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Autor Soledad Castro, Henry Picado y William Vega Idioma Español Pais Costa Rica Publicado 28 mayo 2015 13:22

Comunidades fumigadas en Costa Rica acusan al Estado y transnacionales ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos

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La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) convocó el pasado 20 de marzo del 2015 en su sede en Washington DC a una audiencia pública sobre el tema del derecho humano al agua potable en zonas rurales de Costa Rica1. Participaron representantes de comunidades afectadas por los agrotóxicos empleados en la producción de piña, representantes del sector ambientalista2 y representantes del Estado costarricense. Se presentó el caso de las comunidades de Siquirres de Limón, zona Caribe Norte de Costa Rica, quienes tienen el agua para consumo humano contaminada con plaguicidas. Este caso se utilizó como ejemplo pues expone las graves consecuencias que ha traído la expansión descontrolada del monocultivo de piña en el país y el favorecimiento realizado del Estado a la agroindustria trasnacional en vez de respaldar a las comunidades locales.

La CIDH es un órgano de la Organización de los Estados Americanos (OEA) encargado de promover y proteger los derechos humanos en el continente americano. En el caso particular de la audiencia temática por violación al derecho humano al agua de las comunidades rurales de Costa Rica es la primera vez en que comparece el Estado costarricense ante la CIDH por ser cómplice del delito de contaminación de aguas para el consumo humano, al no tomar las medidas adecuadas para solucionar la problemática y al no responsabilizar a las empresas obligándolas a pagar el costo de los daños.

Los acueductos comunales denunciaron en 2009 a la transnacional Del Monte SA por este delito. Sin embargo, el poder judicial de Costa Rica todavía no da respuesta a ésta y a muchas otras denuncias interpuestas. Incluso, la Sala Constitucional de Costa Rica falló en favor de las comunidades afectadas, pero estos logros son “victorias legales sin solución”, ya que no hay respuesta por parte del Estado.

Por este motivo, al agotarse las vías nacionales se decidió acudir a una instancia internacional, ya que a pesar de que Costa Rica es un país “verde” por fuera, a lo interno la realidad nos dice otra cosa.

La historia de la expansión piñera es un capitulo más de la historia agrícola nacional heredera del enclave bananero, caracterizada por la alta concentración de la tierra, la alta toxicidad y la explotación laboral.

En los últimos veinte años, la expansión de la piña fue exponencial a lo largo del país, colocando a Costa Rica como el mayor exportador de piña del mundo. Datos de la Promotora de Comercio Exterior (Procomer) del Ministerio de Economía Industria y Comercio, señalan que entre 2009 y 2014 el volumen de las exportaciones de piña aumentó un 44%, alcanzando réditos de más de 800 millones de dólares anuales. En términos territoriales la expansión del monocultivo es llamativa por vertiginosa y desordenada. Ni el mismo Estado cuenta con información clara sobre cuánta piña hay sembrada o cuáles empresas funcionan con permisos y cuáles no. La falta de planificación, regulación y control por parte del Estado, ha tenido graves consecuencias para las comunidades donde se desarrolla la actividad. La cifra oficial que se maneja sobre la cantidad de hectáreas sembradas es de 50 mil pero existen sectores que aseguran haber contabilizado más de 70 mil hectáreas en todo el país.

El monocultivo de la piña se destaca por su alto grado de conflictividad, tal como lo ha señalado el Informe del Estado de La Nación. De acuerdo con este documento, las principales preocupaciones giran en torno a la contaminación de aguas superficiales y subterráneas, el cambio de uso de suelo, el mal manejo de rastrojos, y consecuentemente, la generación de una gran plaga de la mosca chupasangre que afecta al ganado circundante a las plantaciones piñeras. Otros factores que desencadenan movilizaciones y malestar social son la concentración de la tierra, el desplazamiento de las familias campesinas, la pérdida de la soberanía alimentaria, el irrespeto de los derechos laborales y las consecuencias en la salud debidas a la exposición a los agroquímicos por parte de obreros agrícolas y habitantes de comunidades aledañas a las plantaciones.

Los ingresos económicos generados por la actividad no han garantizado el beneficio social que se prometió y por el contrario tienen un gran costo humano y ambiental. Las principales empresas transnacionales instaladas en el país para la producción y comercialización de la piña son Dole, Chiquita y Del Monte —que han sido denunciadas durante años por trabajadores y comunidades debido a la destrucción del bosque y el envenenamiento de gran parte de los ecosistemas. Sumado a esto se registran daños severos en la salud de miles de trabajadores y vecinos por el uso indiscriminado de agroquímicos, como Nemagón, Glifosato, 2-4D y Paraquat. Cabe recalcar que el Nemagón fue responsable de afectar severamente la salud de casi 30 mil trabajadores en Centroamérica en los setenta y al día de hoy no se les ha hecho justicia.

