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Autor Renata Padín Idioma Español Pais Argentina Publicado 15 julio 2017 12:00

Argentina: Pulseada con la Justicia sojera

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Comunidades de pueblos originarios y trabajadores rurales defienden sus tierras ancestrales en Santiago del Estero y denuncian la connivencia de jueces y empresarios sojeros para desalojarlos. Añatuya está en el centro de la contienda.

La Carpa Negra de la Resistencia, levantada por los integrantes de Mocase en reclamo de justicia.

En Añatuya, Santiago del Estero, hay una Carpa Negra de la Resistencia, en la que se van rotando los miembros del Movimiento Campesino de Santiago del Estero (Mocase)-Vía Campesina para evitar el desalojo de una familia, los Quiroga, de sus tierras, ubicadas en el paraje rural Lote 48. El 30 de junio, el juez en lo civil Alvaro Mansilla firmó la orden de desalojo, en favor del empresario francés Patrice François Louis René Lannou. Curiosa pero no casualmente, Lannou es patrocinado en la actualidad por el doctor Walter Nicolai, hijo del actual ministro de Desarrollo de la provincia, quien se ha mostrado sospechosamente interesado en las tierras de la familia Quiroga.

El Mocase denuncia al juez Alvaro Mansilla como parte de una asociación ilícita que opera dentro la Justicia santiagueña y se dedica a desalojar familias y comunidades campesinas de parajes rurales de la zona, en los departamentos de Añatuya, Tacañita, Colonia Dora, Icaño, Real Sayana y Pinto, en favor de empresarios y a cambio de dinero y negocios.

En un comunicado difundido el lunes, el movimiento insiste en que “estas irregularidades y actos de corrupción por parte del juez Mansilla son vox populi en toda la provincia, así como es de público conocimiento entre empresarios que para arreglar cualquier situación irregular con las tierras hay que recibir la ayuda especial del juez”. Y apoyan lo que denuncian: “Hasta el mismo empresario Patrice Francois Louis René Lannou lo reconoce en las numerosas oportunidades en que intentó desalojar a las familias, haciendo uso de bandas armadas e ingresando (en los campos) con gritos amenazantes: ‘Ustedes no tienen posibilidades porque no tienen plata. Yo les voy a ganar porque ya compré a la policía y al juez’”.

Gustavo Vassallo, miembro del Mocase-VC, explicó: “La situación actual en Añatuya es muy tensa. Creemos que la policía intentará nuevamente el desalojo. Por eso hay una guardia permanente de entre sesenta y cien compañeros en la Carpa Negra. Quieren desalojar antes de la feria judicial, así tienen tiempo de ‘arreglar’ todo y después el juez Mansilla les da la razón”.

Este no es el primer intento de desalojo de los Quiroga. En febrero de este año hubo otro, pero “muy burdo, muy desprolijo. Y con los compañeros pudimos recuperar las tierras”, relató Vassallo.

Mientras esperan a ver cómo evoluciona el tema de la familia Quiroga, el Mocase-VC y otras organizaciones sociales organizaron para la semana próxima una campaña de concientización: “Vamos a hablar con los vecinos barrio por barrio en Añatuya, a hacer actos en plazas y repartir volantes. Tenemos problemas para que todo esto se conozca. En muchas radios no nos dejan hablar, no quieren que difundamos. Se ve que los empresarios se defienden entre ellos”, contó Vassallo.

El referente del Mocase-VC explicó luego que el juez Mansilla no es un caso aislado en Santiago del Estero: “En la provincia hay muchos jueces que interpretan el Derecho como quieren. Y siempre para favorecer a los empresarios. En muchos casos, usan tecnicismos truchos para hacer que los campesinos pierdan sus tierras. Por ejemplo, los abogados de una familia indígena o campesina, que está en litigio por su campo, renuncian y no les dicen nada a sus representados. Nadie les comunica nada. Cuando pasa el tiempo y como la causa no se mueve contratan a un nuevo abogado, el juez les dice que se vencieron los plazos procesales, no les admite presentar nueva prueba ni nada, y les da el juicio por perdido a los campesinos”.

Y dio más ejemplos: “Otra cosa que hacen es usar imágenes satelitales, dicen que para tener una imagen de la situación real de los terrenos. Entonces aparecen los pobladores agrupados en una zona bastante reducida. Que es real que viven más o menos juntos, en zonas pequeñas. A veces porque es la única (o de las pocas) zonas en las que hay agua y es fácil hacer un pozo. También porque es más fácil vivir cerca de otros, para ayudarse... Y porque los humanos somos gregarios, vivimos en comunidades. Bueno, a partir de estas fotos, los jueces dicen que los pobladores no ‘colonizaron’ todo el terreno, les dan la posesión, por ejemplo, de seis o diez hectáreas y el resto de las tierras salen a la venta y se la quedan los empresarios”.

El relato de este dirigente del Mocase-VC permite otra lectura de un acto del Ministerio de Salud y Desarrollo Social santiagueño, que se llevó a cabo el 28 de junio. Con bombos y platillos, y discursos con la retórica al uso, las autoridades anunciaban la firma del Convenio entre el Ministerio de Salud y el INAI para desarrollar la segunda etapa del Relevamiento Territorial de Comunidades Indígenas Pueblos Originarios que se llevará adelante de forma articulada entre nación y provincia.

El INAI es el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, cuyo titular es Raúl Ruidiaz. Al concluir su alocución en ese acto, Ruidiaz explicó: “Estos relevamientos territoriales en pueblos originarios se hacen en el contexto de la Ley 26.160 que establece y ordena al INAI hacer un relevamiento territorial, que es una constatación de dónde están asentados los pueblos y tiene que cumplir con ciertos requisitos que pide la ley que es una ocupación que tienen esos pueblos de tradicional y pública. A través de GPS establecemos los límites y se demarcan las comunidades, se vuelca en los planos y mapas, eso toma la provincia y con la conformidad del pueblo se hace el dictamen de que se constató que ahí están. Es un acta de constatación no es un título de propiedad. Después vendrá, a futuro, cuando salga la ley de comunidad comunitaria, también se analizará si las tierras son públicas o privadas”.

Fuente: Página 12


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