Argentina - Contra la Ley de Semillas: para que se siga sembrando vida

Compuesta por más de 50 organizaciones sociales, la Multisectorial Contra la Ley Monsanto de Semillas viene denunciando y organizando la resistencia contra un nuevo intento de modificar la ley de semillas, para convertir los bienes comunes -como la naturaleza y los saberes- en mercancía para el lucro y crecimiento del poder de unos pocos. Así lo expresaban en un comunicado que se difundía en septiembre de 2016.

En un nuevo comunicado emitido el 11 de octubre, agregan: El proyecto que se impulsa (en acuerdo con Monsanto) “promueve la limitación de la posibilidad de guardar semillas por parte de los agricultores” y al mismo tiempo “criminalización de las semillas nativas y criollas impidiendo el libre intercambio entre productores familiares, campesinas y campesinos y pueblos originarios”.

A continuación manifiestan que la modificación de la Ley entraña “una entrega de nuestros bienes naturales y una amenaza a la Soberanía Alimentaria de nuestro pueblo” y “responsabilizan a los legisladores que avalen el cambio, por la que tendrán que rendir cuentas en el futuro”.

“Con la Ley de Semillas podrían impedir la resiembra de todas las semillas”

Desde Marcha consultamos a Julián Galeano, del colectivo Todos Los 25 Hasta Que se Vaya Monsanto, parte de la Multisectorial, quien afirmó: “La ley de semillas es una profundización del modelo para que las corporaciones obtengan mayores ganancias. No estamos de acuerdo con que se puedan patentar semillas ya que el acervo genético es propiedad de los pueblos que las mejoraron al menos por 10.000 años”.

-¿Cuál es la posición de los intereses locales respecto de la Ley?

-La ley, que se impulsa desde 2012, no ha avanzado porque los intereses locales de los terratenientes, que son millonarios, y que tienen mucha fuerza como lo demostraron con la 125, por ejemplo, se oponen porque básicamente implica que tendrían que pagar más dinero por estas semillas. No quieren hacerlo aunque están de acuerdo con el modelo tóxico industrial; es decir, no les importa el envenenamiento masivo de la sociedad: rechazan la ley porque les aumentaría los costos.

Hay un anteproyecto de la Ley de Semillas de la Federación Agraria Argentina, que es la misma que proponen las corporaciones pero que introduce la modificación que permitiría la resiembra de semillas.

-¿Qué implicaciones tendría en concreto esta Ley llamada “Monsanto”?

-Hay un tratado internacional UPOV 91 (Unión Internacional Para la Protección de las Obtenciones Vegetales) que prohíbe la reutilización de las semillas y que se incorporaría a la nueva Ley. Es decir que está en contra de lo que se hizo históricamente en el campo, donde los agricultores se reservaban una parte de la producción para reutilizar la semilla el año próximo. Esto sería ilegal, como sería ilegal el intercambio de semillas y hasta inclusive regalarlas, porque la ley dice que únicamente se pueden comercializar, regalar o intercambiar semillas que sean certificadas. Y para que una semilla sea certificada tiene que demostrar que es propia, que vos la hiciste, que sos obtentor.

Con la Ley de Semillas podrían impedir la resiembra de todas las semillas. Esto en lo cotidiano impactaría, por ejemplo, en la resiembra de la lechuga, porque Monsanto tiene una empresa que hace semillas de hortalizas. Galeano remarcó que hoy en día ese tipo de semillas no tiene ningún impedimento para ser resembradas.

Además, es necesario tener en cuenta lo que está sucediendo, desde aproximadamente dos años, donde Monsanto tiene la capacidad de fiscalizar las semillas de soja en puerto, lo que les permite cobrar 15 dólares por tonelada de soja en caso de que se pruebe que tenga los genes de Monsanto que están patentados. Esto no se da con todas las semillas, sino en el caso de las semillas transgénicas.

Modelo de negocios patentados:

Tal como lo explica con claridad la Ong. GRAIN, UPOV son las siglas en francés de la Unión Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales. Oficialmente un organismo internacional, UPOV, trabaja exclusiva y explícitamente por la privatización de las semillas en todo el mundo, mediante la imposición de los derechos de propiedad intelectual sobre las variedades vegetales. Los estados miembros deben adherir a la Convención UPOV y convertirla en ley nacional. La Convención fue redactada por primera vez en 1961 y se ha modificado tres veces (en 1972, 1978 y 1991), fortaleciendo, vez tras vez, los derechos de las corporaciones y restringiendo lo que los demás pueden hacer con las semillas.

La modificación de 1991 fue particularmente polémica, porque eliminó el derecho de los agricultores a guardar semillas privatizadas y limitó lo que otros mejoradores genéticos podían hacer con esa semilla.

Creada en 1961, durante la mayor parte de su historia la UPOV ha sido un pequeño y más bien oscuro club, sobre todo de países ricos que quisieron promover los intereses de sus empresas semilleras. A la fecha de la última revisión, 1991, sólo 20 países eran miembros. Pero después de que la OMC aceptara, en 1994, que todos sus países miembro debían tener derechos de propiedad intelectual para las variedades vegetales, la membresía de la UPOV aumentó muy rápido, a más de 70 países. Mucho de esto se debió a la presión de los países ricos para que los países no industrializados se adhirieran a UPOV, presión ejercida fuertemente con los tratados de libre comercio.

Las llamadas leyes de derechos de obtentor incluyen las leyes de certificación, los registros de variedades y las leyes de comercialización que legalizan el abuso y el despojo. El objetivo de este ataque es acabar con la agricultura campesina e indígena y especialmente con la producción independiente de alimentos, intentando cerrarle el futuro a la soberanía alimentaria, para convertirnos en una población sin territorio, que sólo puede ser mano de obra barata y dependiente. Es un ataque que se despliega de diversas formas y mediante mecanismos múltiples. Así lo expresaban con gran claridad, en la Declaración de Yvapuruvu un conjunto de organizaciones que se reunieron en Paraguay en 2013 para debatir sobre las iniciativas que se vienen tejiendo en el continente y en otras latitudes donde se busca recolonizar a los pueblos más vulnerables y empobrecidos bajo el argumento del progreso y el beneficio, que siempre se inclina hacia los más poderosos.

Desde la Multisectorial son categóricos al expresar que “cualquier modificación de la Ley de Semillas deberá ser sometida a un amplio debate público donde campesinas y campesinos, pueblos originarios, productores familiares, organizaciones sociales y políticas, consumidores y todos los sectores involucrados puedan ser consultados de manera transparente y participativa”.

En esta coyuntura, desde 2016 vienen revelando negociaciones cerradas entre el gobierno de Macri, las corporaciones transnacionales y los grandes productores. Al mismo tiempo que pusieron en evidencia que estos intentos de reforma no son nuevos, y que se registran desde 2012, cuando también “dejaban afuera las necesidades e intereses de agricultores familiares, comunidades campesino-indígenas, consumidores, y afectados directos por el agronegocio”.

Parece entonces que el impacto se produce en distintos frentes. Por un lado, impone un envenenamiento a gran escala y sin ninguna protección para los consumidores. Al mismo tiempo favorece, el modelo de concentración corporativa en tanto los pequeños productores no podrían soportar los costos que impone este modelo, pergeñado por los distintos gobiernos que impulsan los negocios por sobre la vida.

Fuente: Marcha