Guatemala: la batalla de una autoridad ancestral por la defensa del río Salá

Para don Oscar la vida dio un giro de 180 grados, cuando el día 4 de agosto de 2016, mientras acompañaba el reclamo comunitario para que dejaran en libertad a los otros diez encarcelados, bajo engaños, fue llevado a la comisaria y ahí mismo fue detenido por un hecho ocurrido en 2015. San Marcos: “soy autoridad ancestral y aquí nos agarran como que somos animales”

Tres años después inició un juicio en su contra, una de las empresas de la familia Ayau, fundadores de la Universidad Francisco Marroquín UFM,[1] y con una tradición abiertamente anticomunista insiste en la construcción de la hidroeléctrica Salá.

El Grupo Fabrigas, quien tiene la propiedad del proyecto en los últimos cuatro años denunció penalmente a quienes identificó como los principales opositores a la construcción de la hidroeléctrica, para hacerlo, varios trabajadores de la finca Argentina y de la seguridad privada de la hidroeléctrica, los acusaron, este es el caso de don Oscar Sánchez a quien la Fiscalía Contra el Crimen Organizado del Ministerio Público (MP) insiste en acusarlo y luego de tres años de investigación, no tiene pruebas contundentes en su contra.

Oscar Sánchez es una autoridad ancestral del pueblo Maya Mam, la comunidad lo nombró y a pesar de serlo, cuando el juzgado de San Marcos lo envió a juicio, le prohibió toda posibilidad de tener contacto con las comunidades, prohibiéndole ejercer la autoridad ancestral, a tal extremo que portar su vara de autoridad en el juzgado le podría acarrear un problema judicial.

Para la doctora Gladys Tzul, el rol de la autoridad ancestral frente a una agresión como la provocada por la hidroeléctrica, es la de proteger a la comunidad, el rol de don Oscar es el de ser interlocutor electo por la asamblea, quienes tienen el mandato de mediar, dialogar y resolver cualquier problema, lo hacen de esta manera porque la asamblea los nombró y le otorgó ese mandato. Por ese papel importante ante la comunidad, y la sociedad le valió llegar a un juicio.

“Así cuando una autoridad comunal actúa y se presenta a resolver problemas, lo hace porque es su obligación, porque esa es la función que las asambleas han delegado sobre esas personas.”[2]

Día 2 del juicio: más contradicciones

El 10 de abril se realizó el segundo día del juicio, la fiscalía debió presentar cinco testigos que no convocó para la audiencia del día 2 de abril, esta vez solamente se presentaron dos. Además el fiscal se comprometió a presentar todas las copias de las pruebas testimoniales que no tuvieron listas en la audiencia anterior, lo que provocó que se aplazara ocho días más el debate.

Don Óscar Sánchez llegó temprano al tribunal, lo acompañaban otras autoridades ancestrales, y algunos representantes de las organizaciones sociales locales, quienes ven con preocupación cómo la empresa ha logrado usar al sistema de justicia para encarcelar a los comunitarios.

Esta vez declaró Otto Emilio Gómez, jefe de seguridad de la empresa Safarí S.A. y otro agente, ambos se contradijeron en sus declaraciones, a pesar que estuvieron en el mismo lugar y momento que narraron, también contradijeron el testimonio de Casimiro Pérez y la declaración hecha por otros tres agentes de la misma empresa.

Los testigos y el agraviado son trabajadores de las empresas de la familia Ayau; la hidroeléctrica, la seguridad privada y la finca forman parte de sus propiedades.

Casimiro Pérez acusó a Óscar Sánchez por ser la autoridad ancestral, afirmó que él lo retuvo junto a una turba de 700 personas en enero de 2015, que lo obligaron a firmar un acta para que dejara de trabajar con la hidroeléctrica y que fue golpeado. En 2016, un año después de su detención don Óscar fue ligado a proceso por el delito de detenciones ilegales con circunstancias agravantes y en abril dio inicio del debate oral y público.

Luego de las declaraciones de estos testigos, la jueza Damaris Yazemy Morales López aplazó nuevamente el debate y este continuará el 27 de abril en el Tribunal de Sentencia de San Marcos a las 8:30 de la mañana.