El cultivo de piña está continuando el viejo modelo de producción bananera que ha afectado al país desde hace más de un siglo, caracterizado, entre otras cosas, por el uso indiscriminado de agroquímicos, el acaparamiento de tierras, el desplazamiento de la agricultura campesina y la proletarización de las poblaciones del campo.

La producción de piña a gran escala comenzó a finales de los años ochenta en la zona sur del país, cuando la empresa Pindeco SA, subsidiaria de Del Monte, se instaló e inició la utilización de un paquete tecnológico enfocado a producir la mayor cantidad de piña posible por hectárea. A través de este coctel tóxico se desarrolló un sistema productivo dependiente de los insumos químicos, que contempla el uso de herbicidas, fungicidas, nematicidas, insecticidas, fertilizantes, abonos y compuestos químicos órgano-fosforados que inducen la floración de la planta y regulan la cosecha.

También se instalaron complejos industriales para la recolección y empaque del producto, que cambiaron drásticamente el paisaje y la vida campesina de miles de personas.

Dentro del desarrollo de este modelo de producción artificial, crearon, desarrollaron y patentaron una variedad de piña híbrida llamada MD-2, conocida como Del Monte Gold o “piña dorada”, que es la base de un gran negocio que rápidamente se difunde por todo el país, principalmente en la zona Sur, en la zona Norte en el Caribe y, recientemente, en el Pacífico central.

En los años noventa Estados Unidos era uno de los principales productores y exportadores de piña y su producción se redujo drásticamente por causa del gran impacto que generó este cultivo en las islas de Hawaii, hasta volverlas tierras casi inservibles agrícolamente hablando. Ante eso, la empresa Del Monte se extendió en Costa Rica para continuar recibiendo millonarias ganancias con la “piña dorada”, logrando establecer en todo el país un sistema de producción que presenta los “mejores rendimientos” por área a nivel mundial 3, explotando extensivamente la tierra, el agua y a los trabajadores.

Del Monte no sólo es dueña de la principal exportadora a nivel nacional, sino también de la empresa BANDECO y CARIBANA4. Esto coloca a Del Monte como la empresa exportadora de banano y piña más grande del país, que a pesar de camuflarse detrás de diferentes nombres y empresas constituye un solo capital y una de las empresas agroindustriales más grandes a nivel mundial.

En respuesta, en 1998 se funda el Frente de Lucha Contra Pindeco, que tenía como objetivo denunciar los desastres ambientales y las violaciones a los derechos laborales por parte de la empresa Pineapple Development Company propiedad de la trasnacional Del Monte. Para el 2003 el Foro Emaús, famoso por su lucha a favor de los derechos de los/las trabajadoras bananeras, se sumó a la lucha contra la expansión piñera. Estos dos hitos fundaron la resistencia a la expansión piñera en Costa Rica.

El Frente Nacional de Sectores Afectados por la Producción Piñera (Frenasapp) nació el 8 de marzo del año 2008 en un encuentro realizado en la comunidad de la Perla en Guácimo, en el que participan comunidades de la zona Sur, Norte y Caribe del país. La actividad fue convocada por vecinos y vecinas de la Perla, Foro Emaús, y Cedarena, para propiciar un espacio de discusión sobre las similitudes de las consecuencias de la producción piñera y las luchas que han dado las comunidades en las diferentes áreas del país.

En Frenasapp participan comunidades de las regiones afectadas por la producción piñera, quiénes han pedido en distintas ocasiones una moratoria nacional a la expansión piñera, ante las múltiples consecuencias que ha acarreado el monocultivo para las personas habitantes de éstos poblados.

Hace más de quince años comunidades y organizaciones vienen trabajando contra la producción irresponsable de la piña. En este sentido el Frenasapp ha tenido múltiples estrategias de lucha, la mayoría de forma descentralizada, y que se materializa en movilizaciones a entidades estatales, bloqueos de carreteras, actividades de debate e información, moratorias municipales, muestreos e investigaciones sobre la contaminación por agrotóxicos, boletines, materiales audiovisuales, demandas legales, etcétera. Todo esto ha logrado ir cambiando poco a poco la percepción de la población urbana y rural sobre la industria.

