Perú - Poder e impunidad: las empresas que controlan el agua en el desierto

21 de mayo, 2018

Una mañana de abril, un drone de color blanco se elevó despacio sobre las Pampas de Villacurí, en el desierto de Ica, mientras las dos personas que dirigían su recorrido permanecían alertas al riesgo de que algún vigilante privado lo detectara y derribara de un disparo. Desde la carretera, Villacurí parecía un pueblo fantasma, donde solo ingresan camionetas a las propiedades de las empresas agroexportadoras cercadas con muros de cemento y madera. Desde el cielo, a cien metros de altura, uno de los principales pueblos productores de espárragos del mundo se observaba como un campo salpicado de hoyos camuflados con mallas verdes. Esas perforaciones eran pozos que extraen agua del subsuelo para regar las extensas plantaciones.

El panorama expuesto en las imágenes aéreas de Ojo-publico.com confirmó un grave problema que se traduce en cifras: por lo menos 314 de los 474 pozos identificados en esta zona funcionan sin licencia, según un registro de la Autoridad Nacional del Agua (ANA) elaborado por sus inspectores hace un año. Por eso, Ica se mantiene en estado de emergencia hídrica desde el 2005 y las Pampas de Villacurí tienen un pronóstico desolador: sus tierras dejarán de servir para la agricultura este año debido a que el agua subterránea ya no se recarga de forma natural.

Villacurí es una de las zonas emblemáticas donde las empresas hicieron posible el llamado milagro agroexportador peruano a comienzos de este siglo, pero su duración fue de corto plazo. Aquí hay ahora 139 agroexportadoras que necesitan 83 millones de m3 de agua al año o el equivalente a 33.190 piscinas olímpicas llenas para regar sus cultivos. Estos cálculos se basan en sus reportes oficiales, pero su consumo puede ser mayor si se conocieran los volúmenes extraídos de los pozos informales.“La mayoría de empresas no permite que las fiscalicemos”, dice Renato Ceccarelli, inspector de la Autoridad Local del Agua de Río Seco, que controla este recurso en las pampas de Lanchas y Villacurí.

La prohibición de abrir nuevos pozos en la región Ica está vigente desde hace trece años. Sin embargo, esta medida no se cumplió porque la propia ANA, que depende del Ministerio de Agricultura, aprobó normas extraordinarias e hizo concesiones especiales a favor de las empresas del ‘boom’ agroexportador para que exploten el agua subterránea, como se lee en una veintena de resoluciones emitidas entre el 2008 y 2017 que revisamos para esta investigación. Estas disposiciones fueron aprobadas durante las gestiones de siete ministros de Agricultura, dos de ellos empresarios agroexportadores como Ismael Benavides (2007 - 2008) y Rafael Quevedo (2010 - 2011).

Inspectores intimidados

A inicios de este año, el inspector Renato Ceccarelli identificó tres pozos informales en las tierras de Agrícola San Pedro, dedicada al cultivo de uva de mesa en el kilómetro 270 de la Carretera Panamericana Sur. El supervisor de la Autoridad Local del Agua de Río Seco usó un drone para registrar las perforaciones ante las dificultades que tuvo para ingresar a los fundos, pero su diligencia terminó con la redacción de un acta en ausencia de los propietarios. Cuando llegó a la puerta de entrada de la empresa, dos agentes de seguridad armados le dijeron que no estaban los dueños y debía retirarse. Ceccarelli envió un informe a la ANA sobre estos hechos, pero se desconoce hasta la fecha si hay un procedimiento sancionador contra la empresa.

En abril pasado, la Autoridad Local del Agua de Río Seco capacitó y convocó a once personas para fiscalizar los pozos en las pampas de Villacurí y Lanchas en un plazo de cinco meses, pero todo se frustró desde el primer día de las actividades programadas porque ninguna empresa permitió a los inspectores el ingreso a sus terrenos. Ese mismo mes, el vuelo del drone dirigido por Ojo-Publico.com registró tres pozos en los viñedos de Greenvic, agroexportadora de la familia Guilisasti, en Villacurí.

Esta compañía agrícola formalizó el uso de un pozo de agua subterránea en el 2014, pero no hallamos resoluciones de permisos de las otras dos perforaciones que observamos cubiertas con mallas verdes. La empresa no contestó nuestras llamadas telefónicas a sus oficinas y tampoco las consultas que le enviamos por correo sobre sus licencias.

Las agroexportadoras están bloqueando cualquier acción de control en Ica. Tres empresas ya presentaron quejas contra los inspectores por sobrevolar drones en sus propiedades y amenazaron con denunciarlos por abuso de autoridad. “El agua se ha convertido en un bien privado en esta región”, dice el investigador Gerardo Damonte, autor de un estudio académico sobre el poder de las empresas que controlan el agua subterránea en Ica 1.

