Pueblos indígenas hondureños se pronuncian contra políticas que violan sus derechos, y contra destrucción de sus territorios

COMUNICADO - 5 de Diciembre de 2015

Reunidos representantes de los pueblos indígenas, Pech, Maya-Chorti, Lencas, Garifunas, Miskitos y Tolupanes, para analizar y discutir la situación que enfrentan nuestras comunidades y pueblos en el escenario actual, Concluimos:

La actual administración gubernamental pretende imponer una Ley Indígena la cual se encuentra en el Congreso Nacional, diseñada por el Banco interamericano de Desarrollo (BID) con el propósito de diluir el Convenio 169 de la OIT. La Ley no fue consultada y ha sido rechazado su contenido en múltiples ocasiones, ante su esencia colonialista y la entrega de nuestro derechos a un Estado cuyas administraciones gubernamentales, se encuentran atrofiadas por la corrupción y el clientelismo.

Señalamos que el Capitulo V de la Ley sobre Recursos Naturales, sienta las bases para la explotación de los bienes comunes desde una perspectiva neoliberal, atribuyéndose el estado el control, uso y dispensa de concesiones. No obstante mencionar el requerimiento de la Consulta previa, conociendo la corrupción imperante socavará las buenas intenciones, tal como sucedió con la concesión de petróleo de la plataforma continental en la Moskitia.

ODHPINH rechaza la violencia con que el Estado y sus secuaces, responde a las demandas de nuestros pueblos, tal como es el caso del atentado contra el defensor del territorio Garífuna de Trujillo, Vidal Leiva el pasado 27 de noviembre. De paso solicitamos a los operadores de justicia, específicamente al Juzgado de Letras de Trujillo apegarse a derecho y hacer prevalecer la justicia en el caso del despojo perpetrado por Randy Jorgensen, el que asociado a otros inversionistas canadienses se apoderó de gran parte de los territorios de las comunidades Garífunas de la Bahía de Trujillo.

El Observatorio además exige la condena de los militares implicados en el asesinato del compañero Lenca Tomas García y el intento de homicidio contra el menor Allan García, hecho perpetrado por el Ejército de Honduras en julio del 2013, producto de la represión del gobierno frente a la defensa pacifica del pueblo Lenca del Río Gualcarque contra la empresa DESA y el Proyecto Hidroeléctrico Agua Zarca, en Río Blanco.

Denunciamos la persistencia en la destrucción de los ríos del territorio Lenca, promovida por los bancos FICOSAH, DMO, incluyendo los Mecanismos Desarrollo Limpio del Fondo de Carbono de Naciones Unidas, situación que ha generado violencia y represión contra las comunidades indígenas a las que se les ha denegado su derecho a la Consulta, Previa, Libre e Informada.

En relación a la Tribu Locomapa del pueblo Tolupan, exigimos el respeto a las medidas cautelares emitidas a favor de líderes amenazados y perseguidos por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), además de la aplicación de justicia en relación a los homicidios cometidos por el crimen organizado ante el rechazo a la minería ilegal.

Señalamos la manipulación por parte de la Embajada de los Estados Unidos en cuanto al caso de la masacre de Ahuas (11 mayo de 2011), la que ha permanecido en la impunidad, sin que las autoridades hondureñas o estadounidense hayan asumido ninguna responsabilidad.

Denunciamos la militarización que se viene dando en las comunidades indígenas a lo largo del continente en nombre de la supuestas guerra contra las drogas, tras décadas donde las mismas autoridades tanto militares como civiles han estado al servicio del crimen organizado.

Denunciamos la falta de cumplimiento de los acuerdos suscritos por el Estado desde hace mas de 20 años con el pueblo Maya Chorti, quienes hoy día han sido amenazados con la represión si continúan exigiendo la entrega y reconocimiento de sus territorios ancestrales a través de la ocupación pacifica del Centro Ceremonial de Copan.

Denunciamos los mapeos en territorios indígenas como una estrategia de contrainteligencia disfrazados de proyectos académicos y ambientalistas, los que además de poner en riesgo los bienes comunes de nuestro pueblos facilitarían la represión dirigida a quienes se oponen a las políticas nacionales e imperiales.

Rechazamos rotundamente la implementación de las Zonas de Empleo y Desarrollo Económico (ZEDE) conocidos también como “ciudades modelo”, y la entrega del territorio nacional a inversionistas extranjeros. En el caso del pueblo Garífuna, las ZEDE en la Bahía de Trujillo, nunca fueron consultadas con las comunidades, encontrándose los pobladores de Puerto Castilla a punto de ser relocalizados como lo señalan las amenazas proferidas por personajes relacionados con el proyecto neoliberal

Los pueblos indígenas de Honduras somos el segmento poblacional más afectado por el cambio climático y sus severas consecuencias, sin embargo la Estrategia de Mitigación y Adaptación al Cambio Climático, además de no haber sido consultada con nuestros pueblos, su supuesta implementación ha sido municipalizada. De paso denunciamos las falsas soluciones al cambio climático promovidas por Naciones Unidas y el Estado, tales como los Mecanismo de Desarrollo Limpio (MLD) y el programa de Reducción de la Deforestación y Degradación del Bosque (REDD por sus siglas en inglés).

ODHPINH hace un llamado a los estados participantes en la COP21 para que de una vez por todas emitan una Convención vinculante, en la cual se fije como tope del aumento de la temperatura del planeta a 1.5 grados centígrados, y se logre el financiamiento necesario para la implementación de medidas concretas de mitigación y adaptación que no sean regidas por el mercado.

Finalmente El Observatorio de los Derechos Humanos de los Pueblos indígenas de Honduras, ODHPINH, manifiesta un reconocimiento a la Relatora Especial de la ONU sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, Victoria Tauli-Corpuz, la que en su informe preliminar sobre su visita a Honduras, señaló la grave situación por la que atravesamos los pueblos indígenas ante la dictadura civil que enfrenta el país.

ODHPINH