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Biodiversidad en América Latina y El Caribe

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Autor Iván Gallo Idioma Español Pais Colombia Publicado 6 marzo 2017 13:38

Las peores catástrofes ambientales de Colombia

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Dos de ellas, las represas de Ranchería y el Quimbo fueron ordenadas por Álvaro Uribe, y el ‘manglecidio’ de la Ciénaga puso al país en el ranking mundial de desastres.

Por Iván Gallo // 1° de marzo, 2017

Una carretera que acabó con 30 mil km de bosques de manglar, una represa que le terminó de quitar el agua a los Wayuu y transformó sus tierras en un inmenso foco de Chinkunkuña y una hidroeléctrica que acabó las 3.230 hectáreas de reserva forestal en el Huila, son solo alguno de los estragos que han dejado estas tres obras.

1. El desastre de la Ciénaga Grande

Todo empezó mal. En 1956 el dictador Rojas Pinilla ordenó construir la Carretera de la Prosperidad que uniría a Barranquilla con Santa Marta sin importarle que partiera en dos las 50 mil hectáreas de bosque que rodean los 4 280 km² de los cuales 730 corresponden al espejo de agua. Sesenta años después el bosque manglar se ha reducido a 20.000 km. En ese periodo cientos de quebradas, riachuelos y vertientes se fueron interrumpiendo por la apertura de carreteras como Palermo-Salamina en Magdalena y diques que, presuntamente, prevendrían inundaciones en las granjas y hatos ganaderos que pululan en la región.

Los 200 metros cúbicos de agua dulce que los ríos vertían a la ciénaga se interrumpieron. El resultado fue el desequilibrio que convirtió a esa agua estancada en más salada que la del mismo mar Caribe. La hecatombe se ha traducido en millares de peces muertes y zonas considerables de flora y fauna que hoy tiene en peligro a las 15 mil personas que viven en los municipios de Buenavista y Nueva Venecia. Ni siquiera el haber sido declarada la zona como Reserva del Hombre y Biósfera por la Unesco en el año 2000 han podido hacer que los gobernaciones de José Domingo Ávila Armenta, Francisco José Infante, Omar Diazgranados, Luis Miguel Cotes Haybech y Rosa Cotes, ni las presidencias de Andrés Pastrana, Álvaro Uribe y Juan Manuel Santos, hayan podido hacer algo para detener el desastre ecológico más grande de Colombia.

En el 2015, en pleno fenómeno del niño, la situación se volvió apocalíptica. Desde el 2014 para acá la situación para ellos empeoró aún más. Los peces y los caparazones secos de tortugas icoteas, muertas de sed, presentaban un paisaje apocalíptico. El ministro de ambiente Luis Gilberto Murillo le exigió a la gobernadora actual del Magdalena, Rosa Cotes, declarar la ciénaga zona de calamidad pública. La instrucción no se cumplió con la urgencia que requería. Los rumores que corrieron fueron que a Cotes no le interesaba enfrentarse con organismos de control por algunas licencias indebidas que se otorgaron.

Foto: archivo Eltiempo.com

La empresa Agropecuaria RCH, de Rafael Hoyos Cañavera, filial de Serinco de Córdoba ha construido diques y terraplenes que han agravado los daños. La compañía incluso ha plantado palma africana que ha inutilizado el suelo y han secado los humedales. Los búfalos, una especie completamente ajena al ecosistema, empieza a poblar la ciénaga, “afectando la fluctuación superficial del agua en los suelos de los humedales” como lo sostiene Sandra Viraldy, doctora en ecología y profesora de la Universidad del Magdalena. Mientras tanto los habitantes de Buenavista y Nueva Venecia han tenido que sufrir rasquiñas en la piel, en los ojos y constantes problemas gastrointestinales por los animales descompuestos en el lugar.

La responsabilidad no recae solo en la Gobernación del Magdalena. En 1998 el gobierno Pastrana propuso declarar este complejo como el primer humedal Ramsar de Colombia, es decir sería una zona intocable para cualquier tipo de explotación. Sin embargo la actual administración lo único que ha hecho es la partida presupuestal de 18.700 millones de pesos que el ministro de Ambiente, Luis Gilberto Murillo, designó en octubre de 2016

2. El Cercado, la represa que terminó de secar a La Guajira

Cuando la constructora Unión Temporal Guajira, le entregó al ministro de agricultura Juan Camilo Restrepo y al Gobernador de La Guajira Jorge Eduardo Pérez la presa El Cercado el 1 de diciembre del 2010 creían que con los 180 millones de metros cúbicos de agua bastarían para proveer de agua a nueve municipios de La Guajira y acabar de una vez con la sed ancestral de ese departamento desértico. Tres años y 650 mil millones de pesos costó la obra que realizó Conalvías. Gracias a la ola invernal de ese año se llenó el embalse en tres meses cuando el tiempo presupuestado era de cinco años. Pronto se darían cuenta que el remedio dejó al enfermo en estado crítico.