Damonte y las coautoras de la investigación, Isabel Gonzales y Julieta Lahud, entrevistaron a varios supervisores de las autoridades locales del agua de Ica y Río Seco entre agosto y setiembre del 2015. Sus testimonios revelaron cómo el Estado ha cedido el control del agua del subsuelo a las grandes agrícolas. “Nos cierran las puertas, nos sentimos reducidos al chocar con ellos”, dijo uno de los inspectores de Río Seco. “Solo por inspeccionar terminamos denunciados nosotros”, apuntó otro de sus colegas que dio declaraciones con la condición de que su nombre estuviera en reserva.

Poder e impunidad

El exministro de Agricultura Ismael Benavides Ferreyros, propietario de agroexportadoras de uva y espárragos en Ica, estuvo involucrado en un episodio que refleja la presión sobre los inspectores de la ANA. En noviembre del 2012, el entonces jefe de la Autoridad Local del Agua de Río Seco, Agustín González Bravo, llegó al fundo del exministro junto a un fiscal luego de que fuera alertado que tenía un pozo informal. La denuncia fue presentada por otra empresa, Agroinversiones Valle y Pampa, de propiedad de la familia Bentín. Pero las autoridades no pudieron concretar su diligencia porque los vigilantes les impidieron el ingreso con la excusa de que su empleador se encontraba de viaje y hasta dispararon al aire para obligarlas a retirarse.

Estos hechos figuran en un informe enviado a las oficinas de la ANA en el que se consignó que Benavides había sido notificado con tres días de anticipación, como estipula la ley, para la inspección en su propiedad. Sin embargo, la respuesta del exministro fue una queja administrativa contra Agustín González sustentada en que había procedido de forma incorrecta al aceptar la denuncia proveniente de otra empresa. El caso fue declarado infundado a fines del 2012, pero Benavides denunció al inspector por abuso de autoridad ante la Fiscalía en mayo del 2013, cuando carecía de apoyo legal del Estado para enfrentar este proceso debido a que la ANA concluyó su contrato ese mismo mes.

Lo que sucedió con González no fue un episodio aislado y tenía un antecedente. En mayo de 2011, la Contraloría abrió una investigación contra diez empleados de la Autoridad Local del Agua de Río Seco y recomendó procesarlos por incumplimiento de funciones, abuso de autoridad, disturbios y asociación ilícita para delinquir a raíz de la queja de otra agroexportadora de Villacurí. En la denuncia penal fueron acusados los supervisores Javier Chiong Ampudia, Óscar Arrasco Yarrín, Ángel García Canela, Raúl Becerra Moreno, Jorge Cornejo Merino, Hildebrando Ayasta Cornejo, Manuel Ayasta Cornejo, Oscar Ávalos Sanguinettí, Glicerio Yataco Hernández y Diómedes Junes Cornejo.

Casi siete años después, un juez de Ica concluyó que no existían suficientes pruebas para procesarlos por esos cargos y archivó el caso en marzo pasado. “Las denuncias por abuso de autoridad contra los supervisores se han convertido en una estrategia de las empresas para resistir el control”, dice el investigador Gerardo Damonte. El frecuente cambio de los inspectores es también un indicador de su frágil estabilidad laboral. La mayoría no dura más de ocho meses en su cargo. “Son incómodos los que hacen su trabajo. Los que duran más tiempo son aquellos que decidieron no meterse en problemas con los empresarios”, afirma Renato Ceccarelli, de la Autoridad Local del Agua de Río Seco.

La ANA ha negado el problema y solo dio una breve respuesta a Ojo-publico.compor correo: “no se han registrado denuncias contra nuestros supervisores por abuso de autoridad en el período 2011-2018”. Sin embargo, los documentos que obtuvimos desmienten esta versión y evidencian que al menos 12 de sus funcionarios y ex funcionarios en Ica fueron denunciados por empresas agroexportadoras por presunto abuso de autoridad en ese mismo período.

La amnistía perpetua

A inicios del 2011, veinte jefes de las autoridades locales de agua del sur del país se reunieron en Lima para debatir una medida que levantaba la veda de nuevas excavaciones en Villacurí y permitía a la empresa Agroinversiones Valle y Pampa el uso de un nuevo pozo. Los funcionarios no quisieron alargar el debate técnico y resolvieron en una votación a mano alzada que concederían el permiso solicitado. “Solo uno se mostró en contra. La mayoría no quería entrar en más dilemas”, contó a Ojo-publico.com un exempleado que participó en esa reunión. En abril de ese mismo año, la ANA publicó una resolución directoral a favor de esta agroexportadora de granada.

