Argentina: Indígenas exigen restitución de tierras

"Las comunidades no tienen ganas de escuchar grandes discursos", señaló el representante del gobierno, Daniel Arroyo. De su exposición, ese último comentario fue el único que despertó adhesión entre los más de 200 delegados presentes.

"Marichiweu" resonó en la sala cuando terminaron de exponer las reflexiones de los 24 pueblos originarios que se reunieron en Posadas para reivindicar sus derechos ancestrales el pasado 28, 29 y 30 de agosto, en el marco del Foro Nacional de Derecho de los Pueblos Indígenas, organizado por la Comisión Nacional del Trabajo para la Política Indígena (CNTPI). "Marichiweu" significa "diez veces venceremos y diez veces volveremos". Y representa el augurio de las batallas ancestrales ante la invasión de los conquistadores europeos.

Hoy su lucha, que nunca se disipó, no es con arcos y flechas. Ahora sus herramientas son jurídicas. Después de tres días de trabajar en la elaboración de un documento base para la formulación de políticas indígenas, los más de 200 delegados de las comunidades que habitan el país entregaron el escrito al vice ministro de Desarrollo Social de la Nación, Daniel Arroyo. Titulado “Propuestas y Demandas de Acción al Estado Argentino”, el documento consta de cuatro ejes temáticos en los que fundamentan sus reclamos: territorialidad, biodiversidad, interculturalidad y personería jurídica. De estos el más debatido fue la tenencia de las tierras.

La entrega del petitorio significó el cierre de largas jornadas de puesta en común entre hermanos de raza. Participaron el Premio Nobel Adolfo Pérez Esquivel; la diputada nacional Alicia Castro; guías espirituales y dirigentes sociales, entre otros. Los dirigentes de las comunidades Diaguitas, Atacama, Omahuaca, Ocloya, Tupí Guaraní, Abá Guaraní, Wichi, Chulupi, Toba Kom, Tapiete, Mapuche, Huarpe, Rankvlche, Tonokote, Tehuelche, Selk Nam, Oona, Vilela, Quechua, instaron al Estado a la "creación de un fondo de reivindicación histórica y la restitución de las tierras ancestrales. En forma inmediata el Estado debe sancionar, promulgar y ejecutar las leyes de la prohibición de desalojo de las comunidades de los pueblos indígenas y titularización de las tierras comunitarias".

"Se debe prohibir el desarrollo de proyectos mineros y turísticos. Se exige la suspensión de todos los emprendimientos de es tipo en cualquier etapa de su desarrollo dentro de los territorio indígenas y áreas de influencia, hasta tanto se reforme el Código Minero incorporado según lo establecido en el convenio 169 OIT", advierte el petitorio. Además, los representantes propusieron la "creación de un fondo de reivindicación histórica para que el Estado restituya las tierras ancestrales. En forma inmediata el Estado debe sancionar, promulgar y ejecutar las leyes de la prohibición de desalojo de las comunidades de los pueblos indígenas y titularización de las tierras comunitarias".

Hablar por si mismos

"No permitamos más que los blancos hablen por nosotros, hablemos por nosotros mismos, de nuestros sufrimientos", dijo efusivo el diaguita Antonio Martínez. Su comentario ganó la ovación de la sala que, por unanimidad, resolvió realizar una movilización el próximo 11 de octubre. Es que las comunidades preexistentes manifestaron estar "cansadas" de los proyectos de ley. Quieren hechos concretos. Actualmente hay normativas provinciales, nacionales e internacionales que reconocen sus derechos pero aún representan un vacío legal al momento de ser aplicadas.

Es el caso del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que se celebró en Ginebra el 27 de junio de 1989 y fue ratificado por Argentina el año 2000, como también por gran parte de los demás países latinoamericanos. En uno de sus artículos determina que "los gobiernos deberán asumir la responsabilidad de desarrollar, con la participación de los pueblos interesados, una acción coordinada y sistemática con miras a proteger los derechos de esos pueblos y a garantizar el respeto de su integridad".

Ya en el Foro Internacional Indígena realizado en Posadas en el mes de mayo de 2005, la presidenta del Colegio de Abogados, Lilian Rocco, había admitido que “se debe tratar la operatividad de los derechos reconocidos constitucionalmente y asimismo tratar de ver la posibilidad de armonizar la legislación nacional y provincial con las normas internacionales".

Interculturalidad

Los representantes de los Pueblos Indígenas exigieron un mecanismo de articulación intercultural entre los distintos pueblos y las instituciones del Estado, proponiendo que se establezca un ámbito intercultural con representación indígena que tenga potestad, poder, partida presupuestaria, y capacidad de interaccionar con otros Ministerios. En este marco demandaron la creación del Ministerio Intercultural de Política Indígena, que sería una instancia con jerarquía institucional y capacidad logística presupuestaria que superaría el tratamiento actual que los enfoca como “pobres” o “campesinos”.

Además, decidieron poner en práctica el pluralismo jurídico. "Que la resolución de los conflictos entre indígenas sean individuos o comunidades se realice de acuerdo al propio sistema jurídico del Pueblo al que pertenezcan", dice el documento. De este punto en particular puede hacerse referencia al caso Julián Acuña, el niño guaraní que sigue internado en Buenos Aires por disposición de la justicia blanca y contra la voluntad de sus padres, quienes esperan el informe médico que autorice su traslado a Misiones.

