De la represión masiva a la eliminación selectiva

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Ahora el enemigo es la humanidad, dijo Marcos, al explicar cómo en esta nueva guerra el capital considera a los pueblos como estorbos a la hora de apropiarse de la vida: el agua, la biodiversidad, la naturaleza, todo aquello que necesita para seguir dominando el planeta. El reciente asesinato de Berta Cáceres puede inscribirse en esta lógica tremenda de guerra contra la humanidad. Su delito, desde el punto de vista del capital, fue haber conseguido detener la construcción de la represa de Agua Zarca."

7 marzo 2016

Cuando el finado subcomandante insurgente Marcos formuló su tesis sobre la Cuarta Guerra Mundial, en fecha tan temprana como 1999, estaba no sólo anticipando lo que sucedería en los años siguientes en México sino también en todo el mundo. La tesis zapatista tiene la ventaja sobre otras formulaciones, en particular la “acumulación por desposesión”, de que consigue una explicación integral y no sólo económica de la realidad actual del capitalismo.

“Ahora el enemigo es la humanidad”, dijo Marcos, al explicar cómo en esta nueva guerra el capital considera a los pueblos como estorbos a la hora de apropiarse de la vida: el agua, la biodiversidad, la naturaleza, todo aquello que necesita para seguir dominando el planeta.

El reciente asesinato de Berta Cáceres puede inscribirse en esta lógica tremenda de guerra contra la humanidad. Su delito, desde el punto de vista del capital, fue haber conseguido detener la construcción de la represa de Agua Zarca que iba a ser ejecutada por la mayor empresa hidroeléctrica china, Sinohydro Corporation, junto con la constructora local DESA. En 2013 la transnacional china abandonó la obra “alegando la continua y persistente resistencia comunitaria”, según Francesca Gargallo (Desdeabajo, 5 de marzo de 2016).

No es casualidad que su hija, Berta Isabel Zúñiga Cáceres, haya culpado a DESA del asesinato de su madre. Es que Berta se había convertido en referente de otros pueblos, no sólo en Honduras, que luchan por detener la Cuarta Guerra Mundial. “A Berta la mataron porque la temían y el poder odia a quien le provoca el miedo de que su productividad incesante pueda ser detenida”, escribió Gargallo. Le dispararon “después de la primera jornada de un foro sobre energías alternativas desde la visión indígena”.

Fue un crimen de las multinacionales. Las razones están a la vista. “La crisis climática del siglo XXI fue causada en gran medida por sólo 90 corporaciones”, escribe John Saxe-Fernández (La Jornada, 3 de marzo de 2016). Agrega que la mitad de los gases de efecto invernadero generados desde que comenzó la revolución industrial, se generaron en los últimos 25 años y que “desde los años 70 las grandes petroleras encabezadas por Exxon fueron advertidas por sus científicos del riesgo de los gases de efecto invernadero”.

El dato no es menor, porque poco a poco van surgiendo evidencias que confirman que las grandes empresas sabían desde mucho tiempo atrás sobre las consecuencias de sus acciones. Por eso, debe hablarse de un genocidio planificado y premeditado. Desde el punto de vista ético, no nos puede llamar la atención que gerentes que están dispuestos a matar de ese modo a las poblaciones tengan el menor remordimiento a la hora de auspiciar crímenes como el de Berta.

Las modalidades represivas han venido cambiando en los últimos tiempos. Gargallo denuncia que “en dos años han sido asesinados 300 ambientalistas, la mayoría de ellas indígenas”. En este punto hay una combinación de represión masiva contra la población y selectiva contra las dirigencias. De ese modo los gestores de la represión apuntan en dos direcciones para aniquilar las resistencias. Modalidades que se están volviendo “normales” en casi toda América Latina, donde en cada país se combinan de modos parcialmente distintos.

En Colombia asistimos a un goteo permanente de asesinatos de dirigentes indígenas y sociales, una vieja práctica que se combina con la represión masiva, que hoy ha disminuido aunque permanece latente y se reactiva cuando se agudizan los conflictos. En Perú la lucha contra la minería ha conseguido la paralización o el enlentecimiento de una docena de proyectos. Hasta hace pocos años, la represión era masiva con la declaración de estados de emergencia por parte del gobierno de Ollanta Humala. Pero en los últimos meses asistimos, además, al asesinato de connotados dirigentes locales en lo que puede ser la reedición de una táctica antipopular aplicada durante la guerra interna.

La segunda cuestión que merece ser destacada, es el papel de las multinacionales en los crímenes. La intervención de estas empresas abarca un amplio espectro: desde la “acción social” a la judicialización de la protesta social; desde el acoso a los ambientalistas hasta la persecución de los dirigentes. Milton Sánchez, dirigente de la resistencia en Celendín (Cajamarca, Perú) a la minera aurífera Conga, dijo durante un reciente encuentro en Cusco: “Nos gobiernan las empresas, que han capturado el Estado”.

En este punto, debemos constatar que las más diversas multinacionales actúan del mismo modo, ya sean canadienses o de los Estados Unidos, de procedencia china o brasileña. Dos meses atrás se produjo el asesinato de un dirigente opuesto a la construcción de represas hidroeléctricas sobre el río Marañón (norte del Perú) a cargo de la constructora brasileña Odebrecht, la misma que está siendo investigada en Brasil por desvío de dinero de Petrobras.

Quizá sea una prueba definitiva que las multinacionales de los llamados “países emergentes” no se diferencian en nada de las que provienen de los países imperialistas. Unas y otras son parte de la Cuarta Guerra Mundial contra la humanidad.

Fuente: Desinformémonos

Temas: Criminalización de la protesta social / Derechos humanos, Extractivismo

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