El caso emblemático de los acueductos que abastecen a Milano, Cairo, Luisiana y La Francia que se ubican en la provincia de Limón, ejemplifica el menoscabo en la calidad de vida que han sufrido las comunidades rurales. Desde el año 2003 el Instituto Regional de Estudios en Sustancias Tóxicas (IRET) de la Universidad Nacional (UNA) documentó la contaminación de las fuentes de agua con plaguicidas utilizados en la actividad piñera en estas comunidades. A lo largo de estos 12 años, se han detectado en el agua para consumo humano los agrotóxicos Bromacil, Diurón, Tria-dimefón, Metalaxil y Paraquat. Estas pesquisas orillaron a que el Estado prohibiera el consumo de agua de estos acueductos comunitarios.

Por ello, desde el 2007, el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA) inició el suministro de agua potable a las comunidades mediante camiones cisterna con un costo de 27 mil dólares mensuales, alcanzando en la actualidad un acumulado de más de 2 millones de dólares. Costo que debería de ser sufragado por la empresa responsable de la contaminación y no por el Estado.

Como resultado de varias acciones formales legales, en 2007 y el 2009 la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia ordenó que se remediara inmediatamente la situación en un periodo máximo de dos años. No obstante, el gobierno de Costa Rica no ha adoptado medida alguna para detener la contaminación del agua. Cabe señalar que recientes análisis siguen corroborando la presencia de plaguicidas y no se han hecho los estudios epidemiológicos necesarios para conocer los efectos que esto pueda tener en la salud de la población.

Los habitantes se aquejan de diversas enfermedades que relacionan con la exposición a los agroquímicos a través del agua, ya que se ven obligados a utilizarla diariamente para bañarse, realizar actividades domésticas, e incluso en algunas ocasiones, consumirla. Algunos de los padecimientos manifestados son problemas dérmicos, gastrointestinales y una alta incidencia en casos de cáncer.

En el informe de su visita a Costa Rica en el año 2009, la Experta Independiente de Naciones Unidas para el cumplimiento del Derecho Humano al Agua, Catarina de Alburquenque, expresó su preocupación al respecto del empleo de Bromacil y Diurón, destacando que esos productos han sido relacionados con diversas formas de cáncer en caso de ser consumidos en grandes cantidades durante un período prolongado.

Aunado a lo anterior, cuando el Experto Independiente de la ONU en derechos humanos y ambiente, John H. Knox, visitó el país en 2013, reiteró al Estado dar cumplimiento a las recomendaciones de Caterina de Alburquenque, prestando más atención a la necesidad de servicios de saneamiento.

El derecho al agua ha sido poco analizado por la CIDH. El incipiente desarrollo en torno al derecho al agua encuentra explicación en el hecho que la CIDH se ha abocado al conocimiento de las graves violaciones a los derechos humanos y ha volcado sus esfuerzos a saldar temas de deuda histórica de muchos países del hemisferio. Pero con la creación de la Unidad sobre los Derechos Económicos, Sociales y Culturales5, la CIDH abrió las puertas para que la sociedad civil americana ventile de forma especializada temas como el derecho al agua.

Debe acotarse que, dentro de los instrumentos jurídicos existentes en el Sistema Interamericano6, el derecho al agua es analizado a partir de otros derechos como el derecho a la vida, el derecho a la salud, o bien, el derecho a un medio ambiente sano. Lo anterior no limitará que el derecho al agua pueda ser reconocido como un derecho de contenido independiente.

La audiencia sobre acceso al agua de comunidades rurales de Costa Rica adquiere mayor relevancia si se toma en cuenta que Costa Rica no es uno de los Estados que más frecuentan el Sistema Interamericano. Evidenciar la responsabilidad que tienen tanto las trasnacionales como el Estado en el desastre humano y ambiental que viven las comunidades afectadas por la expansión piñera se hace importante para quienes resisten la expansión del monocultivo de la piña.

Soledad Castro, Henry Picado y William Vega

Notas:

1 A petición del Centro de Derecho Ambiental y de los Recursos Naturales (Cedarena), los acueductos comunales afectados y la asesora legal Emily Yozell, con apoyo de la Clínica de Derechos Humanos de la Universidad de Santa Clara, EUA.

2 Particularmente el Centro de Derecho Ambiental y de los Derechos Ambientales

3 Infoagro. http://www.infoagro.go.cr/

4 Barquero M. Fresh Del Monte compró bananera y piñera nacional en 400 millones de dólares, La Nación, San José, Costa Rica, 10 de Junio, 2008.

5 Creada durante el 146o POS que tuvo lugar del 29 de octubre al 16 de noviembre de 2012.

6 Tales como la Convención Americana sobre Derechos Humanos o el Protocolo adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Protocolo de San Salvador).

Fuente: Biodiversidad, sustento y culturas N° 84

Temas: Agrotóxicos

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