"No queremos quedarnos con el sólo hecho de respetar la identidad, queremos avanzar en cuestiones concretas". La frase le corresponde a Daniel Arroyo, vice ministro de Desarrollo Social de la Nación quien recibió el petitorio de los pueblos originarios y asumió el compromiso de ponerlo en manos del presidente Néstor Kirchner.

"Sabemos que hay problemas de fondo que tienen que ver con la propiedad y en eso hemos acompañado las iniciativas para hacer el Programa de Desarrollo de las Comunidades Indígenas y con la transferencia concreta de tierras. No estamos en un momento para hacer pasos graduales necesitamos transformaciones estructurales", señaló el funcionario. Enfatizó la idea de avanzar en la elaboración de políticas públicas en función de los ejes prioritarios: crear un subregistro que permita establecer un criterio distinto para la personería jurídica, un fondo para la capacitación de las comunidades y la prohibición de los desalojos.

Sin embargo, la iniciativa de cambio queda estancada. Se habla de "un profundo proceso" de transferencias de tierras fiscales a las comunidades indígenas pero se desconoce la cantidad de hectáreas que este proceso implicaría en los hechos. Lo dijo el propio Arroyo: "Las comunidades no tienen ganas de escuchar grandes discursos". De su exposición, ese último comentario fue el único que despertó adhesión en los representantes indígenas.

Pérez Esquivel

Sin vueltas ni demagogias. La idea vertida por el Premio Nobel de la Paz Alfredo Pérez Esquivel en el Foro fue determinante. Los pueblos originarios deben presentar un recurso de amparo para que no les toquen más las tierras. La idea caló hondo en el pensamiento de los dirigentes indígenas que aguardaban su ponencia en el Centro Provincial de Convenciones. Pérez Esquivel, ferviente dirigente del Servicio Paz y Justicia (SERPAJ) se reunió con los líderes de los 24 pueblos para respaldar el reclamo por la reivindicación de sus derechos.

Claro está, su postura nace desde sus propias raíces. El hombre que enfrentó a la junta militar durante los años de plomo de la Argentina es un descendiente directo de los primeros habitantes de esta tierra. Su abuela era guaraní y está enterrada a pocos kilómetros de las Cataratas del Iguazú. El Nobel no tuvo reparos para cuestionar el vacío legal en el que viven los mapuches, guaraníes, omahuaca y demás pueblos que habitan el suelo argentino. "Una cosa son los discursos y otra los hechos. El problema de la tierra es cada vez más grave. ¿Qué hace la policía, qué hacen los jueces? Cuál es el derecho de todas las convenciones internacionales si nada se respeta", se preguntó.

Sus respuestas se convirtieron en retóricas de una realidad que a diario constata en sus viajes por Latinoamérica. En la charla, fuera del salón principal del complejo y rodeado por la prensa, no concluía un concepto sin una pregunta reflexiva. "Lo que están haciendo en Salta, la Patagonia, Jujuy, sucede en todo el país. Acabo de llegar del recorrido por Guatemala, Salvador y Nicaragua, y están en las mismas condiciones, las grandes empresas arrasan con todo, desmontan, quiebran todo el equilibrio ecológico para plantar soja transgénica no el monocultivo. ¿Qué les van a dejar?"

Para Pérez Esquivel la palabra está devaluada. La repetición del discurso fue en detrimento de la credibilidad de las propuestas, de las intenciones. "Basta de palabras hay que ir a los hechos. Hace cuanto tiempo se viene reclamando la tierra y que no se reprima los hermanos, la policía los saca a palos. ¿Cuáles son los derechos de los pueblos, son ciudadanos argentinos o no?. Ya basta con los discursitos", sostuvo enérgico.

¿Cuál es la alternativa?, le preguntamos. "La única forma de cambiar esto es que los pueblos se unan y comiencen a reclamar sus derechos y que se le planten. Esto no es un país federal sino feudal", aseveró. "Ahora estoy esperando si los hermanos mapuches aceptan 6.000 hectáreas del grupo Benetton. Si dicen que no, es no. Y si aceptan, vemos en qué condiciones. Yo me voy a encontrar con Benetton en noviembre en Roma primero para reclamarle que devuelva las tierras que les quitaron a la familia de Atilio y Rosa. Segundo si quieren entregar más tierras que las entreguen pero que le den los títulos a las comunidades mapuches", contó.

El caso Benetton tuvo su auge el año pasado cuando los mapuches de Chubut, reclamaron al principal terrateniente de la Argentina (970 mil hectáreas), que les devuelva sus tierras ancestrales usurpadas. El matrimonio Atilio Curiñanco y Rosa Rua Nahuelquir, fue desalojado en mayo de una posesión de 300 hectáreas a raíz de un juicio promovido por la firma italiana. Y Pérez Esquivel se comprometió con ellos en su lucha por recuperar lo despojado.

"La reparación la debe hacer el Estado. El estado debe reparar el desastre del país, la restitución de las tierras comunitarias como las reclaman aquí y no se las quieren dar al nivel comunitario, quieren darle pequeños lotes a cada uno para que se quedan conformes pero eso no es lógica. Se debe respetar la cultura de los pueblos indígenas y a partir de ahí se pueden cambiar las cosas", finalizó Pérez Esquivel.

Grisela Acuña, Azkintuwe Noticias - Periódico Mapuche Azkintuwe

Fuente: Revista Rebelión