Bolivia abrirá el 25 por ciento del país a la exploración minera y de hidrocarburos

En el marco de la reunión del G77 + China realizado en Santa Cruz, Bolivia, una investigación del Centro de Estudios Jurídicos e Investigación Social (CEJIS) advirtió que con la nueva legislación minera se abrirá casi el 25 por ciento del país a las operaciones mineras extensas sobre los territorios indígenas en la Amazonía.

“Esta legislación, además de violar el derecho internacional, coloca claramente los intereses mineros en Bolivia por encima de los de cualquier otro sector de la sociedad”, dijo Hernán Ávila, director de CEJIS, una organización boliviana de investigación socioambiental.

“Esto no sólo significa la destrucción de los bosques en una de las diez naciones con mayor biodiversidad del mundo. También significa la pérdida de agua potable y de las actividades de los pequeños agricultores que suministran la mayor parte de la alimentación de nuestro pueblo” indicó.

En Bolivia, la nueva ley minera le da al gobierno el derecho de decidir quién representa a los pueblos indígenas, y dónde la consulta se llevará a cabo. Y si hay un desacuerdo sobre si se debe aprobar un proyecto o no, el gobierno puede intervenir y emitir el voto decisivo .

El nuevo estudio de Bolivia señala que el 30 por ciento de los parques nacionales del país y las áreas protegidas estarán abiertas al desarrollo y exploración de hidrocarburos, poniendo en riesgo a las comunidades indigenas que habitan en estas áreas.

Las advertencias se presentaron en un evento paralelo que reunió a líderes indígenas de la región amazónica de Bolivia y de otras ocho naciones para llamar la atención sobre la apropiación de los territorios y el impacto en los bosques por la extracción de gas, petróleo, agrocombustibles, aceite de palma, soya, energía hidroeléctrica y minerales.

Por su parte, los líderes emitieron una declaración para llamar la atención sobre el uso de los medios legales que los convierten en criminales por protestar contra las inversiones “que amenazan nuestros bosques, nuestra forma de vida, y el futuro del planeta.”

“Nunca hemos estado antes bajo tanta presión. Lo que está ocurriendo en Bolivia está sucediendo en cada uno de los nueve países de la Amazonía” dijo Edwin Vásquez, presidente de la Coordinadora Indígena de la Cuenca Amazónica (COICA), la organización que representa a todos los grupos indígenas de la región.

Frágiles salvaguardas del BNDES

Entre los temas realzados por los representantes indígenas destacan los megaproyectos por un valor de $ 130 mil millones de dólares, gran parte de los cuales se invertirán en carreteras, hidroeléctricas, aeropuertos, puertos de aguas profundas y de telecomunicaciones.

La mayoría de las inversiones proceden del Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social de Brasil (BNDES) que a diferencia del Banco Mundial, tiene salvaguardas frágiles para dar seguridad y respetar los derechos de las poblaciones locales .

Uno de los primeros proyectos en Bolivia fue una carretera de 310 kilómetros que pretendía atravesar la reserva Reserva Territorial Parque Nacional Isibora Sécure (TIPNIS) y que terminó en un desastre político para el gobierno luego que las comunidades indígenas locales lo enfrentaran con movilizaciones.

“La nueva ley minera hará que este tipo de protesta sea ilegal”, manifestó Adolfo Chávez, presidente de la Confederación Nacional de los Pueblos Indígenas de Bolivia (CIDOB).

Chávez señaló que Bolivia está violando su propia Constitución, la que ordena que los pueblos indígenas de Bolivia sean consultados en los asuntos que afectan sus vidas y sus tierras tradicionales.

El gobierno también está con conflicto con el Convenio sobre Pueblos Indígenas núm. 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que el Estado firmó el 11 de diciembre de 1991 y la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas.

Cabe destacar que Bolivia fue el primer país en reconocer la Declaración dentro de su legislación en noviembre de 2007.

Llamado de la COICA

“La sociedad y los gobiernos de los países latino americanos han mostrado a todo el mundo la importancia de los pueblos y naciones indígenas, al desarollo sustentable y a la riqueza cultural de la región al firmar el Convenio 169” dijo Edwin Vásquez de COICA.

“Ahora los gobiernos de nuestros países deben garantizar mantener los avances y no al revés… y demostrar al mundo respeto a los pueblos originarios”.

“A pesar que el BNDES no tiene políticas de salvaguarda, este banco debería seguir la aplicación del Convenio 169 antes de aprobar sus proyectos, ya que tanto el Brasil como los otros países en que estos proyectos son implementados, firmaron la convención” prosiguió.

En Bolivia, ambos instrumentos jurídicos—el nacional y el del 169—otorgan a los pueblos indígenas y tribales el derecho al “consentimiento libre, previo e informado” si una inversión va a tener un impacto en las tierras y medios de subsistencia de los pueblos indigenas, o si ponen en riesgo su existencia como pueblos.

“De los veinte países que han firmado la convención, casi todos están en América Latina”, dijo Vazquez. “Pero los gobiernos están trabajando duro para socavar estas protecciones” prosiguió.

Los dirigentes indígenas señalaron que el secretario de la ONU, Ban Ki-moon, y el presidente Evo Morales, priorizaban el desarrollo sostenible y la batalla contra el cambio climático como principales objetivos del evento G77 + China en Santa Cruz.

“Y sin embargo, muchos de los Jefes de Estado en Santa Cruz hoy están destruyendo activamente los bosques que son fundamentales para la absorción y la prevención de las emisiones que causan el cambio climático”, dijo Vásquez.

“Y ellos nos están impidiendo hacer el trabajo que hemos hecho durante 500 años. La Amazonía es nuestra casa grande, y nosotros somos los únicos que la ven de esa manera, y quienes pueden protegerla para el futuro de la humanidad” concluyó.

Fuente: Servindi