La contradicción de los trabajadores de la empresa

Casimiro Pérez es un trabajador de la finca Argentina, en donde se quiere realizar la hidroeléctrica, para quienes lo conocen en las comunidades vecinas, Casimiro es una persona problemática, por ejemplo desde que comenzó a trabajar para la empresa, en una ocasión llegó armado y amenazó a varias personas en una de las comunidades, los incidentes con él continuaron durante todos estos años.

Con el inicio de los trabajos de la hidroeléctrica y frente a la oposición comunitaria, Casimiro ha jugado un papel importante para la empresa, acusaciones como la de él, se suman a otras en contra de más autoridades comunitarias de San Pablo, en 2014 se abrieron distintos procesos penales en contra de otros diez vecinos de San Pablo, todos fueron encarcelados. Luego del incidente en la finca en 2015, nuevamente se inicia la persecución penal, esta vez en contra de la autoridad ancestral.

Casimiro Pérez llega al tribunal desde temprano en un picop tipo Hilux último modelo, color gris y vidrios polarizados, acompañado por la seguridad de la empresa Safari Sociedad Anónima, misma que da la seguridad privada a la hidroeléctrica, unas horas después, al finalizar la audiencia se retira en ese mismo vehículo, con logos color anaranjado, letras negras y líneas blancas.

Él es el principal querellante de la acusación en contra de don Óscar Sánchez, Casimiro declaró en el Tribunal que una “turba” llegó a su casa la noche del 22 de enero de 2015, rodearon la vivienda, le amarraron las manos y a empujones y golpes lo llevaron a una escuela que queda a 20 minutos de su casa. En realidad la distancia entre la casa de Casimiro y la escuela comunitaria es de 250 metros, que se pueden recorrer en 5 minutos sin prisa.

El grupo o turba como lo nombra también el fiscal del MP, estaba formado de 600 o 700 personas encapuchadas, en esa escuela lo obligaron a firmar un acta para que se comprometiera a no trabajar más en con la hidroeléctrica, él aunque no sabe leer ni escribir recuerda muy bien que en el acta que le “leyeron” se hacía mención de la exigencia porque liberaran a Fausto Sánchez, otra autoridad comunitaria encarcelada también por oponerse a la empresa.

Afirmó que fue lanzado a un pozo para la recolección de agua de lluvia en la escuela, luego lo sacaron y lo llevaron a la finca Argentina, la multitud ingresó a la finca y comenzó a quemar la maquinaria, él logró escapar y fue ayudado por el jefe de la seguridad privada de la empresa, así lo declaró ante la juez.

La abogada que lo asiste legalmente, es la ex fiscal del Ministerio Público (MP) Gilda Isabel Aguilar, ella también asume la representación de la Liga Pro Patria, un grupo que interpuso varios recursos que entorpecieron los procesos de libertad de los otros presos políticos de San Pablo San Marcos.

La abogada estuvo involucrada en un incidente legal en Huehuetenango en el año 2013, en ese momento la empresa española Ecoener Hidralia Energía había logrado encarcelar a 12 autoridades comunitarias que se oponían a las hidroeléctricas de la empresa Hidro Santa Cruz en el municipio de Barillas. ¿Quién es Gilda Aguilar en el caso Barillas?

¿Por qué Casimiro cambió radicalmente la declaración?

Lo contradictorio en el testimonio del agraviado, es que el 31 de marzo de 2015, en una declaración que realizó al MP, Casimiro afirmó que reconoció a 40 personas de las 700 que iban con pasamontañas, incluso en la ampliación de su declaración, no solo las reconoce, sino que va más allá, dio los nombres y apellidos de todas las personas. Tres años después cambió su versión y afirmó que no todas las personas de la “turba” iban con pasamontañas.

Existe otra declaración en la que el mismo Casimiro Pérez, afirmó que el día de los hechos, en enero de 2015, él estaba trabajando en su parcela y no en la Finca Argentina, como lo testificó varios años después. En esta declaración el querellante narra el momento cuando su esposa lo fue a buscar para avisarle que la gente lo estaba buscando, luego él llego a su casa y de forma voluntaria asistió a reunirse con la gente en la escuela de la comunidad que está a escasos pasos de su casa.

En la declaración que dio ante el tribunal el 2de abril de 2018 afirmó que el mismo día que ocurrieron los hechos en la finca, él logró escaparse de la turba y que el jefe de la seguridad de la empresa lo auxilió, trasladándolo a un centro médico privado y que ese mismo día fue atendido.

