Ante el avance de la Ley Monsanto en Argentina: Entre el modelo del Agronegocio y el de la soberanía Alimentaria
Las familias productoras y campesinas nucleadas en la Union de Trabajadores de la Tierra (UTT) FPDS-CTEP decimos que: El pasado 19 de este mes, “el Jefe de Gabinete, Aníbal Fernández, adelantó que el gobierno nacional emitirá un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) que fijará que todos los pagos por derecho de propiedad deben realizarse en la semilla, además de crear un registro de uso propio" (párrafo de una nota del portal del ministerio de Agricultura). Hace años que se debate una ley impulsada principalmente por Monsanto para cobrar renta por el uso de la semilla, y hace años que desde las organizaciones, científicos, intelectuales y la comunidad venimos diciendo NO. Sin debate en el parlamento, el gobierno actuará por decreto.
Paralelamente en estos tiempos, su supo que la ley 27.118 de Reparación Histórica de la Agricultura Familiar, no tendría presupuesto.
Ley que esperó años en sancionarse, previamente llevó discusiones, borradores, actividades, foros, acciones y la lucha de organizaciones de productores, campesinos y pueblos originarios, para que finalmente se vote sin presupuesto.
En una reunión similar a la efectuada para sacar por decreto la ley Monsanto, en diciembre del 2014, a varias organizaciones del sector nos prometieron en boca del entonces jefe de gabinete Jorge Capitanich, 1.500 millones de pesos. Sus palabras textuales fueron: "La Presidenta me dijo muy concretamente que hay que sancionar y aplicar la ley y para poder aplicarla y que funcione tiene que tener recursos". Por lo tanto, sin recursos, no hay ley.
¿Qué paso con la decisión de la Presidenta? ¿Qué pasó con la reparación histórica?¿Qué pasa con la vida de miles y miles de familias que resisten produciendo alimentos mientras los campos se llenan de soja para exportación, para que luego haya que pagarle a Monsanto el uso de la semilla?
Un modelo de Agronegocio no es compatible con un modelo de Soberanía Alimentaria. El Agronegocio puede convivir con algunos subsidios y acciones simbólicas hacia la agricultura familiar y campesina.
Pero nosotros discutimos y proponemos un modelo distinto de producción agropecuaria, tecnología, producción y transmisión de conocimiento, utilización y relación con los bienes naturales, trabajo rural, comercialización, distribución y consumo. Un modelo de Soberanía Popular, donde no cabe la posibilidad de reconocer la legalidad de que un productor pague a una multinacional por la utilización de la semilla.
En el 2005, como pueblo dijimos “NO al ALCA”, defendiendo la soberanía económica, pero esta es una forma de dar pasos en la entrega de una parte importantísima de nuestra cadena productiva en manos de multinacionales. Entregamos soberanía y renta. Esta no es solo una discusión ambiental, ni un problema de los productores… es una discusión sobre soberanía y por la soberania.
En tiempos electorales, la discusión del modelo productivo no aparece en la agenda.
Llamamos enfáticamente a una discusión nacional sobre qué modelo queremos, exigimos inmediata asignación de presupuesto para la Ley de Agricultura Familiar, y repudiamos la voluntad de avance en este DNU a favor de las multinacionales del Agronegocio.