Las autorizaciones especiales de la ANA son una práctica recurrente. En los últimos ocho años, esta entidad modificó por lo menos cuatro veces las normas para que las empresas formalicen sus pozos abiertos sin licencia durante el período de veda en Ica. El argumento usado en todos los casos fue que no se afectaría más el manto acuífero de la región porque esos pozos funcionaban desde hace mucho tiempo.

En junio del 2015, el Ministerio de Agricultura promulgó la Ley 007 para que unos 400 pozos ilegales activos en Ica tuvieran licencias de explotación de agua subterránea. Mientras que, entre los años 2010 y 2013, dio resoluciones similares que simplificaron los requisitos, plazos y costos para las autorizaciones de uso de pozos con los que se riegan cultivos de espárragos, uvas, algodón y otros productos del ‘boom’ agroexportador.

El caso del espárrago, que desde 1992 ha ido reemplazando al algodón como primer cultivo demandante de agua en Ica, revela las enormes necesidades de este recurso. Un análisis de la ONG Progressio y del Centro Peruano de Estudios Sociales (CEPES) reveló que el promedio anual del volumen de agua que usan las agroexportadoras para su riego es de 15 mil m3 por hectárea, y en otros casos el consumo aumenta a 22 mil m3. Así, se estima que para producir todo el espárrago exportado a Estados Unidos cada año se requieren unos 105 millones de metros cúbicos; es decir, el equivalente a 42 mil piscinas olímpicas llenas.

Otro problema que se suma a la permanente flexibilidad legal del Estado con las empresas está en que el saqueo del agua subterránea es un crimen ambiental sin castigo penal. La legislación no lo incluye como un delito, sino como una infracción administrativa con multas que van desde los 20 mil soles hasta los 41 millones de soles. Sin embargo, las empresas se libran de pagarlas con apelaciones ante el Tribunal de Controversias Hídricas de la ANA. Una prueba de que el propio sistema les permite la impunidad se refleja en las resoluciones de esta instancia que anularon las sanciones contra trece agroexportadoras entre el 2014 y 2016.

La empresas controlan los datos

El ingeniero agrónomo Nicanor Toro revisa cada tres meses unos 60 pozos ubicados entre los kilómetros 280 y 290 de la Carretera Panamericana Sur para tener un diagnóstico actualizado del agua subterránea de las pampas de Lanchas y Villacurí. Esta es una de las funciones que cumple como secretario de la Junta de Usuarios del Sector Hidráulico Río Seco, que reúne a las agroexportadoras que participan en el sistema de gestión y vigilancia del agua. El detalle es que las empresas son jueces y parte de las actividades que deben controlar, como las denuncias de pozos informales.

En los reportes de Toro, casi nunca se incluyen las perforaciones ilegales detectadas en las pampas de Ica, solo los niveles de consumo de los pozos que tienen licencias. Por eso, la única información actualizada sobre las condiciones del agua subterránea está controlada por las empresas, ya que la ANA no consolida hasta la fecha una base de datos completa de pozos.

La preocupación de las autoridades y las empresas se centra ahora en la búsqueda de nuevas formas de abastecimiento de agua para enfrentar escenarios de sequía en el corto plazo. En el 2012, la ANA pronosticó que las tierras de Villacurí solo servirían para la agricultura hasta este año, pero los huaicos ocurridos entre febrero y marzo del 2017 permitieron filtraciones de agua que postergaron este desenlace, dicen algunos agricultores de estas pampas. “Se alivió el problema de manera temporal, pero solo habría agua para cuatro años más”, advierte el inspector Renato Ceccarelli. El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) todavía no elabora un informe actualizado sobre esta zona.

Los efectos de la extracción masiva del agua del subsuelo son visibles, como la sequía de la famosa Laguna Huacachina de Ica, conocida como el Oasis de América, que ahora se recarga con agua potable para evitar la pérdida de los miles de turistas que la visitan al año. La escasez se hace evidente también en la profundidad de los pozos de la mayoría de empresas, que buscan agua a más de cien metros del suelo en esta región que ha tocado fondo.

Por Fabiola Torres y Mayté Ciriaco
Con la colaboración de José Rosales

* Carta enviada por Greenvic y respuesta de Ojo-Publico.com

Nota

1) Damonte, Gerardo; Gonzales, Isabel; y Lahud, Julieta (2016). La construcción del poder hídrico: agroexportadores y escasez de agua subterránea en el valle de Ica y Villacurí. Anthropologica, 34(37), 87-114

Fuente: Ojo Público