Cuando el MP citó al médico Melvin Escobar, quien realizó la atención de Casimiro, declaró ante el tribunal, contradiciendo la fecha y hora en la que fue atendido Casimiro en el Sanatorio Santa Lucía en Malacatán, San Marcos, el día 23 de enero de 2015 y no el día 22 como afirmó Casimiro.

La declaración del jefe de la seguridad de la hidroeléctrica

Otto Emilio Gómez es jefe de seguridad de la empresa Safarí, él narró lo ocurrido en la finca Argentina el 22 de enero de 2015, conoce a Óscar Sánchez porque sabe que es una autoridad ancestral del lugar, en su declaración afirmó que don Óscar no participó en la retención de Casimiro Pérez, también que él pudo observar que Óscar no era parte del grupo de encapuchados que lo llevó supuestamente amarrado hasta la finca, mucho menos que hubiera participado en la quema de la maquinaria de la empresa.

El mismo jefe de la seguridad Safari, afirmó que tuvo información previa, que a Casimiro lo habían llegado a traer a su casa desde la noche anterior a los eventos ocurridos en la finca Argentina, cuando el 21 de enero de 2015 ingresó la maquinaria a la finca, contradiciendo la acusación del MP y del querellante quienes afirman que fue el 22 de enero, 24 horas después.

El testigo propuesto por la fiscalía siguió narrando lo ocurrido en la finca, pero todos esos hechos no están siendo juzgados por el tribunal y tienen que ver con la supuesta quema de la maquinaria de la hidroeléctrica.

El segundo testigo propuesto por la fiscalía es otro agente de seguridad de la misma empresa, Vilmar Birbo Ventura, su testimonio es contradictoria al del mismo jefe de la seguridad, Gómez y Ventura formaban parte de un grupo de 90 agentes que custodiaban la finca, todos estaban armados con escopetas y armas cortas.

Safarí, Seguridad SA. Es una empresa privada de seguridad, los agentes que fueron testigos en el juicio en contra de don Oscar Sánchez son vecinos de San Pablo San Marcos, la empresa en su página web dice tener 20 años de existir y de prestar distintos servicios de seguridad. La empresa es propiedad de la familia Ayau, Raúl Minondo Ayau ha sido representante de la Gremial de Empresas de Seguridad Privada y director de Safarí[3] y es esta misma familia la propietaria de la hidroeléctrica Salá.

¿Por qué el juicio contra una autoridad ancestral?

Para el abogado Juan Castro, quien realiza la defensa técnica de don Oscar Sánchez, la fiscalía no tiene pruebas contundentes para sostener la acusación en contra de la autoridad ancestral maya Mam, tanto la fiscalía como el querellante se centran en discutir hechos que no están dentro del debate, además los testigos propuestos por quienes lo acusan mostraron información contradictoria entre ellos mismos.

Todo apunta a que existe una estrategia que busca seguir criminalizando el papel de la autoridad ancestral, las primeras diez personas encarceladas son un ejemplo de esa estrategia, ahora la empresa centró sus esfuerzos en llevar a juicio a don Oscar por el rol que él juega en la comunidad y alejarlo de las comunidades.

Este juicio, se retrasó innecesariamente, el litigio malicioso se ha convertido en una constante en los casos contra autoridades ancestrales, comunitarias, líderes sociales o defensores de derechos humanos, en este caso, se colocó un recurso de amparo por el MP, la Fiscalía de Contra el Crimen Organizado de San Marcos, a través de la agente fiscal Hulda Hortencia Reyes Ríos lo planteó.

En 2016, el Tribunal de Mayor Riesgo A, presidido por la jueza Iris Yasminn Barrios emitió una sentencia que corroboró que existe en Guatemala una estrategia de criminalización de las empresas extractivas, nacionales e internacionales de forma conjunta con el Estado para usar al sistema de justicia para colocar como criminales a personas inocentes por el hecho de pensar distintos, defender sus derechos y oponerse a los intereses de las empresas. Sentencia de los presos políticos de la nación q’anjob’al y mestiza del norte de Huehuetenango.

Por Nelton Rivera - Historiador, investigador social y fotoperiodista en Guatemala

25 de abril, 2018

Fuente: Desinformémonos