remato, sin importarles una vez más el respeto por los derechos humanos. Así haya sido un guerrillero, que no sabemos si era o no. Con estos homicidios nos queda claro la grandeza de las FFMM de Colombia. Es de suma importancia resaltar que la comunidad en general rechaza contundentemente esta criminalidad del Estado contra nuestro pueblo. No obstante, y de la misma manera, desmiente el absurdo y abominable montaje de información cínica, mentirosa y acomodada por parte del ejército, el GAULA y de todos los demás acompañantes y medios de comunicación que tergiversaron la verdad ante el pueblo.

Invitamos a todas las comunidades de los municipios de Aipe, Planadas, Ataco, demás municipios de los departamentos del Tolima y Huila, a Colombia en general y al mundo a solidarizarse denunciando estos actos criminales y a unir las banderas contra las políticas de guerra que jamás se las ha inventado el pueblo colombiano.

Conclusión

La excesiva intervención de las fuerzas militares en la vida cotidiana de los campesinos con amenazas e impedimentos arbitrarios al libre tránsito de los pobladores y sus bienes, ocupando ocasionalmente escuelas, viviendas y ubicando puestos militares a su alrededor e involucrando a la población civil en actividades de inteligencia y acciones militares, el control a las reuniones donde hacen presencia, también solicitando listados de los asistentes y de las veredas que representan, igualmente el constante control de la entrada de mercado en algunas veredas al igual que los continuos censos de los habitantes de la región, también dejando de manifiesto que los miembros del Ejército no portan su debida identificación como son; los apellidos y los rangos. Se convierte en una amenaza para las comunidades rurales de los municipios del Tolima, todo por oponernos a los megaproyectos que tienden a dejarnos sin nada.

¡No más asesinato a nuestro pueblo, no más explotación y miseria!
Asociación de Trabajadores Campesinos del Tolima / Martes 25 de mayo de 2010
Fuente: Agencia Prensa Rural