Perú - Reporte de Conflictos Sociales N° 138 de la Defensoría del Pueblo: conflictos sociales de carácter socioambiental

Idioma Español
País Perú

De estos 142 casos (115 activos y 27 latentes) se puede observar que 94 corresponden a conflictos relacionados a actividades mineras, 21 a hidrocarburos, 10 a energía, 5 a residuos y saneamiento, 3 a forestales, 2 a agroindustria y 7 a otras actividades.

Nuevos casos

De acuerdo al documento de la Defensoría, se observa que se incorporaron seis casos nuevos respecto al mes anterior. Estos se presentaron en las regiones Cusco, Loreto, Moquegua, Pasco (dos casos) y Piura.

En el caso de Cusco las comunidades campesinas del distrito de Coporaque exigen al Estado y a la empresa minera Hudbay se considere al distrito dentro del área de influencia directa del proyecto minero Constancia.

En el caso de Loreto el denominado Frente Patriótico y otras organizaciones sociales de la región, reclaman que se otorgue la operación del lote petrolero 192 a favor de la empresa estatal Petroperú.

En Moquegua la comunidad campesina Aruntaya exige a la empresa minera Aruntani SAC cumplir con un plan de responsabilidad social a favor de la comunidad antes de su retiro de la zona.

En Pasco la comunidad campesina Huachón solicita a la empresa Statkraft Perú S.A. el cumplimiento del compromiso asumido en el año 2010 por el anterior operador, respecto a la evaluación de impactos de los pastizales afectados por el embalse y desembalse de agua de la represas en las lagunas Jaico y Altos Machay.

En esa misma región, pobladores del distrito de Simón Bolívar demandan que se resuelvan los problemas de contaminación ambiental y afectación a la salud de las personas, así como el cumplimiento de la Declaratoria de Emergencia Ambiental del año 2012.

Finalmente, en Piura los trabajadores de la empresa Natucultura reclaman aumento de sueldos y mejoras en sus condiciones laborales.

Muertos en conflictos

Respecto a la distribución territorial de los conflictos reportados, Apurímac concentra la mayor cantidad de casos que se desarrollan en una sola región (22 casos), seguida de Puno (21) y Áncash (20).

En relación a la violencia en los conflictos, entre el 1 y el 31 de agosto se registraron 72 heridos y dos civiles muertos.

La primera muerte de se dio en el marco de las protestas por el reinicio de las operaciones del Complejo Metalúrgico de La Oroya, en Junín. El segundo hecho trágico se dio durante los reclamos de aumento de sueldos y mejoras en sus condiciones laborales de los trabajadores de la empresa Natucultura, en Piura.

Cabe precisar que de los 142 conflictos socioambientales, la principal autoridad competente en 117 casos es el Gobierno Nacional.

De otro lado, se registraron 34 alertas tempranas, situación que debería ser tomada en cuenta por las instituciones competentes para que realicen acciones de prevención y evitar el escalamiento de los casos.

Entre ellos se encuentran el caso Tía María (Arequipa), Espinar (Cusco), Tintay (Ayacucho), Antapaccay (Cusco), entre otros.

Para acceder al informe (PDF) haga clic en el enlace a continuación y descargue el archivo:

Temas: Criminalización de la protesta social / Derechos humanos, Extractivismo

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