La presa, que actualmente funciona en un 30 % de su capacidad, se roba buena parte del caudal del Río Ranchería, del que vivían miles de Wayuu, para abastecer a los arroceros y ganaderos del Cerrejón. Los gobernadores Oneida Pinto y Kiko Gómez, y Corpoguajira no hicieron nada para detener el escocidio.

Ahí no paró el desastre. Al quedar mal construida buena parte del agua quedaba represada abajo del embalse lo que generó la creación de un inmenso barrial que despertó una epidemia de chinkunkuña, en agosto del 2015, que afectó al 95 % de la población de San Juan del Cesar. Ese año el Incoder hizo una Intervención Forzosa para rehabilitar el Río Ranchería y comprar predios para rehabilitar el medio ambiente. El monto ascendió a los once mil millones de pesos

3. El quimbo: La hidroeléctrica que sólo ha traído desgracias.

En el 2009 Carlos Costa Posada, entonces Ministro de Ambiente, Vivienda y Desarrollo, otorgó la licencia ambiental para inundar 8.500 hectáreas a 70 kilómetros al sur de Neiva. La decisión ignoró las voces que, atronadoras, gritaban que el agua destruiría las 3.230 hectáreas que conformaban la Reserva Forestal de La Amazonía. Esa zona guardaba una buena cantidad de epífitos, los musgos que conservan el agua lluvia, orquídeas y líquenes. Una de las voces que no se oyeron fue el de la Corporación Alto Magdalena quien desde que conoció los planes que tenía el gobierno de Uribe para convertir, desde el 2005, esa zona del Huila en la Hidroeléctrica que le daría energía al centro del país. A pesar de las objeciones al proyecto Diana Marcela Zapata, directora de Licencias, Permisos y Trámites del ANLA, le dio luz verde para continuar a Emgesa, la segunda empresa más grande de Europa en Producción Energética y que ha sido investigada por la Contraloría por accidentes y los problemas que ha tenido la construcción. Incluso, en el 2012, se lanzó una advertencia por un presunto detrimento patrimonial de 350.000 millones de pesos.

El 25 de febrero del 2011 el Presidente Santos, acompañado por el entonces gobernador del Huila Jorge Luis Sánchez, la ministra de Ambiente Beatriz Uribe, ministro de Minas, Carlos Rodado, inauguraron la obra.

Los problemas de Emgesa fueron casi inmediatos hasta el punto de que el mismo año de la inauguración se creó Asoquimbo – Asociación de Afectados por el Proyecto Hidroeléctrico El Quimbo – Una de las primeras denuncias tuvo que ver con el operativo del Esmad en el que desalojaron a más de 700 habitantes de la zona que protestaban por los incumplimientos en las compensaciones que les iban a entregar por haber hecho la obra. Y es que Emgesa se había comprometido a entregar terrenos con sistemas de riego incluido. No sólo no se les ha entregado a los campesinos afectados sino que los precios se hicieron sobre catastro y no sobre el valor comercial, que era casi 40% más.

Asoquimbo, además, denunció que la construcción de la hidroeléctrica fue deficiente, algo que negó Ingeominas. El 12 de marzo del 2014 se presentó un alud de 200.000 metros cúbicos junto al dique auxiliar que no tuvo ningún tipo de repercusión mediática. Dos años después se generaría otra avalancha.

Cuando Álvaro Uribe planeó su construcción se pensó que El Quimbo iba a aportar el 5% de la necesidad energética del país. Sin embargo, solo hasta noviembre del 2012, un año casi después de su inauguración, Emgesa comenzó a producir energía. Los problemas no han desaparecido. El funcionamiento de la hidroeléctrica ha puesto en riesgo a cientos de miles de pesos que habitan el embalse. En este momento El Quimbo está funcionando bajo un condicionamiento. El Tribunal Administrativo del Huila tiene prorrogada, hasta junio del 2017, la medida cautelar que ordena el cierre de El Quimbo, pero la empresa tiene que certificar que la planta de oxigenación está funcionando. Los que viven cerca del embalse saben que los peces, que alguna vez abundaban, ya no recorren sus aguas.

Fuente: Las2ORILLAS


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